Con una radio abierta frente a los Tribunales Federales de Rosario y luego de tres postergaciones, se inició este jueves el tercer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en el ex Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe.
El proceso contra represores de la dictadura conocido como Feced III, finalmente comenzó sin la presencia del cura Eugenio Zitelli, imputado que falleció la semana pasada.
Desde las 9.30, organizaciones de derecho humanos, sociales, sindicales y políticas, nucleadas en el Espacio Juicio y Castigo, realizaron una radio abierta para acompañar a los testigos y querellantes. “Teníamos que estar acá más que nunca, hoy que los personeros de la impunidad vuelven a la carga con amenazas e intimidaciones”, plantearon desde los micrófonos.
“A pesar de las demoras y obstáculos que nos han puesto en esta causa, estamos en las puertas de tribunal para decir que no hay amenazas ni intimidación que eviten que sigamos exigiendo el juicio y castigo para los genocidas vendepatria”, señalaron desde el Espacio Juicio y Castigo Rosario.
En la radio abierta, las organizaciones recordaron que “este juicio debió haber comenzado el año pasado y sufrió tres postergaciones que le permitieron al cura Eugenio Zitelli, quien bendecía las torturas en el Servicio de Informaciones, extender su impunidad hasta el último de sus días”.
Tras la muerte de Zitelli, los represores sentados en el banquillo de los acusados serán 13: Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dougour, Julio Fermoselle, Ramón Telmo Alcides Ibarra, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Marcelo Olazagoitía, José Carlos Antonio Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Rito Vergara, Héctor Gianola y Daniel González.
Dentro de la audiencia, se comenzaron a leer las razones por las cuales se lleva adelante el proceso, los “requerimientos de elevación a juicio”.
En Feced III se juzga a 13 imputados por los casos correspondientes a 152 víctimas que estuvieron cautivas en el ex Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe, el mayor centro clandestino de detención y tormentos de los que funcionaron en la provincia de Santa Fe.
En la audiencia, estuvieron presentes sólo 10 de los 13 imputados, ya que Lofiego la siguió desde su lugar de detención, el penal de Ezeiza, mientras que Ibarra se ausentó por estar recuperándose de una operación.
Los delitos que constituyen la acusación son: privaciones ilegales de la libertad agravadas; tormentos agravados; abusos sexuales agravados –sólo el acusado es Marcote y por dos víctimas–; homicidios agravados –sólo los correspondientes a 20 víctimas y no todos los imputados están acusados por esta figura– y asociación ilícita para quienes no fueron juzgados con anterioridad por este delito.
La cantidad de testigos ofrecidos por las partes y admitidos por el Tribunal es de 322 –entre quienes se encuentran sobrevivientes, familiares, expertos, entre otros–.
