El suicidio del entonces mayor del ejército, Julio Argentino del Valle Larrabure, sirvió para apurar el golpe de estado del 24 de marzo de 1976.
Cuando su cadáver se encontró el sábado 23 de agosto de 1975 en cercanías de la Estación El Gaucho en la ciudad de Rosario, el Ejército y distintos factores de poder manipularon el cuerpo hacia el interior de la fuerza y sobre la sociedad en su conjunto.
Esta es la crónica de la mayor mentira de la historia contemporánea argentina.
El cadáver de Larrabure determinó el ascenso de Jorge Rafael Videla, la asunción de Ramón Genaro Díaz Bessone al frente del Segundo Cuerpo de Ejército, el interinato presidencial de Italo Argentino Luder que terminaría firmando los decretos que pedían el aniquilamiento de la guerrilla y la justificación ideológica de la represión sin límites.
“Larrabure, Argentino del Valle – su muerte”. Así decía el expediente que se había tramitado en el Juzgado Federal Número 1 de Rosario, a cargo del doctor Pedro Alegría Cáceres. Llevaba el número 27.513 y luego se le habían acumulados el 27.522 y 27.526. No hablaba de asesinato.
En agosto de 1979, el entonces coronel José Herman Llera, a cargo del denominado juzgado de instrucción militar número seis, dependiente del Ministerio de Defensa en la Dirección General de Fabricaciones Militares, recibió una notificación desde Rosario.
En aquella carta se informaba que no estaba “agregada la partida de defunción del occiso” y explicaba que la inscripción de la defunción de Larrabure fue ordenada por el juez nacional de primera instancia en lo Criminal y Correccional Federal número 4 de la ciudad de Buenos Aires, doctor René Daffis Niklisonn.
Esa nota es una doble confesión: cuatro años después de encontrado el cuerpo de Larrabure la mismísima burocracia del terrorismo de Estado que había hecho del caso un símbolo y una permanente excusa para secuestrar y torturar opositores políticos y sociales a la dictadura, decía que se trataba de “una muerte” y ni siquiera dudosa y, por otra parte, señalaba que desde el primer momento la reconstrucción política del caso fue llevada adelante desde Capital Federal, a más de trescientos kilómetros de donde fue encontrado el cuerpo del oficial del Ejército Argentino. No hay referencias a ningún asesinato.
La palabra homicidio fue impuesta por los jueces federales de Capital Federal, Ramón Ojeda Febre y el ya mencionado Daflis Niclison, cuando le ordenaron a su par rosarino, Aguirre Stegmann, calificarlo como tal.
Esa invención de la realidad se produjo el 24 de agosto de 1975, a menos de 24 horas de que el cadáver fuera encontrado en un baldío rosarino.
Es un dato relevante: el pronunciamiento de los jueces Febres y Niclison se hace al mismo tiempo que se practicaba la primera autopsia, a las ocho de la mañana.
“La muerte de Argentino del Valle Larrabure fue producida por asfixia por estrangulación”, dice el expediente, y también apuntan que se encontraba en un “buen estado nutricional”.
Larrabure, ¿fue estrangulado o se ahorcó?
El informe de la autopsia no lo dice. No lo aclara.
Sí lo hacen los jueces Febres y Niclison.
Así empezó la historia oficial del supuesto asesinato de Larrabure.
En setiembre de 1975, otro informe elaborado por los médicos forenses Avelino Do Pico y Guillermo Osman Dick, determinó que “no surgen lesiones producidas por el paso de corriente eléctrica”, como ya había salido a decir el Ejército Argentino.
El 27 de setiembre, la justicia federal todavía en democracia, sigue con dudas. Las autopsias no hablan de asesinato.
El Ejército y el gobierno nacional encabezado por la señora María Estela Martínez de Perón, en cambio, multiplicaron la idea de un cobarde homicidio practicado por una célula del Ejército Revolucionario del Pueblo.
En los papeles puede leerse que aquel primer análisis que en tiempo record fue interpretado por los jueces de Buenos Aires, se estaba haciendo a la misma hora que los mencionados magistrados dictaminaban el asesinato, a las ocho de la mañana.
El médico legista de la Policía Federal, doctor Horacio José Marinoni, comenzó el examen del cadáver a esa hora pero con un detalle no menor: no contaba con los medios ni el equipo de ayudantes que llevaron otros profesionales. Marinoni destaca la nutrición de un sujeto normal con respecto a su talla. Y el profesional dice algo más: su primer informe “fue hecho condicionado al resultado de la autopsia forense y de los exámenes complementarios que luego se requirieron, habiendo actuado con escasos elementos para su examen con los antecedentes que se brindaron en ese momento”.
En síntesis, la autopsia practicada en el cuerpo de Larrabure jamás ofreció como conclusión la certeza de un homicidio, al contrario, era un cadáver que presentaba indicios de buena alimentación y buen cuidado sin la menor marca de tortura o golpe alguno.
Larrabure no estaba siendo castigado ni tampoco mal alimentado. No se lo iba a matar. Eso se desprende de las autopsias practicadas el 24 de agosto y confirmadas hasta fines de setiembre de 1975, según precisan las fuentes consultadas para esta investigación. Esto figura en el expediente judicial. Fueron aquellos dos jueces porteños, Febres y Niclison, los que impusieron la teoría del homicidio mucho antes de practicarse el primer examen.
Larrabure no fue asesinado.
El Ejército y la Policía Federal, en complicidad con aquellos magistrados, inventaron la historia oficial del supuesto homicidio.
Sirvió para impulsar el genocidio.
Nada más y nada menos.
* Periodista, escritor y actual diputado provincial del Frente Social y Popular en Santa Fe. Autor de una investigación sobre el caso Larrabure publicada en enero de 2011 en el semanario El Eslabón.
