Israel demuele el acceso a servicios básicos de la población Palestina. Mediante un ciclo de apropiaciones y demoliciones el estado israelí, desde su faceta civil tanto como desde la militar sostiene la precariedad de las comunidades palestinas. La ayuda internacional es destruida por habituales secuestros de bienes de improbable restitución.

“Si tenemos agua nos cortan el agua, si tenemos una casa nos dan una orden de demolición, si tenemos paneles solares nos los confiscan”. Esto es lo que nos dijeron algunas de las personas que conocimos cuando reportábamos confiscaciones en el Valle del Jordán, todas ellas realizadas por la Administración Civil Israelí (que de hecho es militar).

La primera confiscación que reportamos fue la de dos paneles solares en la comunidad de Khirbet Tell Al Himma, en el norte de dicha región. Fue a principios de julio de 2017, cuando la temperatura oscila entre los 35° y 45° en el Valle del Jordán. Cuando llegamos al lugar la confiscación ya se había ejecutado, pero todavía estaban allí miembros de la Autoridad Nacional Palestina, de la organización italiana que había donado los paneles solares, GVC, y de la organización israelí B’Tselem (**), quienes estaban hablando con miembros de las familias afectadas. Un total 25 personas, entre ellas ocho menores, habían sido forzadas a vivir sin electricidad indefinidamente.

Ese día conocimos a Abu Rasmi. A diferencia de otras situaciones en las que se ve miembros de la comunidad palestina con enojo, indignación o tristes, pero aún así dando la bienvenida a quien les visite, Abu Rasmi parecía resignado y sin energía para recibir a nadie. Abu Rasmi estaba agotado, harto de las organizaciones que van y vienen mientras la ocupación avanza. Tiempo atrás su casa había sido demolida y su familia había pasado varios días a la intemperie. Ninguna organización los había ayudado a conseguir tiendas de emergencia en forma inmediata.

A mediados de agosto visitamos la comunidad nuevamente. Hacía mucho calor y seguían sin electricidad. Abu Rasmi lucía igual de cansado y tenía miedo, miedo de que la situación empeorara. Todo puede empeorar en la Palestina ocupada.

Muchas de las comunidades que habitan en la región no tienen conexión a la red eléctrica, especialmente aquellas que se encuentran en la zona C de Cisjordania –bajo control militar y civil israelí–. Estas comunidades, desde hace algunos años, acceden a paneles solares donados, tanto por organizaciones no gubernamentales como gubernamentales de países del norte. Dichos paneles suelen ser confiscados por la Administración Civil Israelí bajo el argumento de que les faltan permisos.

Las confiscaciones no se limitan a paneles solares. En otro incidente, también en Khirbet Tell Al Himma, fueron confiscados dos tanques de agua, mangueras y un motor que les permitía sacar agua del pozo para trabajar en el campo.

Khirbet Tell Al Himma, al igual que otras comunidades palestinas en la zona C de Cisjordania, no sólo no tiene acceso a la red eléctrica, sino que tampoco tiene acceso al agua corriente. Por esta razón, quienes allí viven deben adquirir costosos tanques de agua. De acuerdo a Amnistía Internacional, “los israelíes consumen al menos cuatro veces más agua que los palestinos que viven en los Territorios Palestinos Ocupados. El restrictivo suministro de agua a la población palestina por Israel no permite cubrir las necesidades básicas de la población palestina ni supone una distribución justa de los recursos hídricos comunes” (Amnistía Internacional, 2017).

A todo esto se le suman las confiscaciones de herramientas de trabajo, como tractores o camiones. En Ras al Ahmar reportamos la confiscación de dos tractores a una empresa agrícola palestina, y en Tubas la confiscación de un camión. La excusa es siempre la misma: la falta de permisos, los cuales son casi imposibles de obtener.

Sin embargo, las historias de confiscaciones no terminan allí. En Mak-Hul, otra comunidad al norte del Valle del Jordán, la Administración Civil Israelí confiscó los materiales que una familia estaba utilizando para arreglar su tienda. El argumento fue, otra vez, la falta de permiso. En 2013, todas las estructuras de la comunidad habían sido demolidas. Si no se confisca, se demuele. Si no se demuele, se confisca.

De acuerdo a un informe de la Oficina de Representación de la Unión Europea en Cisjordania y la Franja de Gaza, un total de 72 estructuras financiadas por la UE, o sus países miembros, fueron demolidas o incautadas entre enero y agosto de 2017. El costo de dichos materiales asciende a 240.000 euros (Unión Europea, 2017).

Cabe preguntarse cuál es el destino de los bienes confiscados que no son restituidos a quienes los poseían, y el de los fondos que la Administración Civil Israelí exige en concepto de multa para su restitución.

(*) Jessica García fue acompañante ecuménica (voluntaria) en el Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel (PEAPI o EAPPI por sus siglas en inglés) del Consejo Mundial de Iglesias (WCC por sus siglas en inglés). Las opiniones aquí vertidas son responsabilidad absoluta de la autora y no necesariamente representan al EAPPI, al PEAPI Argentina o al WCC. Si se desea publicar la información de este artículo o su distribución por favor contactar antes a peapi.argentina@gmail.com o al EAPPI Communications Officer (communications@eappi.org) para solicitar su autorización.
Para más información ver PEAPI

(**) B’Tselem es una organización de derechos humanos israelí cuyo principal objetivo es poner fin a la ocupación. B’Tselem trabaja en la documentación de violaciones a los derechos humanos perpetuadas por las fuerzas ocupantes. Ver más en su página. 

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