Tras la conmemoración de un nuevo 1º de mayo, la lucha de los trabajadores pasa por la defensa de derechos y conquistas ante la avanzada de Cambiemos, contra los despidos, la precarización laboral y la caída del salario.
La política económica de Cambiemos, anclada en el viejo neoliberalismo, benefició a pequeños sectores concentrados quienes vieron mejorar su rentabilidad, al tiempo que perjudicó a la gran mayoría de los trabajadores, con destrucción de fuentes de empleo, despidos y caída del poder adquisitivo del salario producto del techo en paritarias, la inflación y los tarifazos. El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma publicó un informe donde se observó que desde que gobierna el macrismo hay mayor desempleo, más empleo precarizado, aumento de la represión a la protesta social, una significativa reducción de convenios colectivos y una sostenida caída del salario real.
“Por primera vez desde la crisis del 2001 se registraron dos años consecutivos de caída salarial (2016-2017) en la comparación punta a punta”, se indicó en el informe difundido a poco de conmemorarse otro 1° de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, fecha que homenajea a los Mártires de Chicago, una histórica huelga de 1886 en Estados Unidos por la jornada laboral de 8 horas, donde trabajadores fueron asesinados tras una brutal represión.
“En diciembre de 2017 el salario real de los asalariados registrados del sector privado se ubicó un 1,6 por ciento por debajo de los niveles del mismo mes del año anterior, situación que replicó el comportamiento de 2016 cuando la caída salarial había sido del 4,3 por ciento”, advirtieron desde la CTA Autónoma sobre una de las reinantes espinas que mortifica a los trabajadores.
En el mismo sentido, el reporte señaló que “en términos generales los acuerdos salariales se ubicaron por debajo de la inflación anual de 2017, situación que podría repetirse en 2018, ya que las negociaciones vienen cerrando en un 15 por ciento pese a que las expectativas inflacionarias relevadas por el Banco Central no bajan del 20 por ciento anual”. Otras estimaciones inflacionarias, incluso, proyectan para todo el año un índice de precios al consumidor del 23 por ciento o 25 por ciento, con lo cual la pérdida de capacidad de compra de los salarios será más pronunciada.
“Cabe interrogarse acerca de las razones que explican este cambio en la dinámica de la conflictividad laboral sectorial ante un escenario que se presenta manifiestamente contrario a las expectativas de los trabajadores, no ya de recuperar el salario real luego de dos años consecutivos de caída, sino de al menos pactar incrementos nominales que no se ubiquen por debajo de la inflación prevista para el año en curso”, se sostuvo en el informe de la central obrera.
Todas las medidas económicas de Cambiemos apuntaron a generar un fuerte deterioro del poder adquisitivo de los salarios, con consecuencias nefastas para el mercado interno. Además de soportar el aumento generalizado de productos de la canasta básica de alimentos, los salarios de los trabajadores sienten el peso del tarifazo en los servicios públicos y el techo que impone el gobierno nacional en las negociaciones paritarias, que hace que los salarios corran detrás de la inflación.
La pretensión del macrismo de cerrar aumentos salariales en el orden del 15 por ciento fue dando resultados. El último gremio grande en sumarse al Club del 15 fue el de Petroleros. Los albañiles de la Uocra, Luz y Fuerza, Obras Sanitarias y los colectiveros de la UTA, entre otros, fueron algunos de los numerosos gremios que sellaron paritarias a la baja, acompañando los deseos del gobierno. Otros sindicatos, en cambio, resisten afiliarse al club y buscan saltar el cerco para no seguir perdiendo poder adquisitivo frente a la acelerada inflacionaria.
Después de concretar una reforma previsional, con una nueva fórmula de aumentos perversa que ajustó las jubilaciones, Cambiemos pretende plasmar una reforma laboral, que aplica de hecho desde que desembarcó en la Casa Rosada, promoviendo la flexibilización al máximo de las relaciones laborales, en otros “cambios”. El polémico acuerdo entre la cadena de supermercados Carrefour y el gremio mercantil, homologado por el Ministerio de Trabajo que comanda Jorge Triaca, con retiros voluntarios (despidos disfrazados), cierre de sucursales, baja de salarios, rebaja de aportes patronales y cláusula de “paz social”, es un claro ejemplo de precarización y quita de derechos con la que el gobierno pretende disciplinar a los trabajadores. Tras la venia oficial, el esquema flexibilizador podría replicarse en otros supermercados y en otros sectores de la economía.
El gremialismo tiene enfrente varios desafíos. “En el sector privado la cantidad de conflictos laborales se redujo un 12,9 por ciento en comparación con un año atrás, situación que se da allí donde el factor disciplinamiento se incrementa: el miedo a perder el puesto de trabajo disuade de iniciar cualquier reclamo. En 2017, tres de cada cuatro conflictos en este ámbito se originaron en un reclamo vinculado a despidos, suspensiones o deudas salariales”, se recordó en el estudio estadístico que divulgó la CTA.
“En el sector público también se destaca el crecimiento de los conflictos vinculados a situaciones de crisis, que se encuentran en los mayores valores relativos desde que comenzamos a realizar este relevamiento en 2011”, señaló el informe. “La respuesta estatal a este cambio en la dinámica de la conflictividad (menos conflictos en los lugares de trabajo, mayor presencia de acciones masivas en la vía pública) incluyó una intensificación de la represión de la protesta social. En particular, durante 2017 se duplicaron las detenciones de manifestantes en el marco de protestas colectivas en comparación con el año anterior”, continuó.
Mientras el movimiento obrero (¿organizado o desorganizado?) debate su estrategia frente a un plan neoliberal que avasalla derechos y conquistas, y se mueve entre ensayos y acciones de resistencia y el siempre presente entreguismo, el gobierno de Macri apela a la destreza política del “divide y reinarás”. En esta línea, el informe de la CTA apuntó: “El cuestionamiento a las instancias colectivas de resistencia a las políticas gubernamentales incluyó también un incremento de las acciones destinadas a deslegitimar o dificultar la acción sindical. Entre ellas se encuentran la intervención de sindicatos, el desconocimiento de sus procesos electorales y la detención y persecución de dirigentes”.
Por último, el análisis de la CTA también reflejó una reducción del 42 por ciento de convenios y acuerdos colectivos homologados por el Ministerio de Trabajo de la Nación en 2017, en comparación al año anterior. El informe concluyó: “Se trata de la menor cantidad de negociaciones colectivas desde el año 2007, principalmente por un desaliento por parte del Ministerio de Trabajo y de los empleadores, favoreciendo una mayor unilateralidad, una resistencia por parte de las organizaciones a negociar en condiciones de mayor debilidad estructural e institucional, y aspectos administrativos en los procesos de homologación. En cualquier caso, la magnitud de la caída da cuenta de transformaciones que, de sostenerse en el tiempo, pueden implicar cambios muy significativos en el sistema de relaciones laborales”.
Fuente: El Eslabón
