Dos fiscales federales pidieron 15 años de prisión para el ex jefe de Policía santafesino, Hugo Tognoli, por presunta protección y encubrimiento de vendedores de cocaína en el sur provincial. También solicitaron 10 años para un ex jefe regional de Drogas Peligrosas y 15 y 14 años para las cabezas de las bandas narco.

Munido de un cuaderno espiralado de hojas rayadas en el que no para de registrar anotaciones, el ex jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Damián Tognoli, escuchó la pasada semana el pedido de pena solicitado por dos fiscales federales en el juicio oral que se le sigue, junto a otros 26 imputados, por presunta complicidad con bandas narco del sur provincial: 15 años de prisión.

Igual condena que la pedida por los fiscales, Adriana Saccone y Adolfo Villate, para quien consideran el principal beneficiario de la vista gorda de Tognoli: el sindicado narco Carlos Andrés Ascaíni, el Vasco, ex hombre fuerte de ese negocio en Villa Cañás y la zona.

Uno menos, 14 años de reclusión, solicitaron para el otro vendedor de sustancias estupefacientes del caso, Aldo César Orozco, conocido como Totola. Ya condenado por la misma razón y con otras causas motivadas en igual actividad.  

No hubo gesto de asombro ni desaprobación en el rostro de Tognoli al escuchar el pedido de pena planteado leído por el fiscal Villate. Como si lo esperara. No porque se considere culpable, ya que se ha defendido en reiteradas ocasiones de estas acusaciones, con el fundamento inalterable de que se trató de una causa política orquestada por el gobierno nacional de entonces –2012, cuando estalló el escándalo– para perjudicar a la administración provincial, también de aquél momento.

Pero, por su reacción –o, mejor dicho, por la ausencia de ella–, podría conjeturarse que Tognoli aguardaba un pedido de pena alta en su contra. Como corolario, supongamos, de esa misma confabulación que denunció, a pesar del cambio de signo político en la Casa Rosada.

Como sea, Tognoli siguió tomando notas en su cuaderno tamaño A4 a rayas mientras los demás imputados escuchaban los pedidos de pena en su contra y lo consultaban, sabedores del saber técnico acumulado en los últimos años por el comisario, que ya enfrentó dos juicios orales.

El ex jefe de Policía, designado entre finales de la gestión de Hermes Binner y comienzos de la de Antonio Bonfatti, fue condenado en 2015 a seis años de prisión al ser considerado autor penalmente responsable de encubrimiento de un narco santafesino, Daniel El Tuerto Mendoza, quien recibió igual castigo del sistema penal.

A diferencia de Tognoli, Mendoza ya obtuvo la libertad, aunque por medios reñidos con las normas en vigencia: el 9 de septiembre del año pasado dejó la cárcel de Coronda por una salida transitoria, que hasta que se escriben estas líneas se convirtió en perpetua. En febrero pasado se lo declaró en rebeldía y, consecuentemente, un juez de sentencia requirió su captura nacional e internacional. Pero eso es harina de otro costal.

Agravado

Lo cierto es que, en este juicio oral, iniciado en junio del año pasado, los fiscales pidieron 15 años de prisión a Tognoli al acusarlo de tráfico de estupefacientes con fines de comercialización. El máximo de la pena establecido en el inciso c) del artículo quinto de la ley de drogas, cuyo mínimo es de 4 años de reclusión.

El fiscal Villate señaló en su alegato final que existen dos agravantes para esa figura achacada al ex jefe de Policía: la participación de dos o más personas y su condición de funcionario público. Puesto que vestía uniforme policial al momento de los hechos.

Las cuestiones por los que Tognoli y varios de sus consortes de causa son juzgados ocurrieron, justamente, en 2009. Pero se conocieron públicamente tres años después, en octubre de 2012, cuando un diario de tirada nacional llevó a su portada los pormenores del caso. Que, por entonces, no producía avances significativos en el despacho de la –también por entonces– fiscal federal Liliana Bettiolo.

Tras la difusión en los medios de comunicación y luego de un cambio de fiscal –Bettiolo subrogaba en aquel momento la Fiscalía Federal Nº2 de Rosario–, la suerte de Tognoli cambió. Para mal.

Los fiscales sostuvieron en su extenso alegato, que comenzó el lunes y concluyó el jueves último, que se encuentra acreditado en la causa que Tognoli “brindaba protección y cobertura” a presuntos narcos del sur de Santa Fe que operaban en las localidades de Villa Cañás, Firmat y Venado Tuerto.

Además de Tognoli, también están acusados en el juicio oral otros tres policías. El comisario Juan Néstor Fernández, el cabo Carlos Alfredo Quintana y el comisario Oscar Ledesma.

Al primero, que era el jefe de la Brigada Operativa de la ex Drogas Peligrosas en Venado Tuerto cuando pasó lo que más abajo se recordará, los fiscales le pidieron diez años de prisión por considerarlo coautor de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, con los mismos agravantes que a su entonces jefe, el titular de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones, Hugo Tognoli.

Al cabo Quintana, de la comisaría de Villa Cañás, lo acusaron de partícipe secundario del mismo delito, por lo que la pena solicitada fue de tres años de reclusión.

Sólo dos años de condena pidieron Villate y Saccone para el comisario Ledesma, involucrado en el caso por un mensaje de texto donde informaba a la administradora de un cabaret a quién comparar cocaína y a quién pagar por protección, acusado de violación de los deberes de funcionario público.

En el juicio a Tognoli se acumularon otras causas por narcotráfico que involucró a líneas inferiores de las cabezas de las dos bandas más importantes, las presuntamente lideradas por Ascaíni y Orozco.

Para ellos, desde vendedores barriales a “patas de plomo” y acopiadores de drogas de venta prohibida, los fiscales del proceso oral solicitaron penas que van desde los tres a los nueve años de prisión.

Entre los acusados está la pareja de Ascaíni, Carina Leguizamón, quien fue acusada de continuar el negocio de su compañero una vez que este fue detenido. La conducta ilícita aplicable, según los fiscales, es la de partícipe necesario de tráfico de estupefacientes, por lo que le pidieron al tribunal una condena de seis años de reclusión.

Según la fiscal Saccone, Ascaíni y Orozco eran “socios” en el ilegal mercado de la comercialización de drogas, ya que entre ellos intercambiaban charlas sobre cantidades y dinero en una “relación de iguales”.

“Leguizamón mantuvo la relación con Orozco” cuando cayó El Vasco Ascaíni, consideró la acusadora en su alegato final. La mujer fue detenida en 2013 en su domicilio, de donde la Policía secuestró 2,5 kilos de cocaína.

El caso

Al momento de los hechos por los que es juzgado Tognoli era jefe de la Dirección General de Control y Prevención de Adicciones (ex Drogas Peligrosas), y cuando se desató el escándalo llevaba menos de un año como titular de la fuerza de seguridad santafesina.

En aquel momento fue acusado de encubrir, desde su posición funcional, al sindicado narco Ascaíni, de quien sospechaban que se dedicaba a la venta de drogas, menos la fuerza de seguridad. Una llamada que El Vasco realizó a la comisaría de Villa Cañás para que le informaran a quién pertenecían dos automóviles que lo seguían, inició la caída.

El fiscal Villate explicó que la imputación se fundó en una serie de indicios que permiten acusar a Tognoli de participar del negocio narco al no combatir a los organizadores de bandas criminales, como Ascaíni y Orozco.

Aclaró que en el juicio no existe “prueba directa” porque, de acuerdo a la teoría del caso de la Fiscalía, los policías que debían combatir el delito eran quienes estaban involucrados en él.

Entre los hechos puntuales, Tognoli fue acusado por un llamado telefónico realizado por Ascaíni a la comisaría de Villa Cañás para averiguar por dos vehículos que lo seguían.

El policía que lo atendió –el cabo Quintana, acusado en el juicio– utilizó una clave de seguridad de carácter restringido para acceder a la base de datos de la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor.

Y le avisó al presunto narco que los automóviles que lo incordiaban pertenecían a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que entonces seguía los pasos de Ascaíni.

Además, “tras esa comunicación telefónica, un policía partió hacia donde se encontraba Ascaíni para interceptar y pedir identificación a quienes lo seguían, de tal forma de facilitar la evasión”, señalaron los fiscales.

Más tarde, cuando cambiaron las autoridades de Drogas Peligrosas, Ascaíni fue detenido con un kilo de cocaína que, según una prueba de laboratorio, en su mayor parte contenía azúcar.

En el juicio causa también se utilizó un mensaje de texto enviado por el comisario Oscar Ledesma a una mujer que tenía un prostíbulo en la zona al que quería anexar venta de cocaína, según la investigación.

El SMS decía que el presunto vendedor “de Villa Cañás es Ascaíni”, es decir, de la quien la mujer del burdel se podía proveer, y el acuerdo con la policía consistía en “30 mil (pesos) directo con Tognoli”.

También hay conversaciones de Ascaíni en la que se jacta de tener arreglos con la Policía para no ser molestado, y datos de otras causas en las que fueron detenidos competidores del narco por presuntos arreglos con Fernández, subordinado de Tognoli, que estaba a cargo de Drogas Peligrosas en el sur de Santa Fe.

Para Villate, otro indicio concordante con los anteriores es un decreto de mayo de 2012 por el cual el gobierno provincial quitó la Dirección de Control y Prevención de Adicciones de la órbita policial para dejarla bajo la tutela del Ministerio de Seguridad.

“A partir de ahí comenzaron a caer todos los narcos” supuestamente encubiertos por Tognoli, indicaron los fiscales.

El juicio continuará el 23 y 24 de abril cuando sea el turno de los alegatos de las defensas, que al ser varias, se extenderán el 7 y 8 de mayo. Recién después de esa instancia, el tribunal federal establecerá la fecha en la que dictará la sentencia.

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