El Partido de los Trabajadores (PT) ratificó que su candidato a la presidencia para los comicios del 7 de octubre sigue siendo Luiz Inácio Lula da Silva, que desde el sábado 7 de abril se encuentra detenido en Curitiba tras protagonizar una serie de multitudinarios actos en los que el pueblo brasileño ratificó su voluntad de que vuelva a ser presidente.

El PT mantiene a Lula como candidato. “Reiteramos en la comisión ejecutiva del PT que registraremos la candidatura el 15 de agosto. Si no lo hiciéramos el partido perdería en coherencia, perdería en espíritu de lucha, perdería por no ser solidario, perdería políticamente”, señaló la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann.

La postulación del ex mandatario brasileño para los comicios de octubre ocurrirá “bajo cualquier circunstancia”, incluyendo la privación de su libertad, señaló el PT.

“No abandonamos a un inocente, y por ser inocente tiene derecho a ser candidato, además Lula ya no es sólo el candidato del PT, es el candidato de una parte importante del pueblo brasileño que a pesar de la persecución que sufre continúa apoyándolo con índices altísimos de preferencia”, expresaron desde la agrupación política que lidera Lula, que además comunicó que va a instalar provisoriamente la dirección partidaria en Curitiba mientras Lula continúe siendo un “preso político”.

En sintonía con la decisión del PT, el analista Emir Sader argumenta que nadie como Lula expresa, personifica y representa a Brasil. Y que además, en el marco de la embestida de la derecha contra el regreso de una alternativa popular el poder, solo Lula puede reunir a todas las fuerzas necesarias para hacerle frente.

“Hoy Lula se ha vuelto indispensable para Brasil, para su pueblo, para su democracia. No hay futuro positivo para Brasil sin la participación activa, como dirigente, de Lula. La paradoja es que la persona más importante para el presente y el futuro de Brasil fue condenada sin pruebas y encarcelada. Como si se pretendiera que el presente y el futuro de Brasil cupieran en celdas, en prisiones”, señala el autor en su nota “Lula o Lula”, publicada el martes 10 de abril en Página|12, en la que analiza la situación en el marco de la brutal ofensiva de la derecha desde el derrocamiento de la presidenta Dilma Rousseff en agosto de 2016.

Desde ese momento comenzó el deterioro de la democracia en Brasil y se instaló un régimen de excepción, que no brinda las garantías constitucionales a la ciudadanía y que, ante el inminente triunfo de Lula en las elecciones, aumentó su presión en todos los frentes: mediático, judicial, parapolicial y militar. Todas las formas de la violencia estatal al servicio de frenar el regreso de una alternativa no neoliberal al poder.

“Con Lula o con Lula. No tiene sentido pensar en alternativas. Es tan brutal la ofensiva de la derecha, que en dos años depuso una presidenta reelegida por el pueblo y pone preso el líder más grande en la historia del país. Hay que contar con todas las fuerzas para revertir una ofensiva tan gigantesca. Nadie más tiene la capacidad de reunir a todas las fuerzas que se necesita y darle la conducción necesaria para tumbar a este régimen de excepción”, señala Sader.

“Ninguna otra persona tiene esa capacidad de unificar, de movilizar a las amplias capas de la población, de presentar alternativas concretas para Brasil, de recibir los apoyos internacionales necesarios, de dialogar con todos los sectores de la sociedad, de componer un gobierno con la capacidad de retomar el modelo que ha tenido éxito en Brasil. Todos pueden y deben contribuir, pero la conducción de Lula es indispensable”, agrega el analista.

La movilización popular continúa en todo Brasil, a una semana de la presentación de Lula ante la Justicia. En este marco, se erige un campamento permanente a metros del lugar de detención del ex mandatario, el acampe denominado “Lula libre”, que fue blanco de una brutal represión el domingo, cuando los que allí se manifestaban pacíficamente fueron atacados por la policía con gases y balas de goma, dejando un saldo de nueve heridos.

Pero el campamento, símbolo de la resistencia, crece cada día. Todas las mañanas, a las nueve, los manifestantes gritan desde más de cinco cuadras de distancia “Bom Dia Lula” (Buen Día Lula). El ex mandatario comentó a uno de sus abogados que escucha el saludo. El pasado miércoles, además, las muestras de apoyo se extendieron por todo Brasil en el marco de una jornada en defensa de la democracia y por la libertad de Lula.

El campamento se encuentra bajo permanente hostigamiento de la policía y los medios hegemónicos y el Sindicato de Policías Federales pidió a las autoridades trasladar a un cuartel de las Fuerzas Armadas al ex presidente. Argumentaron que de esa manera habría “mayor seguridad sin causar trastornos a la población y empleados de la fuerza”.

Los asesinatos de líderes comunitarios continúan

El “régimen de excepción” que menciona Sader incluye la judicialización y represión sistemática de la protesta social, y el hostigamiento, las amenazas y los asesinatos de militantes y dirigentes comunitarios.

El domingo 8 de abril, horas después del histórico acto de Lula en San Bernardo, los asesinos parapoliciales al servicio de las corporaciones y la restauración conservadora volvieron a matar.

Carlos Alexandre Pereira Maria, colaborador de un concejal que declaró como testigo del homicidio de Marielle Franco, asesinada el mes pasado, apareció muerto dentro de un auto con marcas de tiro en la zona oeste de Río de Janeiro.

Según publicó el diario Extra de Brasil, Pereira Maria, colaborador del concejal Marcelo Siciliano, había declarado la semana pasada como testigo por la muerte de Franco, que murió asesinada a balazos el 14 de marzo.

Franco, militante social feminista que trabajaba en las favelas, era una fuerte opositora a la intervención policial en esos barrios, y a la militarización de la seguridad en Río de Janeiro, medidas impulsadas por el actual presidente Michel Temer.

De acuerdo con informes de testigos, poco antes de disparar contra Pereira Maria uno de los asesinos gritó: “Andá para allá que tenemos que hacerlo callar la boca”.

El asesinato de Pereira Maria se suma al del concejal suplente Paulino Texeira, perpetrado el 20 de marzo, pocos días después del crimen de Franco.

Todos estos asesinatos se produjeron en el estado de Río de Janerio, que fue militarizado por decreto de Temer el 16 de febrero.

Pero pese a este clima de violencia instalado por los poderes fácticos, las corporaciones y las fuerzas de seguridad, el pueblo sigue expresando su voluntad popular en las calles.

La vigilia en el campamento Lula libre sigue sumando gente. Llegan colectivos de todo Brasil y Curitiba se transformó en la capital política de Brasil. En el campamento, un muy amplio espectro de organizaciones políticas y sociales participa de debates, foros y asambleas a 200 metros de la Superintendencia policial donde está detenido Lula.

Lula fue obligado a permanecer en una habitación separada del resto de los internos. Sólo se le permite recibir a familiares una vez por semana y reunirse diariamente con sus abogados. El propio juez Sergio Moro diseñó ese régimen de detención y, fiel a su espíritu de estrella del espectáculo y los medios hegemónicos, sobreactuó su papel y restringió las visitas.

Moro negó al ex presidente la posibilidad de recibir a nueve gobernadores que habían ido a visitarlo. El régimen carcelario autoriza a Lula sólo a tener un televisor en su celda. “No se le concedió ningún otro privilegio, incluyendo privilegios respecto a visitas, y se aplica el régimen de visitas de la cárcel de la Policía Federal”, señaló el comunicado de las autoridades policiales. A Lula sólo se le permite una visita semanal de familiares o amigos, más allá de las de sus abogados, que tienen acceso todos los días laborables.

Apelando a esa normativa el juez Moro le viene negando acceso a simpatizantes y compañeros del partido.

La calle, cada vez más llena de pueblo

Pero más allá de los gestos y las acciones de la Justicia, la respuesta del pueblo está en la calle, y no sólo en el campamento permanente que acompaña a Lula a pocos metros de su lugar de detención en Curitiba.

Este miércoles 11 las protestas se esparcieron por todo Brasil, convocadas por los frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, y encabezadas por la Central Única de Trabajadores (CUT). La consigna “La democracia está en riesgo” fue uno de las más destacadas de la jornada. Se realizaron actos en trece capitales de estado y otros seis municipios.

“Más que nunca la libertad de Lula, quien es considerado preso político, está directamente ligada a la defensa de la democracia frente al crecimiento de medidas jurídicas de excepción y de la violencia política”, señalaron las entidades al librar la convocatoria a la jornada de protesta del miércoles.

“El principal papel del movimiento sindical tiene que ser movilizar a sus bases para proteger a Lula”, dijo el presidente nacional de la CUT, Vagner Freitas. “Nuestros sindicatos tienen que colocar en la agenda del día tanto sus demandas tradicionales de empleo, salario y trabajo, como la defensa irrestricta del ex presidente, porque solo con Lula libre impediremos que los retrocesos sociales y laborales continúen afectando a todos los trabajadores”, agregó.

También se movilizó el Frente Juristas por la Democracia, conformado por juristas, abogados y defensores de los derechos humanos, con la intención de solicitar audiencias con ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) y reclamarles que revean el criterio sobre la inconstitucional prisión en segunda instancia.

Además, el Frente Internacional Brasileños Contra el Golpe realizó movilizaciones en distintas ciudades europeas, que se suman a las ya realizadas en Nueva York, París, Buenos Aires, Berlín, Santiago de Chile, Washington, Bogotá, Oslo, Londres, Ciudad de México y Barcelona.

La jornada de movilización fue convocada para el miércoles 11, porque se preveía que el Supremo Tribunal Federal (STF) comenzaría a discutir dos acciones declaratorias de constitucionalidad que cuestionan el encarcelamiento de personas tras ser condenadas en segunda instancia y sin haber sido agotados todos los recursos, como establece la Carta Magna. El análisis, sin embargo, fue pospuesto por cinco días.

Fuente: El Eslabón.

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