El aborto: política y clases sociales

En estos días, el Congreso argentino se prepara para debatir sobre la despenalización del aborto en base a un proyecto presentado por legisladoras de diversos partidos políticos. En la actualidad, el aborto solo no constituye un delito si el embarazo es producto de una violación o si está en evidente peligro la salud de la madre; en cualquier otro caso, la mujer que realiza una interrupción de su embarazo es una delincuente que la ley debe castigar. De lo que se trata ahora, en función de los proyectos presentados, es de que el aborto no sea punible en ningún caso, siempre que se respete cierto tiempo de la gestación –antes de la semana catorce–; cumplida esta condición es la mujer la que tendría el derecho a decidir la interrupción de su embarazo y a que tal interrupción se realice en condiciones sanitarias semejantes a cualquier práctica efectuada en los hospitales públicos de nuestro país. Si este proyecto se aprueba, entonces, la Argentina pasaría a formar parte de un grupo de países que integran casi todas las naciones de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Uruguay, entre muchos otros, en los que el aborto se realiza a solicitud de la madre sin que medie más requisito que el señalado.

No concebimos que nadie que no se encuentre bajo el influjo de una estructura psíquica perversa pueda mostrarse ‘a favor del aborto’, puesto que es una práctica dolorosa y frecuentemente traumática para las mujeres que deciden llevarla a cabo. De lo que se trata, claro está, es de decidir si las mujeres que no pueden o no quieren dar a luz deben ser objeto de represalias legales. En cualquier caso, y sea cual sea el resultado legal del debate, todos sabemos que la práctica del aborto se seguirá produciendo, al igual que ocurre desde siempre en todas las comunidades humanas; a los fines prácticos, la cuestión es establecer si tienen derecho a realizar un aborto en condiciones seguras todas las mujeres que así lo deseen o solamente aquellas que pueden pagar por ello.

Quienes pretenden seguir penalizando el aborto tienen un argumento mayor que se centra en la condición del nasciturus, el individuo por nacer. Para ellos, el embrión humano es ya una persona, un ser con los mismos derechos que un niño de la edad que sea. Se trata de una concepción netamente biológica de la vida para la cual en la unión misma del espermatozoide y del óvulo están dadas ya las condiciones esenciales que permiten hablar de una existencia humana. Del otro lado se encuentran quienes creen que la vida de los seres humanos está determinada y tiene su esencia en la vida social y especialmente en la condición de ser deseado, y que sin ese deseo que debe emanar de la madre difícilmente podamos decir que hay en ese embrión vida humana. Decidir en términos objetivos cuál de estas posiciones es la correcta no es posible; allí la ciencia no tiene nada que decir pues se trata de un problema filosófico y ético y en esos campos las respuestas no suelen ser unívocas.

Además de ello el problema puede ser planteado en términos estrictamente políticos. En algunas sociedades el aborto es un acto cuasi obligatorio cuando se cumplen ciertas condiciones: todos conocen las políticas de un sólo hijo llevadas a cabo en China desde hace décadas (y para quien alegue que eso es nada más que un ejemplo baste recordar la India de I. Gandhi, entre otros ejemplos, o el hecho de que la población de China equivale a casi un cuarto de la humanidad). Si esa exigencia luce como extremadamente injusta, lo mismo podría decirse de la obligación que se le impone a una mujer de tener un hijo cuando no quiere o cuando en función de sus condiciones económicas y sociales no puede hacerlo. Es claro que quien mejor conoce su deseo o las posibilidades de que ese niño tenga una vida digna y no esté condenado desde el inicio a una vida de penurias materiales y afectivas es la propia mujer. Entonces ¿es correcto que las autoridades políticas a través de la ley se arroguen el derecho de decidir si continuar o no con un embarazo?

Pero quién está detrás de todo esto es, como todos sabemos, la Iglesia Católica, la institución menos democrática y más dogmática que pudiera imaginarse – aunque comparta estás características con las otras religiones monoteístas que predominan en otros lugares del mundo-. La cosmovisión de los católicos está fundamentada en una serie de verdades absolutas indiscutibles que no pueden coexistir con otras verdades ni con otras opiniones, y si otros pensamientos en Occidente han sido posibles es gracias a los procesos de secularización de la sociedad. No es necesario ser un historiador avezado para saber que en cuanto ha podido la Iglesia se ha opuesto y ha perseguido a quienes osaran disentir con aquella cosmovisión, y que sólo fue gracias a la lucha plurisecular de muchísimos hombres y mujeres que las ideas y la moral del catolicismo hoy no son más las únicas que existen en Occidente. Si fuera por la voluntad de los líderes de la Iglesia las condiciones políticas, espirituales y morales en las que deberíamos vivir serían hoy muy semejantes a las de quinientos años atrás; si fuera por la Iglesia, viviríamos atormentados por el miedo al Infierno, la prohibición de los placeres sexuales y el terror a un Dios que puede condenarnos a su antojo.

Pero aun hoy la Iglesia conserva mucho de su poder; en el caso de la Provincia de Santa Fe – un extremadamente módico ejemplo- es suficiente recordar que hasta hace poquísimo tiempo no se designaba al ministro provincial de la Educación Pública sin al menos el consentimiento del arzobispo, cargo que durante años ejerció Monseñor Storni, reconocido abusador de niños y adolescentes. También es preciso recordar el papel protagónico que la Iglesia ejerció durante la dictadura militar, justificando y bendiciendo las peores atrocidades imaginables; allí, en los centros clandestinos de detención, no había ni sacerdotes ni laicos que vociferaran para ‘defender la vida’. Porque quienes están en contra de despenalizar a las mujeres que deciden realizarse un aborto se presentan a sí mismos de esa manera, como defensores de la vida, aunque es notable que no se preocupan del mismo modo por las vidas de las mujeres que, sin recursos económicos suficientes, se ven obligadas a realizarse abortos en condiciones insalubres que en muchas ocasiones ponen en riesgo mortal su salud.

Es inadmisible que una institución como la Iglesia condicione las políticas de Salud Pública que se lleven a cabo en el gobierno de la sociedad civil. El conocimiento de la actitud de la Iglesia con respecto a la sexualidad nos informa de posiciones mezquinas, violentas y anacrónicas: oponerse y dificultar la implementación de ley de Educación Sexual Integral, oponerse a la distribución y al uso de preservativos, oponerse a la planificación familiar, e insistir en la concepción de que la sexualidad debe vincularse sólo a la procreación. Despenalizar el aborto por razones psicológicas o sociales -razones con respecto a las cuales sólo puede hablar verdaderamente la mujer en cuestión-, sería dar no sólo un paso notable en el proceso de secularización de la vida social sino también en la sustracción de considerables porciones de poder a los sectores más conservadores y autoritarios de la sociedad. Y estos son los motivos más poderosos y más silenciados para justificar su rechazo.

*Investigadores de la Facultad de Psicología de la UNR.