El empresario Alfredo Coto presentó un escrito ante el juez federal Sebastián Ramos. Dijo que algunas armas halladas en un supermercado suyo eran de fuerzas de seguridad, para evitar saqueos. El informe del secuestro lo desmiente.
La causa se originó luego de que en una inspección realizada en la sucursal Caballito del supermercado Coro de calle Paysandú al 1800, en Buenos Aires por parte de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), ex Registro Nacional de Armas de Fuego (Renar), se encontraron 227 granadas, ubicadas dentro de tachos, 41 proyectiles de gases lacrimógenos, 27 armas de fuego, 2 de lanzamiento, 3886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin numeración, 9 escudos antitumulto, un gas pimienta y hasta un silenciador de armas.
El hallazgo se produjo el 30 de agosto de 2016, hace casi dos años, lo cual indica que la causa marcha a fuego lento.
Coto se presentó este miércoles ante Ramos, que lo había citado a indagatoria, y le entregó un escrito de 36 páginas en las que pidió su sobreseimiento y desvinculación de la causa, pero la versión que el supermercadista sostuvo ante la Justicia no coincidiría con la información aportada previamente por las fuerzas de seguridad en la investigación del caso.
El empresario amigo del presidente Mauricio Macri aseguró que algunas de las armas encontradas en uno de sus supermercados eran de fuerzas de seguridad y habían sido dejadas ahí para evitar saqueos, según informaron fuentes judiciales.
El supermercadista no declaró ni respondió preguntas pero en su presentación sostuvo que no cometió ningún delito y aseguró que tomó conocimiento del tema de las armas a través de un gerente al que pidió que citen como testigo.
Coto tenía autorización para tener armas y además la cadena de supermercados contaba con una licencia como «usuario colectivo» de armas para su propia empresa de seguridad, pero estaba vencida.
Por la licencia vencida desde 2014, Coto sostuvo que hacía tiempo que él había firmado los papeles para actualizarla pero que un gerente de la cadena de supermercados atrasó el trámite.
Sobre las armas sin autorización, el empresario imputado sostuvo que eran de la Policía Federal (PFA), de la Gendarmería Nacional (GNA) y de la Prefectura Naval (PNA), y que las fuerzas de seguridad habían dejado las armas allí desde hacía aproximadamente tres años.
Fuentes judiciales sostuvieron que la información aportada por las fuerzas de seguridad en la investigación preliminar realizada por el fiscal federal Jorge Di Lello no coincidía con la argumentación ofrecida por Coto.
Además resaltaron que en el predio de Coto se encontró, por ejemplo, un lanzagranadas con la numeración limada, algo que no habría poder sido explicado por el empresario.
Este jueves debía presentarse a declarar Germán Coto, hijo del empresario, pero su indagatoria fue postergada para el 9 de mayo porque se encuentra de viaje.
También fueron citados a declarar cuatro funcionarios de la Anmac, e integrantes de la PFA y la PNA, por «incumplimiento de los deberes de funcionario público y suministro de armas».
Los convocados son el director de Fiscalización, Resguardo y Destrucción de Materiales de la ANMaC, Fernando Fumeo; el coordinador de inspección de esa repartición, Juan Kotelchuck; el comisario Carlos López Vazquez, jefe de armamento y munición de la PFA, y el prefecto Cristian González, jefe de armas de infantería, munición y explosivos de agrupación Albatros de la PNA.
La causa se originó tras una denuncia realizada por el fiscal Di Lello luego de recibir una denuncia anónima y realizar una investigación preliminar que le llevó más de medio año y ahora está en manos de la fiscal Paloma Ochoa y el juez Ramos.
De acuerdo con la denuncia, Coto y su hijo Germán tenían en su poder, acopiado en el supermercado un arsenal que incluía armas con pedido de secuestro y algunas cuyo número de serie había sido limado.
El hecho denunciado fue que las armas encontradas excedían largamente las habilitadas para la empresa y que los funcionarios de Anmac hicieron la vista gorda y evitaron hacer la denuncia correspondiente.
Fuente: Télam
