Pretender que la teoría bisatánica se circunscriba a la absurda comparación –y peor, la equiparación jurídica– de los crímenes de lesa humanidad con acciones de las organizaciones guerrilleras, forma parte de una síntesis tal vez necesaria en los albores de la pos dictadura, pero no a más de 35 años del traspaso de la banda presidencial de Reynaldo Benito Bignone a Raúl Alfonsín.

Porque la teoría de los dos demonios no nació de una necesidad exclusivamente militar, y si se aprecia de cerca lo que antes estaba igual de próximo pero parecía muy lejano, los principales beneficiarios fueron los inspiradores, redactores, ejecutores y favorecidos del plan económico que condujo estratégicamente a las juntas militares que gobernaron entre 1976 y 1983.

Es, además de un discurso, un credo internalizado en la vieja corporación castrense que se intenta inocular a las actuales Fuerzas Armadas (FFAA): “Ganamos el combate a la subversión pero perdimos la batalla cultural”.

Es, además de una mentira, una forma de victimización frente al horror de las revelaciones de lo actuado por “el sable sin cabeza”, como le decían al héroe de la Independencia Juan Lavalle cuando puso su espada al servicio de los unitarios.

Conviene recordar que Lavalle fue ejecutado, decapitado, y su cuerpo diseminado en huellas de carretas y un río, mientras sus mandantes, el poder dominante, probritánico, profrancés, antiindependentista, antipatria, al fin, gobernaba ejerciendo el poder.

Las FFAA ejecutaron el horror que conlleva el modelo económico de la oligarquía agroexportadora, asociada y atravesada con y por las corporaciones transnacionales, los grupos empresarios locales, y el dispositivo de medios hegemónicos, a los cuales se los dotó del capital e insumos para que se produjera la expansión a otros negocios que los convirtió en socios.

Nadie los decapitó, pero fueron juzgados los integrantes de esa “espada sin cabeza”, no las mentes brillantes que utilizaron como insumo básico de su plan el exterminio sistemático de personas, la técnica de la desaparición, los asesinatos y torturas. El relato de milicias apátridas, ponebombas y asesinos ideologizados enfrentadas a las FFAA y de seguridad que se excedieron, que mostraron incluso salvajismo, y en el medio una sociedad aquejada por esa “guerra”, en la que esos jerarcas civiles se incluyen, también como víctimas, eludiendo su máxima responsabilidad en ese crimen contra la especie humana, tiene un accionista mayoritario: el núcleo de poder dominante.

Larrabure, Astiz, humo para esconder a Macri

Descabellada pero con pronóstico incierto, la intentona de reabrir el proceso por la muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure –capturado tras una operación insurgente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1974, y quien se suicidó durante su detención–, y la “sugerencia” del Ejecutivo conducido por Mauricio Macri de otorgar prisión domiciliaria o libertad condicional al genocida Alfredo Astiz, ofrecen una inmejorable oportunidad de observar cómo la vieja corporación castrense sigue actuando como idiota útil del poder económico.

La reinstalación de la teoría bisatánica, en ambos casos, cumple la función de dar marco de época –agitando terrores–, a un nuevo plan económico criminal que precisa nuevamente de una sociedad inerme, víctima de dos enormes Belzebúes.

Gobierno vs kirchnerismo; garantistas vs justicieros draconianos de mano bien dura; militares vejados por los zurdos vs “esos zurdos”, todo sirve para licuar el protagonismo en ese programa inmoral de transferencia de ingresos de los sectores más vulnerables a la novedosa oligarquía agro-mediático-financiera.

Se reflotan esos antagonismos, poniendo en vidriera a monstruos consagrados en orgías de sangre, como Astiz o Etchecolatz, a sabiendas de que eso inspira terror a volver al terror, y que los propios protagonistas se encargan de tornar el aire irrespirable.

Pero si en lugar de combatir al Satán bicéfalo que pelea entre sí para penuria de “la gente” sólo recordando las criminales andanzas de esos ángeles del Averno trajésemos al presente algunos dichos más esclarecedores de esos asesinos, tal vez se notara que el humo tapa a quienes le alquilan el Infierno a la gilada.

Decía Astiz a la periodista Gabriela Cerruti en 1998, en una entrevista publicada por la revista Tres Puntos: “Los limpiaron a todos, no había otro remedio”.

Cerruti repregunta:

—¿Qué quiere decir “los limpiaron”?

—Los mataron. ¿Qué iban a hacer? Ya estaba la experiencia del ‘73, que los habían metido presos y después los amnistiaron, y salieron. No se podía correr el mismo riesgo. No había otro camino.

—Salvo el camino de la justicia.

Y Astiz allí se lanza a teorizar: “Imposible. Te voy a decir por qué. Hubo dos razones. La primera, que era imposible probarles nada. No había una prueba contra ninguno. Todavía no se les pudo probar nada. Si el único juicio que avanzó un poco y después de que el juez trabajó como loco fue el juicio contra Mario Eduardo Firmenich. Esa es la diferencia entre el terrorista, el guerrillero y el subversivo. El subversivo no deja huellas, ni pruebas, no se le puede probar nada. Pero había una segunda razón y es que las Juntas fueron cobardes. La verdad es que fueron cobardes, no se bancaron salir a decir que había que fusilarlos a todos. Pero tenían razón. En esa época (Francisco) Franco había puesto en España la pena de muerte para los etarras que mataban civiles. Y estaba el proceso contra dos de ellos, que duró años, hubo movilizaciones en la calle, de todo, hubiera sido una locura tenerlos más tiempo encerrados”.

Así razonaron desde siempre. Así omiten siempre acusar a los verdaderos cobardes que no pusieron la cara para reclamar justicia de paredón: las corporaciones y grupos empresarios, los más grandes grupos económicos mediáticos. Las juntas fueron la espada cagona, asesina pero balbuceante ante los CEOs de entonces, padres de quienes hoy ejercen el poder y/o cogobiernan.

Hay que leer bien esa parrafada, porque no es producto del vigoroso intelecto de Astiz, es un guión que muchos empresarios, obispos, embajadores, servicios de inteligencia extranjeros, fueron elaborando como paraguas discursivo y luego inoculando a sus fedayines cipayos.

En ese sintético y brutal corpus argumental, ¿dónde siquiera se sospecha una presencia de la transnacional Ford, por ejemplo? ¿Dónde se cruza en ese discurso el Grupo Socma, que emergió de los charcos de sangre de la dictadura potenciado y empoderado? ¿Qué de los Mitre, de los Herrera de Noble, Magnetto? ¿Qué de la embajada yabqui, de la CIA, de Morgan Stanley, Citi Corp, Alexander Haig, el Eximbank? Nada.

¿Quién se acuerda de los nombres de los directores gerentes del FMI entre 1976 y 1983? Son sólo dos nombres, pero pocos los llevan en su memoria.

El primero, un holandés, Johannes Witteveen, ocupó ese cargo entre septiembre de 1973 y junio de 1978. O sea, el traspaso de mando se produjo en el mismo mes del mismo año en que en la Argentina se desarrollaba el mundial que el seleccionado local le ganó, precisamente, al de Holanda, aunque poco tuviera que ver cómo pensaban los jugadores del combinado de los Países Bajos y el capo del organismo financiero. La posta la tomó en junio de 1978, como se dijo, el francés Jacques de Larosière, que se quedó hasta febrero de 1987.

Bueno, ambos profundizaron el ciclo-esquema de endeudamiento, refinanciación y reendeudamiento que terminó explotando en diciembre de 2001, y nadie hoy en el supermercado se acordaría de sus nombres y apellidos.

Ni el holandés ni el francés sugirieron que se les niegue uno solo de los miles de millones de dólares que las empresas tomaron como deuda y que luego Domingo Cavallo estatizó.

Fueron cómplices, porque mientras el Estado y las corporaciones –financiadas por todos los argentinos– tomaban deuda para luego fugarla, en las lúgubres mazmorras de la dictadura se torturaba, mataba y desaparecía a mansalva, se hacía parir a mujeres a quienes se les robaban sus hijos, se arrojaban al río y al mar cuerpos vivos y dopados.

Quizás por no haber juzgado a los dueños del Infierno es que se siga hablando de dos de sus habitantes, y que después de haber sido acorralados electoralmente durante 33 años, esos propietarios hayan vuelto al Gobierno, esta vez por medio de las urnas.

Nuevas duplas infernales

En el medio de la ejecución de este nuevo programa económico restaurador de los privilegios “cedidos” por la nueva oligarquía, que además conlleva la misión de forzar un desempate histórico con las fuerzas nacionales y populares y así establecer un modelo inconmovible desde sus cimientos, el núcleo de poder viene ensayando con nuevos binomios demoníacos.

En realidad no inventan algo nuevo, porque los actores que juegan el rol de los satanes más malos siempre lo fueron, pero ahora se los pretende meter presos, sean o no culpables de algo.

El kirchnerismo es el Diavolo preferido, pero no el único, sobre todo porque no genera ni miedo ni nuevos odios, sólo consolida viejos rencores.

Como finalmente uno de los objetivos del régimen gobernante –de Cambiemos– es el vaciamiento del Estado, uno de los demonios es “la corrupción”, y en ese rubro se incluyen al movimiento obrero organizado –”Los gremialistas”–, “La Política” –“Los políticos”–, los empresarios amigos del poder (K), y “La Justicia”, en realidad aquellos jueces y fiscales que el macrismo considera un escollo para sus negocios.

El miércoles pasado, Clarín publicó el artículo titulado “Una encuesta midió a Hugo Moyano y Roberto Baradel: ¿a quién le fue peor?”. Es hasta esperable que el miembro empresarial mediático de la nueva oligarquía sea el que visibiliza algunas preocupaciones del régimen macrista, y en esta nota es evidente que a Macri y a María Eugenia Vidal los vienen golpeando más desde el sector de los trabajadores que desde “La Política”.

Héctor Magnetto es previsible, y sus generales también, pero eso no les importa a sus socios financieros y agroexportadores. Por ahora perciben que –como hace 40 años, en 1978– Mundial mata realidad.

En la nota de la encuesta, el señor que escribe, Eduardo Paladini, dice: “Son dos de los personajes del mundo sindical con más metraje en los medios. No sólo por las noticias gremiales que generan. También supieron ganar espacio, a veces contra voluntad, por denuncias judiciales o movimientos políticos”.

Más abajo, agrega que el relevamiento lo realizó el “Grupo de Opinión Pública”, el  cual “suele ser de consulta del Gobierno nacional”. No lo confiesa, pero Macri y sus generales mandaron a medir a Moyano y Baradel, en parte porque la brutal campaña en su contra montada por el régimen no horadó lo suficiente la imagen de ambos y su capacidad de daño se mide en la caída de la imagen de Macri y Vidal en los últimos meses.

Pero donde se nota la demonización remozada es cuando subtitula “Peor que los políticos”, para indicar que la encuesta les da peor que, incluso, a Macri, a CFK, a Vidal o a Massa.

A Moyano se lo describe como el “ex jefe de la CGT, que ahora volvió a acercarse al kirchnerismo, mientras culpa a sus ex aliados del macrismo de agitar los peores fantasmas judiciales”.

A Baradel, como “famoso por sus peleas con la gobernación bonaerense –primero con Daniel Scioli y ahora con María Eugenia Vidal–…”. Atacan y preservan.

No es necesario caer en la trampa de cuánto mide cada uno para esa “consultora”, porque se trata de una operación tendiente a que la “sociedad que está en el medio” de esa puja entre satanes se incline por el diablo más simpático. Hace 42 años, era difícil elegir como belzebúes con onda a Jorge Videla, Roberto Viola o Leopoldo Galtieri. Hoy, se puede optar entre “ojos de cielo” y la dupla Moyano-Baradel.

Si se quiere reclasificar al núcleo de poder dominante, si se quiere redefinir a la oligarquía en la Argentina, es posible pensarla como un parasitario complejo agro-mediático-financiero.

Para eso también es necesario desterrar dos asertos de la crítica nac&pop:

  • Es falso que el macrismo no cumpla sus promesas.
  • Es falso que el régimen no cuente con un plan.

En la edición Nº 333 de este semanario, publicada el Día de Reyes de este año, en esta columna se reprodujeron algunas palabras de Macri publicadas por La Nación el 28 de septiembre de 2017 bajo el título “En su ofensiva contra las «mafias», Macri criticó a dos empresarios portuarios del comercio exterior”. Lo más importante es que el mandatario prometió: “Queda mucho por hacer, sobre todo con la Aduana y con el Senasa, son organizaciones en las que tenemos que ir avanzando en que faciliten, que no nos traben”. En este semanario, el autor se preguntaba: “¿Facilitar qué? ¿Trabar qué cosa?”.
Macri hace poco asistió y presidió la inauguración de Expoagro, tal vez el símbolo más tenebroso de la nueva oligarquía, porque reúne al complejo agroexportador, a los medios y a los bancos, cuyos stands explotan de promotoras, visitas “ilustres” y mucho dirigente político.

Las medidas anunciadas en la muestra sepultan la tesis de gobierno de vagos, inconsistentes con sus promesas y sin brújula. Según La Nación del 17 de marzo pasado, el mandatario anunció la “eliminación de la categoría de «productor» del Registro de Operadores de Granos, la unificación del registro de semillas en una sola declaración anual y la eliminación del registro de tierras rurales, entre otros”.

Cumpliendo aquella promesa de 2017, Macri eleva hasta casi el 100 por ciento las chances de ennegrecer la producción agropecuaria, sacándola del radar tributario, eludiendo controles de aduana y del Senasa, al que se lo vació primero de recursos humanos y luego su capacidad regulatoria y de control. Hay plan.

El rey de los pooles de soja, Gustavo Grobocopatel, en una entrevista realizada en Radio del Plata, sostuvo: “Mi dinero no va a resolver los problemas de la Argentina… todavía falta mucho para que estén las condiciones para invertir en este país, no voy a traer el dinero para perder”. Pero acto seguido le preguntaron cómo ve que los empresarios del campo reclamen ayuda financiera del Estado por la sequía. El dueño de Los Grobo respondió, terminante: “Eso me parece bien”. Como reflexionó en las redes sociales el dirigente de la izquierda nacional Julio Fernández Baraibar, “en estas dos respuestas se encierra el drama argentino”.

Hace 42 años, el programa de desmantelamiento del Estado peronista requirió, entre otros instrumentos, de una Ley de Entidades Financieras que, con modificaciones, aún está vigente. Las desregulaciones, la apertura que destrozó la industria nacional, el endeudamiento, ya no le alcanzan a un núcleo de poder dominante más angurriento que aquel, más sofisticado, y más adicto al resultado financiero que sus antecesores. Cuatro décadas de rentabilidad parasitaria o financiada por el Estado genera cuadros de dependencia crónicos.

Puntos de fuga

Visibilizando otro de los dolores de cabeza del Gobierno, Clarín publicó el pasado lunes una nota titulada: “Tensión entre el Gobierno y la Justicia: el llamado de Lorenzetti que enojó a Macri”, firmada por Claudio Jacquelin, y cuyo primer párrafo describe cómo quedó todo después de que La Corte le torció el brazo al macrismo descartando el tribunal especial que habían dibujado para que juzgue a Cristina Fernández de Kirchner y del fallo de la Cámara Federal que excarceló al empresario Cristóbal López: “Las buenas intenciones no alcanzaron. Los gestos que desplegó el titular de la Corte para evitar el impacto negativo en el Gobierno de decisiones del Tribunal al final tuvieron el efecto contrario. Mauricio Macri está hoy mucho más molesto con Ricardo Lorenzetti y la mayoría de los miembros del tribunal que antes. Lo mismo que con buena parte del Poder Judicial”.

Así de corta. Sin contar con que Ricardo Roa reveló que el Gobierno mandó a apretar al camarista Jorge Ballestero para que no votara la excarcelación mencionada antes nada menos que por intermedio del jefe de los espías oficiales Gustavo Arribas, acorralado por cobrar coimas.

Parece que Lorenzetti, antes de la acordada de la corte, llamó a Macri, pero… “«No le contó todo y lo que no le contó era demasiado importante. Cuando Macri vio el texto de la acordada y se le explicó (sic) las consecuencias menos visibles pero más relevantes se sintió defraudado», contó uno de los hombres que más confianza tiene con el Presidente y uno de los que sigue los temas jurídicos desde la Casa Rosada”, da por sentado Clarín, que sabe cuándo usar y cuándo no el condicional.

Un día después, Carlos Pagni, desde la Nación, presumió de conocer “las fuerzas ocultas detrás del fallo a favor de Cristóbal López”, y desarrolló una ingenua descripción: “Los jueces federales de Comodoro Py, que han sido tan laxos para considerar la corrupción desde el menemismo hacia adelante, y muy marcadamente en el kirchnerismo, viendo que uno se dio cuenta de que eran parte del problema, y que la opinión pública miraba hacia ellos comenzaron a hacer algo que es una especie de sobreactuación poniendo gente presa casi porque sí”.

El régimen macrista va por todo. No quiere Congreso que lo frene, controle, o siquiera interpele. No quiere otros jueces y fiscales que los propios. No quiere gremios dìscolos. No quiere oposiciòn real. No quiere una legalidad que deba transgredir como hasta ahora. Quiere una nueva legalidad, que le permita a la nueva oligarquía, como antaño, llevarse la renta nacional sin tener que pisar los estrados judiciales. Bueno, ese plan, todavía está en desarrollo, aún se está a tiempo para desarticularlo.

Y a 42 años del maldito golpe del 76, con más vigencia que nunca, la consigna debe ser que si algo molesta al núcleo de poder dominante es la presencia del Pueblo en las calles. Allí, en esa cancha, la oligarquía casi siempre perdió el clásico. Éste 24 de marzo las calles deberán estar atiborradas de Pueblo.

Fuente: El Eslabón

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