El asesinato de un pesado como Tubi Segovia en la cárcel de Coronda reavivó la discusión entre el gobierno y el Poder Judicial sobre los lugares de detención. El aumento de los homicidios dolosos y las vendettas entre bandas repuso a Rosario en una desagradable vidriera. Avance judicial sobre los Ungaro y los Funes.
El promedio de un homicidio diario en el mes de abril en el departamento Rosario; la suma de 77 víctimas de la violencia letal en lo que va del año en relación a las 50 de igual período de 2017; el crimen de un pesado como Rubén Tubi Segovia en una prisión y la redada en la que cayeron 15 personas sindicadas como miembros de dos bandas del narcomenudeo –conducidas, también, desde la cárcel– reinsertó a la ciudad más poblada de la provincia de Santa Fe en la desagradable vidriera de la matanza relacionada a la comercialización de estupefacientes. Un mote del que la ciudad quiere rehuir y que le calza justo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su lucha contra el narcotráfico con un infructuoso paradigma del siglo pasado. El efecto analgésico de las “condenas ejemplares” del juicio a Los Monos tuvo, por irrupción de la realidad, una fugaz duración.
Cifras y explicaciones
En números generales, que no explican el dolor de las muertes sino que –en ocasiones– lo cubren con la neblina de las estadísticas, Rosario sufrió un crecimiento notable de los homicidios dolosos este año.
En enero la ciudad se tiñó de rojo como consecuencia de las presuntas venganzas entre bandas narco enconadas, que produjeron 16 víctimas en los primeros quince días del mes.
En abril la escalada de asesinatos recrudeció con un homicidio por día hasta contabilizar 77 en lo que va del año, contra 50 de igual período del año pasado. Hasta allí, números. Cifras de una matanza por goteo de víctimas que pueden ser reemplazadas prontamente por la capacidad reproductiva del sistema que las fabrica.
Asesinatos a cuyas víctimas se les aplica el inocuo analgésico del “se matan entre ellos”.
Como el triple crimen de Granadero Baigorria en el que fueron ejecutados Ezequiel David Parásito Fernández; su hermano José Grasita Fernández y Gerardo Abuelo Abregú, todos con antecedentes y el primero ligado a una causa por secuestro extorsivo en la que estuvo implicado el líder de Los Monos, Ariel Guille Cantero.
O como Cristian Javier Reynoso, otro hombre ligado a los Cantero que estuvo citado a declarar en el juicio a la banda, solicitado por la defensa de Los Monos, y asesinado tras una persecución de dos cuadras en las que le dispararon 40 veces.
El crecimiento de los asesinatos motivados por venganzas entre grupos narco-delictivos volvió a obligar a las autoridades a dar respuestas.
El gobernador Miguel Lifschitz comentó que el incremento de la cantidad de homicidios dolosos “es un fenómeno que empezó a finales del año pasado y se sostiene con altibajos en los primeros meses de este año”.
“Nos preocupa, estamos encima del tema. Hace 15 días venimos haciendo reuniones todos los días”, aseguró, para añadir que “acordamos con el Ministerio Público de la Acusación una mayor presión y enfoque sobre un sector de personas que tienen antecedentes, que integran asociaciones ilícitas reconocidas”.
Al igual que el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, Lifschitz conoce el diagnóstico. “(Son) segundas o terceras líneas (de las bandas). Entendemos que son responsables de buena parte de los hechos que fueron ocurriendo. Hay una proporción importante, más de la mitad, vinculados a estos grupos”, detalló en tono analítico.
El mandatario aseguró que “hace falta ajustar el trabajo con la justicia penal y coordinar con la Justicia Federal porque en muchos casos el delito es el narcotráfico”.
No soy yo, sos vos
El crimen de Tubi Segovia, un pistolero vinculado a la familia Camino –que lideró el asesinado jefe de la barrabrava de Newell’s Roberto Pimpi Camino– y acusado con diferentes calificaciones en cuatro hechos de homicidio, desató justamente un nuevo cruce entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
Segovia fue asesinado a puntazos el martes en la celda 27 del pabellón 8 de la cárcel de Coronda. En principio, quienes lo mandaron al otro barrio fueron otros cuatro reclusos del mismo pabellón, que aprovecharon una salida recreativa. Lo amansaron con un cable alrededor del cuello antes de clavarle la chuza de fabricación tumbera en, al menos, cuatro ocasiones. Aún no se determinó si se trató de una pelea entre reos o de un encargo extramuros.
La hermanastra de Segovia, Marcela Díaz, fue asesinada de varios balazos el 14 de enero último. Por ese crimen fue imputado Alan Funes –un joven de 19 años miembro de una familia diezmada vinculada al narcomenudeo– y su novia Jorgelina Selerpe, la Chipi.
A la vez, el padre de Alan, Jorge Gordo Funes, testimonió ante los fiscales que instruyen la causa que investiga una balacera de la que fue víctima el 1º de enero, que Marcela Díaz estaba en el automóvil en el que se movían los que lo tirotearon.
Por ese hecho fue imputado con prisión preventiva Adrián Solís, el Cable, amigo de la infancia de los Segovia. Un uno por uno interminable, si se tiene en cuenta que entre enero y febrero fueron asesinados dos hermanos Funes: Ulises y Jonathan.
Como se dijo, la muerte de Segovia, en una unidad penal del Servicio Penitenciario, reavivó la discusión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
El ministro Pullaro aseguró esta semana que los presos “terminan siendo alojados donde quieren por orden judicial” y se quejó de la falta de colaboración del Poder Judicial de la provincia ya que Tubi Segovia “debía estar en un pabellón de semirresguardo” y no en uno común.
En la misma línea se pronunció el ministro de Justicia santafesino, Ricardo Silberstein, quien consideró que los presos “no pueden elegir” su lugar de detención, porque los distintos miembros de una banda terminan por continuar su accionar delictivo desde la cárcel.
“Es una locura que el imputado elija a qué lugar de detención tiene que ir”, se quejó Silberstein. Y agregó: “Generalmente los integrantes de una organización criminal quieren ir a pabellones donde están alojados los otros miembros de la organización”.
En el caso de Segovia, a mediados de marzo pasado un juez hizo lugar a un habeas corpus interpuesto por su defensa para que lo pasaran de un sector restringido de máxima seguridad a un pabellón común de Coronda. En cuya celda, el martes, encontró la muerte. Y el Servicio Penitenciario, al requisarlo, encontró un teléfono celular.
Tubi, quien peleó por la conducción de la barrabrava de Newell’s hace unos años, estaba acusado de participar como autor, instigador y encubridor en cuatro hechos de homicidio. En dos de ellos, según la acusación fiscal, ordenó muertes desde la cárcel. Es decir que era tan peligroso en libertad con una pistola como preso con un celular.
Un debate similar entre el gobierno y los jueces se produjo por los lugares de detención de los cabecillas de Los Monos durante el juicio oral, que impulsó al ministro Silberstein a decir que Rosario iba camino a convertirse en Colombia, por el histórico caso de la cárcel construida por el propio Pablo Escobar Gaviria del penal donde iba a estar detenido.
La presidenta del Colegio de Jueces Penales, Georgina Depetris, recogió el guante. “Los jueces no tenemos nada que ver con la seguridad, con la posibilidad del ingreso de un arma blanca a un penal, con cómo se debe custodiar ni en cómo se debe hacer una requisa”, refutó.
El mismo día, los Colegios de Jueces Penales de Primera Instancia del Distrito nº 2 Rosario e Interdistrital emitieron un comunicado en el que consignaron que “luego de requerir los antecedentes del caso Segovia, pudo advertir que el traslado del llamado Ariel Segovia se encontraba supeditada su implementación a las condiciones de seguridad que debía evaluar el Servicio Penitenciario”.
Y agregó un palito al gobierno: “En función de ello y ante la inexactitud de las declaraciones de los ministros de Seguridad y Justicia y DDHH, este Colegio invita a las autoridades del Poder Ejecutivo a asumir plenamente sus responsabilidades por la seguridad dentro y fuera de la cárceles y no atribuir sus propias falencias a otro poder del Estado que ejerce sus funciones en el marco de la ley”.
La muerte en una penitenciaría es indudablemente responsabilidad del Servicio Penitenciario. Lo cual no le quita argumento al planteo del gobierno a los jueces sobre las decisiones que adoptan ajustadas a derecho pero, en ocasiones, desconociendo otros elementos de la realidad además de la ley.
Redada
Por la necesidad de dar respuesta a la creciente violencia letal o por mera coincidencia, dos días después del asesinato de Segovia, pistolero vinculado a Alexis Camino (hijo del Pimpi), desde la justicia provincial y federal se ordenaron 40 allanamientos para avanzar sobre la red narco de los Ungaro y su apéndice de los Funes, dos familias del barrio Tablada enfrentadas a los herederos de Pimpi.
Como resultado de la redada judicial quince personas fueron detenidas. Entre ellas, los presuntos cabecillas de ambos grupos que ejecutaban desde afuera las órdenes emanadas desde el interior de los presidios por los supuestos jefes.
Se trata de Daniela Ungaro, hermana de René Ungaro, un joven condenado como autor del asesinato de Pimpi Camino en marzo de 2010. La mujer, que tenía antecedentes y el año pasado había sido detenida con pequeñas cantidades de drogas, fue la pareja de Luis Medina, el empresario narco asesinado de varios balazos en diciembre de 2013 en el acceso sur de Rosario, junto a quien entonces era su novia, la modelo Justina Pérez Castelli.
También cayó el Gordo Funes, padre de los hermanos Alan y Lautaro –detenidos por homicidio el primero y asociación ilícita el segundo en la cárcel de Piñero– y de los asesinados Ulises y Jonathan, ultimados presuntamente en la batalla periódica que mantienen con los Camino-Segovia.
La otra detenida que, de acuerdo a fuentes judiciales, ocupaba un rol protagónico en las bandas es Brisa Amaral, una piba de 18 años que los investigadores señalan como quien ejecutaba en libertad las órdenes que desde Piñero daba Lamparita Funes.
En los 40 allanamientos, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y las Tropas de Operaciones Especiales secuestraron nueve armas, 120 mil pesos en efectivo y droga fraccionada para la venta al menudeo.
Según un vocero de la causa, el jefe de la organización “es René Ungaro, que da las órdenes desde la cárcel” donde cumple la condena por el homicidio de Pimpi Camino.
Por debajo “hay una subdivisión”: por un lado Daniela Ungaro manejaría la venta de estupefacientes de ese grupo familiar, mientras que Amaral haría lo propio con la parte de los Funes. El nexo entre ambos, dijo a el eslabón la fuente consultada, sería Carlos Jesús Fernández, conocido en Tablada por el apodo de Pelo Duro y por sus interminables andanzas desde su infancia. También está detenido en la causa provincial por asociación ilícita en la que están implicados Lamparita Funes y René Ungaro.
Para el Ministerio de Seguridad de la Nación, “sus integrantes se dedicaban fundamentalmente al acopio, distribución y venta de drogas por delivery y también en puntos de venta, que usualmente suelen ser viviendas usurpadas para ese fin”.
El domingo, cuando este semanario ya esté en los kioscos, se conocerán más detalles sobre la acusación que los fiscales provinciales harán sobre alguno de los miembros de la banda, cuando se realice la audiencia imputativa. El juez federal Carlos Vera Barros, por su parte, tiene que tomar declaración indagatoria a los detenidos y, tras ese trámite procesal, tiene diez días para resolver la suerte de los arrestados.
