A fines de enero en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) el gobierno nacional despedía a 254 de sus empleados. La tragedia que significa la pérdida del trabajo para estas familias generó una gran reacción institucional e hizo pública una serie de cuestiones que hasta ese momento se reducía al ámbito de expertos o de actores directamente interesados: qué es el Inti, para qué sirve, qué busca el gobierno nacional con estas medidas y qué nos queda por hacer a los que nos oponemos a estas.
El Inti
El Inti nace hacia finales de la década de 1950 con la misión de asistir tecnológicamente a la industria nacional para que cumpliera estándares aceptables en materia de productividad y calidad que exigía un modelo productivo sustitutivo de importaciones basado en el impulso de las grandes inversiones (estatales y extranjeras). En etapas sucesivas, marchas y contramarchas, auges y crisis, el Inti fue generando y consolidando una vasta red de servicios tecnológicos orientados a la asistencia técnica (ensayos, calibraciones y consultorías), la transferencia de conocimientos, la evaluación de productos y procesos industriales y la investigación y el desarrollo.
¿Para qué sirve el Inti?
En simultáneo con el crecimiento y diversificación de algunas de sus capacidades tecnológicas el Inti fue asumiendo papeles que iban más allá de la prestación “a demanda” de servicios de laboratorio. Por un lado, se fue ampliando su rol promotor de desarrollo e innovación industrial y con ello se fueron generando áreas, programas y centros focalizados a la resolución de problemáticas de sectores o cadenas industriales (como madera, lácteos, agro alimentos, etc.), de desarrollo local y regional (el Inti tiene presencia en todas la provincias a través de sus centros multipropósitos y sus unidades de extensión) y de necesidades industriales que requieren un abordaje tecnológico transversal (gestión industrial, energía, ambiente, etc.).
Por otro lado, también es destacable la presencia del Inti en el sistema nacional de la calidad como uno de los agentes públicos más importantes en la proposición e implementación de normas industriales. Un ejemplo de ello es el reconocimiento y designación del Inti como el Instituto Nacional de Metrología (el encargado de custodiar los patrones y los sistemas de medida) y la función de agente certificador de diferentes procesos, productos, conjuntos y partes de acuerdo a normas nacionales o internacionales (desde la seguridad y eficiencia eléctrica e inocuidad en pinturas hasta certificador de la confiabilidad de los instrumentos de medición para diferentes usos).
Por último, y como consecuencia de los procesos anteriores, el Inti fue asumiendo un papel destacado como soporte técnico de otras áreas del Estado (a nivel nacional, provincial o local) tanto en sus acciones de promoción como de regulación de la actividad industrial y económica. Los ejemplos más conocidos, entre otros, son el control de los sistemas de pesaje en los puertos, la verificación de la importación de bienes de capital (transitorios o permanentes) o la evaluación del nivel de integración de componentes de origen nacional exigidos por el Estado en diferentes manufacturas para la recepción de beneficios impositivos o crediticios (autos, maquinaria agrícola, etc.).
De lo dicho se desprende que el Inti, como instituto público de generación y transferencia de tecnología tiene mayor potencialidad como instrumento en una política de desarrollo que al menos tuviese, entre otras, dos premisas. En primer lugar, la búsqueda de soberanía tecnológica. Un Inti grande tiene sentido en tanto y en cuanto adquiera y ejerza la potestad no solo de liderar procesos de difusión de conocimientos sino, y sobre todo, de direccionarlos para que nuestros tejidos industriales (en todos sus eslabones, no solo los más competitivos) absorban tecnología para ser más productivos y adquieran la capacidad de generarla para ser más innovadores. Bajo esta premisa es que se constituyeron la mayoría los principales institutos tecnológicos de los países desarrollados.
Una segunda premisa es la búsqueda de inclusión y participación social a través de la tecnología. En un mundo en que la tecnología se extiende y se hace, a la vez, más esotérica, un instituto público debe propiciar y extender la participación democrática en la decodificación, producción, aplicación y difusión del conocimiento más allá de los actores del complejo científico y tecnológico o económico e industrial como obreros, consumidores, comunidades. Y al respecto el Inti también tiene antecedentes (menos conocidos) como la red de auto abastecimiento comunitario (para la producción de alimentos) o los informes de desempeño de productos de consumo masivo (para los consumidores cuenten con información adicional a la suministrada por el fabricante o proveedor).
¿Qué puede pasar en el Inti?
Los recientes despidos en el Inti forman parte de un combo mediante el cual el gobierno nacional busca, por un lado, resultados de “gestión” interna (como es el disciplinamiento laboral). Pero hay otros resultados de “gestión” externa que muchos de los actores sociales (entre ellos los políticos opositores) no alcanzan a dimensionar y que, de alguna manera, implican no solo un achicamiento sino también un fuerte retroceso en los avances que ha tenido el Inti a lo largo de sus 60 años de historia.
En el relato neoliberal la palabra “desarrollo” no solo aparece poco y nada sino que también está sesgada a las decisiones de actores microeconómicos. Se ha cambiado por la consigna de “crecimiento”, que implica una mirada de la tecnología como algo que incide pero que es exógeno a la actividad económica y social (como un producto en una estantería) y, por ende, la pericia de los agentes reside en tomarla o adquirirla en función de su potencial de rentabilidad y uso inmediato, independientemente de su procedencia y su contenido. Y en este plano ¿qué sentido tiene un instituto público que direccione y genere tecnologías (soberanía) en un país altamente dependiente? Ninguno, o en el mejor de los casos, escaso. Esto ya ha pasado en el Inti en los años noventa, en los cuales el papel de muchos de sus laboratorios se redujo a la prestación de servicios rutinarios y pocos calificados, como un proveedor técnico de bajo coste privado y alto coste público para un puñado de grandes empresas.
Las últimas decisiones administrativas de las autoridades institucionales y gubernamentales confirman este discurso. En lo que respecta plano institucional nos acabamos de enterar, por ejemplo, que el Inti cedió a una sola empresa los futuros desarrollos de micro y nano tecnología hipotecando por 20 años los recursos tecnológicos públicos y perdiendo todo control sobre ellos. Por otro lado, en el plano de las decisiones macro estatales, con el Decreto 960/2017 (denominado de “simplificación del sistema métrico legal”) se pone en serio riesgo la participación del Inti en todos los eslabones de los controles de medida lo que generará un manto de sospecha sobre la rigurosidad de los controles metrológicos de las transacciones comerciales (condición básica de un país “normal) como así también sobre el de varios de los sistemas de medida aplicados a la salud, la seguridad vial, el ambiente, entre otros. Aspectos que solo pueden ser sostenidos en cualquier sociedad por un instituto público.
¿Qué hacer?
Estas decisiones son solo dos de una larga lista que, entre otras, incluye: la liquidación de activos intangibles como desarrollos y sistemas generados, la reducción de sus capacidades técnicas y humanas a prestar de servicios onerosos de consultoría, etc. Decisiones que implican no solo una devaluación pública y cognoscitiva del Inti sino que también la dilapidación de un instrumento valiosísimo para direccionar, controlar y usufructuar la difusión, adquisición y generación de tecnología hacia fines públicos, democráticos y soberanos.
Obviamente, como intentamos decir, no puede esperarse otro resultado desde de la política estatal económica y tecnológica actual. Lo que sí, desde los que nos oponemos a este nuevo estado de situación (trabajadores, tecnólogos, científicos, políticos, organizaciones sociales) podemos generar una serie de barreras, cuya condición exige, al menos, un cambio de mirada.
En primer lugar, implica no caer en los trucos que los discursos neoliberales o tecnocráticos nos proponen en reducir el eje de la discusión a un asunto de partidas presupuestarias. Es posible, como ha sucedido en otras etapas oligárquico conservadoras, que alguna migaja del endeudamiento externo derive en algún costoso equipamiento o laboratorio de última generación. Nadie duda de la importancia de las últimas tecnologías, pero también se sabe que el sentido de los artefactos los dan las redes de actores e intereses en los cuales aquellos se insertan. De hecho un eficiente sistema de ensayos de materiales, en un esquema privatizador podrá servir para mejorar la eficiencia o crecimiento de una industria, pero no implica necesaria ni automáticamente el desarrollo de toda una cadena o sector y menos aún de la comunidad.
En segundo lugar dejar de pensar la actividad científica y tecnológica como asuntos únicamente de expertos. Como lo demuestran muchos movimientos sociales internacionales y nacionales (como el caso de los agroquímicos) la participación de otros actores comunitarios con racionalidades e intereses diferentes a los de la “rentabilidad” no solo pueden detener los efectos indeseados de algunas tecnologías sino que también pueden colaborar en la concepción de nuevas y mejores. Mientras que el Inti tenga vida tendrá un quantum de autonomía que podrá orientarse (y de hecho en algunos casos se hace) para generar nuevas soluciones validadas con más participación social (nuevos “para qué sirve”). De hecho, por aplicar esta lógica, en Europa, por ejemplo, hoy son posibles nuevos sistemas de generación y distribución de energía.
Por último, dejar de pensar al desarrollo científico y tecnológico como una secuencia lineal. Esta es una verdad tramposa que supone que los países subdesarrollados solo deben resignarse a ocupar un rol subordinado en la división del trabajo de la “gran ciencia” o a adquirir, como “prágmatica medida de eficiencia”, tecnología desarrollada en otros contextos para volcarla a los sectores productivos con capacidades innatas para aprovecharla. De hecho, por haber desechado esta lógica, hoy Corea produce autos, Finlandia celulares y Argentina medicina nuclear.
* Ex director de Inti Rosario
