En medio de las manifestaciones frente a la Cámara Federal de Rosario, donde se trataba el pedido de reapertura del caso Larrabure, grupos pro dictadura hostigaron a una periodista de La Capital. El Sindicato de Prensa de Rosario y las organizaciones de derechos humanos se solidarizaron con la trabajadora de prensa.

El episodio que sufrió la reportera ocurrió este miércoles, en el marco de la audiencia en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en la que se trató el pedido de reapertura del caso coronel Argentino del Valle Larrabure, un ex militar que fue capturado durante un operativo del ERP, que se suicidó durante su cautiverio –según el relato de la organización avalado por las pericias– y por el que ya hubo juicio y condena entre 1975 y 1983.

Los organismos de derechos humanos portaban pancartas de los desaparecidos, banderas de la APDH e Hijos. / Foto: Andrés Macera

En la puerta de la Cámara Federal una veintena de personas que portaban banderas y pancarta prodictadura hostigaron a la fotógrafa Celina Mutti Lovera, de La Capital, quien “sólo estaba tomando imágenes para cumplir su trabajo”, según denunciaron testigos de los organismos de derechos humanos que también se encontraban presentes para realizar un repudio a lo que definieron como un “nuevo intento por reflotar la teoría de los dos demonios”.

«Yo cumplía con mi trabajo y un hombre comenzó a sacarme varias fotos con su celular. Le pedí que no lo hiciera, y respondió que si yo sacaba fotos él también podía hacerlo y que tomaba fotos generales Le dije que yo estaba trabajando y que era periodista de La Capital. Y él a vez me dijo: Cómo sé que sos de La Capital?», contó Mutti Lovera entrevistada en la edición web del Decano de la prensa argentina.

«No me agredieron físicamente, pero sí me intimidaron», añadió la fotógrafa.

Los grupos pro dictadura llevaron banderas en las que llaman «presos políticos» a los represores presos por crímenes de lesa humanidad. / Foto: Andrés Macera

La Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional del Sindicato de Prensa Rosario (SPR) expresó su preocupación y a la vez repudio las intimidaciones de las que fue víctima la reportera gráfica.

“Desde esta Comisión se expresa la gravedad que reviste el hecho de fuerte tono amedrentador, más aún si se tiene en cuenta que provino de un sector que reclama por el freno al proceso de juzgamiento de los genocidas y a quien molesta el trabajo de los y las periodistas destinado a mostrar lo que ocurre”, señaló el SPR.

Presentes en el lugar, medio centenar de personas convocadas por los organismos de derechos humanos hicieron “el aguante” a sus abogados, representados por el ex defensor de la provincia Gabriel Ganón, quien tuvo a su cargo esgrimir los argumentos ante la Cámara sobre “por qué se trata de una aberración jurídica la pretensión de reabrir el caso Larrabure”.

Las organizaciones, además de repudiar los que consideraron un intento de “reflotar la teoría de los dos demonios” y de “frenar el proceso de condenas a los genocidas de la dictadura”, manifestaron su “solidaridad con la trabajadora de prensa de La Capital, hostigada por los grupos prodictadura”.

Foto: Andrés Macera

Sobre el caso Larrabure, los organismos de derechos humanos denunciaron, a través de un comunicado de prensa con el cual convocaron al repudio de este miércoles, que se “pretende reabrir un caso que ya fue juzgado en su momento sin ningún impedimento ni obstáculo, como si fuera un crimen de lesa humanidad, lo constituye una aberración jurídica”, ya que, explicaron, “para que un hecho pueda ser considerado crimen de lesa humanidad debe ser cometido por el Estado o con la aquiescencia de éste, cosa que no ocurrió en este caso”.

“Primero quisieron hacer una audiencia secreta, sin que lo sepa nadie más que los impulsores de esa aberración jurídica, pero ahora que nos enteramos, tendrán que escucharnos desde la puerta, donde haremos un repudio a este intento de reflotar la teoría de los dos demonios”, plantearon a través de un comunicado de prensa, desde el Espacio Juicio y Castigo.

Por el coronel Argentino del Valle Larrabure, quien había sido capturado tras una acción insurgente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), realizada en la Fábrica Militar de Villa María en 1974 –y que se suicidó durante su detención–, hubo un proceso judicial durante 1975 y 1983, con condenas de entre 4 y 15 años de prisión incluidas.

Tras la aparición del cadáver de Larrabure, el Ejército Argentino montó por un lado una operación de prensa en aquellos años con el objetivo de conmover a la opinión pública, y para por otro desatar un serie de secuestros, seguidos de torturas, asesinatos y desapariciones.

“Además de que ya es cosa juzgada, por lo que su reapertura violaría el principio de que no se pueden realizar dos juicios por los mismos hechos, lo que ocurrió con Larrabure es que se suicidó”, afirmaron los organismos de derechos humanos. Y añadieron: “Así lo demostraron las primeras pericias que se realizaron en su momento, antes de que el Ejército montara una pantomima sobre el cadáver de Larrabure, con el objetivo justificar una sanguinaria cacería de militantes populares”.

“Con este caso, lo que pretenden es sentar en el banquillo de los acusados a militantes populares de la década del setenta, y echar por tierra 40 años de jurisprudencia que convirtieron a la argentina en un ejemplo mundial en materia de derechos humanos”, remarcaron en el comunicado.

Foto: Andrés Macera

Este miércoles en la Cámara Federal, las distintas parte del litigio judicial realizaron sus planteos. Ahora el tribunal deberá emitir una resolución para la cual se puede tomar hasta un mes de tiempo.

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