El juez federal de Esquel, Guido Otranto, emprende permanente aperturas de causas penales contra miembros de comunidades mapuches y organizaciones que las acompañan en sus reclamos. Mientras tanto, siguen sin esclarecerse atentados y muertes que incluyen la del propio Santiago Maldonado o la de Rafael Nahuel.

“Hace una semana fui judicializada por participar, el 10 de enero de 2017, en las protestas y solidaridad con la comunidad de Pu Lof Resistencia en Cushamen”, indica Elisa Ose, referente de la comunidad mapuche Kuaytekas, ubicada 30 kilómetros al norte de El Bolsón. Quien emprende permanente aperturas de causas penales contra miembros de comunidades mapuches y organizaciones que las acompañan en sus reclamos, es el juez federal de Esquel, Guido Otranto. Se trata del primer magistrado que investigó la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado (28 años), el 1° de agosto de 2017, cuando unos 300 gendarmes reprimieron a la comunidad Cushamen.

Elisa remarca: “Si estas judicializado, te pueden acusar de participar en alguna protesta y ser detenido, además de no poder salir del país. Y hay muchísimos procesados en estos casos, pero eso no nos lleva a dejar la lucha, se equivocan, y somos más conscientes de nuestra pelea”.

La mujer recuerda que Otranto fue desplazado de la investigación sobre la muerte de Maldonado, tras críticas de organismos de derechos humanos y la familia de Santiago, por no investigar con celeridad a Gendarmería Nacional y dejar de lado valiosas pruebas como las llamadas telefónicas.

Pero, en marzo último, y por seguir como juez federal de Esquel, desde 2013, está cerca de lograr un ascenso, al ser aprobado por el Consejo de la Magistratura para formar la terna de candidatos a ser magistrado de un tribunal oral de General Roca. La decisión caerá en la voluntad del presidente de La Nación y el Senado.

Ese premio al magistrado no se puede deslindar de su accionar al descuidar algunas investigaciones sobre ataques a mapuches y, a la vez, impulsar la judicialización de las víctimas de la represión y persecución emprendida contra quienes son víctimas de los operativos armados de las llamadas fuerzas de seguridad.

La misma Elisa Oses, docente de la escuela que funciona en las Huayteckas, cuestionó que mientras les crean causas, nada se sabe de denuncias de ataques de inversores y funcionarios del municipio ante la recuperación pacífica de territorios ancestrales, como el ocurrido el 17 de enero, cuando la vivienda de Adelina Valle, abuela de la comunidad, sufrió un “atentado incendiario” que la destruyó por completo.

Las invasiones invasivas

La comunidad, del paraje El Foyel es hostigada por los empresarios Daniel Kritz y Luis Silberberg, empresario turístico. Las denuncias de los mapuches frenaron la edificación de un complejo de cabañas. En esos terrenos los mapuches protegen al milenario bosque cipresal. El conflicto data de 2010 y fue desatado por la codicia de empresarios que enviaron motosierras para talar y quisieron apropiarse de ese territorio ligado a la espiritualidad de la comunidad y sus fuerzas (newen), además de querer utilizar sus aguas. En octubre de 2011, el juez Martín Lozada falló “por razones culturales” a favor de una mapuche denunciada penalmente por cerrar un camino para evitar que talaran un bosque de cipreses considerado sagrado por la comunidad huayteka.

En la misma región, el intendente de El Bolsón, Bruno Polígamo, ya intentó en 2016 ceder tierras del cerro Perito Moreno a una empresa (Laderas) del magnate Joe Lewis, apropiador de lagos y voluntades de funcionarios.

Oses resalta que no es casual esa lucha de la comunidad y el acompañar las recuperaciones de otros hermanos, como la de Cushamen y exigir por la libertad del lonko Facundo Jones Huala. “No cesan los amedrentamientos buscan hacernos atemorizar y dejar esta lucha”. Pero, tras denunciar ese ataque ante la policía rionegrina y la Fiscalía, aún no se informó nada sobre el curso de esa investigación.

Demoras

Así tampoco se conocen avances sobre el caso del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, en un operativo de desalojo desplegado por el  Grupo Albatros de Prefectura Naval, el 25 de noviembre de 2017. Ni hubo novedades por el incendio de un acoplado en una estación de servicios en Esquel, sobre la ruta 259. En esa oportunidad, 8 de marzo último, se indicó que el atentado se lo atribuía el grupo RAM, por medio de volantes en el que pedían la libertad de Facundo Huala.

Pero, hasta el diario La Nación indicó que el intento de sabotaje estuvo falsamente vinculado a Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), ya que el nombre de Huala aparecía mal escrito y la tipología de los dibujos era incorrecta.

Un peritaje

El único movimiento que se produjo en estos días, fue la decisión del juez federal Gustavo Lleral, quien a pedido de la querella, ordenó un peritaje para que investigadores del Inti (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) indaguen si el DNI de Santiago (que apareció en buen estado), estuvo todo el tiempo en el río, hasta que el 17 de octubre apareció muerto el artesano, tras 70 días de haber desaparecido, a raíz del ingreso represivo de los gendarmes al Pu Lof Resistencia en Cushamen.

También pidió el juez que en Chile se tome testimonio al músico Nicasio Luna Arratia, quien estaba con Santiago y lo hermanos mapuches el 1° de agosto, durante la represión. Se trata del músico que estuvo con Santiago y los jóvenes mapuches durante el operativo represivo, cuando Gendarmería irrumpió en un territorio ocupado por integrantes de esa comunidad.

Alas en el aire

La persecución también sigue con los medios comunitarios que no son cómplices del gobierno y los empresarios: el 30 de marzo, la nueva casa de la radio FM Alas, de El  Bolsón, sufrió un incendio que afectó a los tirantes del piso de la nueva construcción, colocados el día anterior. Con una minga, laburo comunitario, el 24 de marzo había puesto los cimientos del nuevo espacio.

Los compañeros de la sureña emisora indicaron que el atentado se suma a la gran cantidad de amenazas telefónicas que recibieron durante el año pasado, entre ellas, el mensaje: “Les vamos a prender fuego esa puta radio putos”, explicaron desde la emisora que salta el cerco de la censura y la manipulación informativa que controlan los medios hegemónicos, socios del gobierno y los grupos económicos. “Este incendio no es un hecho aislado, sino parte de un proceso premeditado que intenta acallar las voces de quienes no tienen representación en los medios hegemónicos. Y es mucho más que eso: las amenazas y este incendio develan el objetivo de disuadir el proyecto político-cultural-comunicacional de Alas”.

El freno al extractivismo

“Al capitalismo extractivista los únicos que podían poner freno era las comunidades originarias. El neoliberalismo maniobra con el Estado, las fuerzas represivas y los medios de comunicación masivos”, indica Fabiana Nahuelquir, antropóloga mapuche que ha trabajado sobre la historia y cultura de la comunidad Vuelta del Río, región de largas disputas territoriales, marcadas por los atropellos y conflictos con terratenientes y autoridades de la zona.

Advierte que “se hizo una especia discusión mediática”. “Es nefasto porque se venían instalando en las agendas política temas con nuestras demandas, que no tenían que ver sólo con los derechos de los pueblos originarios, sino también los modos de desarrollo social de las comunidades”.

En 2003, la comunidad ya había sufrido intentos de desalojos, pero el 20 de septiembre pasado, un grupo de desconocidos entró al territorio, quemaron una casa y maltrataron a habitantes del lugar, supuestamente en búsqueda de datos sobre la desaparición de Santiago.

Al ir al Juzgado de Esquel, y tomarlo pacíficamente, mientras realizaban la renuncia, el Juez Otranto prometió la investigación. Pero, al regresar a su territorio se encontraron con que habían sufrido un nuevo ataque en la comunidad, ubicado unos 100 kilómetros al norte de Esquel, en un territorio sitiado por los latifundios de Benetton y unos del Lof Resistencia Cushamen.

La distorsión y demonización

Sobre la actualidad, y en esa persecución que se vive en la región, Fabiana advierte que tras “quemar una casa, no hubo avance para esclarecer el hecho, no hubo otra respuesta”. Y remarca que “la justicia corre la vara de la demanda de los originarios, han distorsionado los parámetros que teníamos  y nos quieren quitar la capacidad de comprender. Y contra la denostación de la demanda indígena es difícil luchar, impulsan el descrédito sobre las comunidades”, advierte Lorena, también profesora de historia.

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