Sobrevivientes de la dictadura, familiares de desaparecidos, representantes de organismos de derechos humanos, dirigentes gremiales, sociales y políticos repudiaron este jueves la postergación del juicio Feced III, en el que iban a ser ventilados los delitos cometidos durante la dictadura por una parte de la patota del Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario. “Es una provocación que a 48 horas del inicio de la audiencias y a diez del 24 de marzo nos suspendan la causa”, denunciaron.

Se trata de la tercera postergación del megajuicio oral y público contra 13 ex policías y un cura que actuaron en el ex centro clandestino de detención y torturas que funcionó en la ochava de Dorrego y San Lorenzo, en lo que fuera el Servicio de Informaciones de la ex Jefatura de Policía.

Foto: Andrés Macera

La audiencia de inicio, que originalmente tenía fecha para el 16 de marzo de 2017, había sido suspendida dos veces y reprogramada para este jueves, pero el martes pasado el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario notificó la postergación de la causa y estalló la bronca. “Cada postergación es otro paso en favor de la impunidad de los asesinos y torturadores”, plantearon desde la radio abierta realizada en la puerta de la Justicia Federal, los organismos de derechos humanos.

Sobre la vereda del tribunal de calle Oroño, testigos, querellantes, sobrevivientes, organismos de derechos humanos y diversos sectores manifestaron su “bronca y dolor”, y denunciaron que “se trata de una nueva trampa con la que los personeros de la impunidad protegen a los criminales de lesa humanidad, responsables de los más aberrantes delitos, como de torturas, asesinatos, robos de bebés y desapariciones”.

Para las organizaciones la nueva suspensión “se inscribe en la avanzada del gobierno nacional, que propone perdón y olvido para los genocidas, al mismo tiempo que impone el mismo modelo económico que destruyó al país durante la dictadura y la década del noventa”.

Foto: Andrés Macera

“Que la postergación de Feced III sea dada a conocer a dos días de su comienzo y a diez del 24 de marzo”, significa “una provocación y una burla inaceptable”, remarcaron desde los micrófonos frente a los tribunales federales.

En la radio abierta, hablaron sobrevivientes del Servicio de Informaciones, representantes de la agrupación Hijos, de la APDH, de Familiares de desaparecidos y de Umanos Casilda, quienes destacaron el hecho de que el cura Eugenio Zitelli esté entre los acusados del proceso.

Entre otros, tomaron la palabra la diputada provincial del SI Alicia Gutiérrez, la secretaria general del gremio de los docentes universitarios (Coad), Laura Ferrer Varela, la directora del Museo de la Memoria Viviana Nardoni –todas testigos y querellantes–; y la titular del sindicato de los maestros provinciales (Amsafé) Sonia Alesso.

En la actividad, se hicieron presentes los concejales y concejalas Marina Magnani, Eduardo Toniolli, Norma López y Roberto Sukerman, y participaron además referentes de distintos gremios de la CGT y la CTA, como la Bancaria, Coad, Amsafé y Sadop, y de diferentes espacios políticos como Iniciativa Popular, Patria Grande, Descamisados, Jhon Williams Cooke, el Frente Social y Popular, La Cámpora, la Corriente de la Militancia, Unidad Ciudadana, Solidaridad e Igualdad, el Partido Justicialista y el Movimiento Evita.

“Esta nueva suspensión se inscribe en la embestida del gobierno nacional, que propone perdón y olvido para los genocidas, al mismo tiempo que impone el mismo modelo económico que destruyó al país durante la dictadura y la década del noventa”, se quejaron los representantes de los organismos de derechos humanos.

Desde Juicio y Castigo denunciaron que estas postergaciones se vienen sucediendo una tras otra, y recordaron que la semana pasada se suspendió el juicio Klotzman, que debía arrancar el miércoles 7 de marzo.

“Decisiones como estas de los jueces federales, que están en concordancia concordancia con la política de avasallamiento de todos los poderes que aplican desde el gobierno nacional –y que tiene a las amnistías encubiertas bajo el otorgamiento de prisiones domiciliarias a los represores condenados como el peor ejemplo–, constituyen una burla para los querellantes, testigos, familiares y la sociedad toda”, remarcaron.

“Ante esta avanzada pro impunidad impulsada por el gobierno nacional, que promueve una amnistía encubierta a los genocidas, y que es acompañada por un Poder Judicial cómplice, seguiremos reclamando en la calle con el pueblo, como aprendimos en estos más de 40 años de lucha”, habían planteado en la convocatoria previa, a través de un comunicado de prensa. “No vamos asistir de brazos cruzados a la destrucción del proceso de memoria, verdad y justicia conquistado por el pueblo argentino”, añadieron desde Juicio y Castigo.

Además, desde los micrófonos se invitó a estar presentes el próximo miércoles a las 9 frente a la Cámara Federal de Rosario (Entre Ríos y Tucumán), para repudiar el intento de reabrir el caso Larrabure, lo cual fue considerado como «parte de la avanzada pro impunidad de los genocidas».

Sobre el juicio

En Feced III, que tiene nueva fecha para el 5 de abril, serán juzgados 14 imputados: Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dougour, Julio Fermoselle, Ramón Telmo Alcides Ibarra, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Marcelo Olazagoitía, José Carlos Antonio Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Rito Vergara, Héctor Gianola, Daniel González y Eugenio Segundo Zitelli. Los primeros 11 nombrados ya fueron juzgados y condenados en juicios orales anteriores. Gianola, González y Zitelli, serán juzgados por primera vez.

Además, se juzgarán los casos correspondientes a 152 víctimas, de los cuales serán analizados por primera vez los que comprenden a 90 víctimas.

Los delitos que constituyen la acusación son privaciones ilegales de la libertad agravadas; tormentos agravados; abusos sexuales agravados –sólo el acusado Marcote y por dos víctimas–; homicidios agravados –sólo los correspondientes a 20 víctimas y no todos los imputados están acusados por esta figura– y asociación ilícita para quienes no fueron juzgados con anterioridad por este delito.

La cantidad de testigos ofrecidos por las partes y admitidos por el tribunal es de 322 –entre quienes se encuentran sobrevivientes, familiares, expertos, entre otros–.

De los imputados que serán juzgados en el proceso, varios tienen prisión domiciliaria y a pesar de la prórroga de la preventiva llegarán al proceso en sus casas.

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