El nuevo tarifazo en los servicios públicos dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri generó un fuerte impacto en usuarios de todo el país. Industrias y comercios de Santa Fe recibieron en los últimos días boletas de luz con importantes incrementos derivados de las revisiones tarifarias realizadas a nivel nacional, y también por aumentos propios de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Entre marzo de 2015 y marzo de 2018 la factura eléctrica que tuvo que afrontar una industria de Rosario se incrementó en 461 por ciento, casi cinco veces, según se señaló en un informe de la regional Santa Fe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso).

Pese al creciente rechazo popular que despierta la suba desproporcionada de las tarifas de luz, gas y agua, la administración Cambiemos insiste en que era el único camino posible a seguir: quitar subsidios que hacían las veces de salario indirecto y engrosar ganancias de un puñado de grandes empresas prestadoras. Los tarifazos traen más inflación y recortan poder de compra en los salarios. La solución del oficialismo de pagar en cuotas con recargo parece una tomada de pelo. Igual que decir que “el tarifazo es gradual y que busca lograr que haya menos pobreza” (Aranguren dixit). Entre ruidazos y marcha de velas la ciudadanía, a la que el gobierno califica de “derrochona”, salió a la calle a protestar. El descontento que genera el tarifazo va in crescendo.

“El tarifazo de luz, que se suma al de gas, agua y combustible, en un contexto de estancamiento de las ventas y de la actividad económica, dificulta el sostenimiento de comercios e industria poniendo en riesgo el empleo de miles de santafesinos”, se indicó en el documento del Ceso. Dicho informe, donde se analiza el impacto del aumento en el servicio de la energía eléctrica en pequeños y grandes clientes de la EPE, pone ejemplos concretos sobre la dimensión del tarifazo.

“Una pizzería de Rosario en 2015 necesitaba vender 19 pizzas de mozzarella para hacer frente al pago de la luz, hoy debe vender 40 (el doble) para hacer frente al mismo gasto. Su factura se incrementó un 300 por ciento en el término de 3 años”, se apuntó. “Desde marzo de 2015 a marzo de 2018 un almacén barrial afrontó un aumento de 281 por ciento en la boleta de luz, hoy paga casi 3 veces más que hace 3 años. En 2015 tenía que vender 121 botellas de gaseosa o 102 de cervezas para poder pagar la boleta de luz. Hoy en día este mismo comercio tiene que vender 237 gaseosas o 212 cervezas para sólo pagar la luz, prácticamente el doble”, se agregó en el informe.

Hay más muestras de lo que representa el tarifazo para una pyme. “Una lavandería entre marzo de 2015 y 2018 tuvo un incremento en la boleta de luz del 243 por ciento, el precio de su principal servicio, el valet de ropa, se incrementó sólo un 60 por ciento en el mismo período. Hoy necesita vender casi 100 servicios más de valet que en 2015, sólo para pagar la luz”, alertaron desde el Ceso, al tiempo que observaron que “el aumento en la tarifa eléctrica impacta más en los comercios que consumen menos energía que en los clientes de mayor consumo”.

Usuarios residenciales, pequeñas industrias y comercios y clubes de barrio atraviesan una situación crítica porque no pueden pagar las tarifas de los servicios públicos, sobre todo la luz. El nuevo esquema tarifario no tiene nada ver con las posibilidades competitivas de una pyme regional o nacional, que además padece una avalancha importadora y retracción del mercado interno. Menos aún tiene alguna relación con el poder adquisitivo de la población, donde se suman las subas constantes en la canasta básica de alimentos y paritarias con techo bajo.

“La carga impositiva que abona un comercio y una industria en la factura de luz es de aproximadamente el 30 por ciento sobre el total. Del total impositivo, un 64 por ciento va a Nación a través del IVA y su percepción, el 3 por ciento va a la provincia por la ley de Energía Renovable y el Fondo de Electrificación Rural y el 33 por ciento restante va al municipio (alumbrado e inspección de medidores)”, se mencionó en el reporte del Ceso.

“El peso de los impuestos nacionales es el más importante en la estructura de costos de la factura. Si la provincia y el municipio accedieran al pedido del gobierno nacional y resignaran su recaudación en concepto de este servicio público, los comercios se ahorrarían aproximadamente un 12 por ciento de la factura final”, se indicó. La mayoría de los gobernadores acusó al gobierno de Macri de intentar pasarle el problema de los tarifazos.  

Pequeños y medianos comerciantes e industriales de Rosario, organizaciones gremiales, sociales y políticas, como buena parte de los clientes de la EPE, rechazaron la nueva ronda de tarifazos porque se sienten perjudicados por los desmesurados aumentos. Además de presionar sobre la inflación, esta patada al bolsillo y a la producción disminuye la rentabilidad de las pymes, hasta en algunos casos obligándolas a bajar la persiana. El gobierno nacional dice que el tarifazo es para reducir el déficit, aumentar la producción de energía y evitar cortes en el suministro, aunque nada de esto ocurre. En el Congreso, el arco opositor busca retrotraer el aumento de las tarifas y atarlas al índice de incremento de los salarios. El macrismo defenderá la dolarización de las tarifas, como ya sucedió en los 90.

Fuente: El Eslabón

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