Israel reprimió la protesta palestina con un saldo de 60 muertos (6 niños, entre ellos una beba de ocho meses) y 2.771 heridos. La ONU denunció una matanza indiscriminada.
Fue la crónica de una masacre anunciada. A la provocación siguió la violencia. La lógica del matón se impuso al derecho internacional. Provocó y logró sus objetivos: la violencia y la muerte.
La decisión de EEUU de trasladar su embajada a Jerusalén pese al rechazo de la abrumadora mayoría de la comunidad internacional y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) trajo las consecuencias obvias y esperables. Israel reprimió las protestas de los palestinos con un saldo de 60 palestinos muertos (6 niños, entre ellos una beba de ocho meses) y 2.771 heridos, 155 muy graves en riesgo de muerte.
Los 60 muertos producto de la represión a las protestas de esta semana se suman a los alrededor de 50 que habían fallecido hasta ahora en siete viernes consecutivos de movilizaciones en la frontera con Gaza, igualmente reprimidas por el Ejército israelí. En los últimos dos meses, más de 12 mil palestinos resultaron heridos, la mitad de ellos por munición de plomo.
La ONU, la Unión Europea, los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional condenaron a Israel en los más duros términos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusó a Israel de matar de forma “indiscriminada”.
“Parece que cualquiera puede ser asesinado o herido; mujeres, niños, reporteros, personal de primeros auxilios, si se acercan a más de 700 metros de la valla. Dispararon a un amputado doble, ¿que amenaza es un amputado?”, afirmó el portavoz en Ginebra de la Oficina, Rupert Colville, y destacó que no había “amenaza real de muerte” contra el Ejército israelí y que esto se demuestra en el hecho de que solo un soldado israelí resultó herido leve. “La comparación de cifras habla por sí sola”, señaló el Alto Comisionado.
“El uso de la fuerza letal debe ser el último recurso, no el primero, y debe responder a una amenaza a la vida. El intento de saltar o dañar una valla, o lanzar cócteles molotov no es claramente una amenaza de muerte”, subrayó el vocero.
Amnistía Internacional (AI) describió la represión como una “violación aberrante” de los derechos humanos, y Human Rights Watch denunció un “baño de sangre”.
La jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, dijo que esperaba “que todos actúen con la máxima contención para evitar más pérdida de vidas”, mientras que el vocero de la primera ministra británica, Theresa May, pidió “calma y moderación”. Alemania y Francia pidieron a Israel “proporcionalidad” en el uso de la fuerza.
Durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU convocada de urgencia por Kuwait, la mayoría de los países miembro cuestionaron la represión “contra la pacífica protesta” del pueblo palestino. Inclusive el Reino Unido pidió que se abriera una investigación independiente para determinar responsabilidades.
“¿Cuántos más palestinos deben morir para que se movilice el Consejo de Seguridad de la ONU? ¿Qué harían ustedes si se cometiera una masacre en sus países y se asesinaran 60 personas, entre ellas niños, en 24 horas? ¿Hasta cuándo durará este doble estándar?, preguntó el embajador palestino en la ONU, Riyad Mansur.
Los palestinos se vienen manifestando contra la inauguración de la Embajada estadounidense en Jerusalén porque consideran la decisión de EEUU “un insulto adicional”, según definió el portavoz palestino Saeb Erekat.
“Hemos recordado en innumerables ocasiones a Israel las leyes internacionales, y una y otra vez estás normas son ignoradas”, denunció el portavoz palestino.
Por su parte, Colville recordó que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, señaló que son “muertes ilegales” porque la Franja es un territorio ocupado por Israel, y es una violación de la cuarta Convención de Ginebra, el tratado que rige la actuación en zonas de conflicto.
Asimismo, desde el punto de vista humanitario, Colville definió la situación en Gaza como de “pesadilla” dada la falta de camas de hospitales y de personal para tratarlos y denunció que “Israel una vez más no ha dejado salir de la Franja a palestinos heridos para obtener tratamiento en otro lugar”.
Una ley que ningún presidente yanqui quería cumplir
La decisión de EEUU de reconocer a Jerusalén como capital de Israel no es nueva. El Congreso estadounidense le dio el visto bueno en 1995. El texto de la ley indicaba que la embajada tenía que ser trasladada, a más tardar, el 31 de mayo de 1999. Pero ningún presidente se animó a hacer cumplir esa ley. Fueron suspendiendo su aplicación cada seis meses. No se animaron ni Bill Clinton, ni George W. Bush, ni Barack Obama. Todos respetaron a rajatabla la “sagrada e inquebrantable alianza” entre EEUU e Israel. Pero no se animaron a dar ese paso. Donald Trump lo hizo.
Jerusalén está en el centro de la disputa del conflicto palestino-israelí. Los palestinos reivindican Jerusalén Este, anexionado por Israel, como la capital del Estado Palestino. Las embajadas extranjeras en Israel se encuentran en Tel Aviv y no en Jerusalén. Las resoluciones de la ONU apuntan a una salida negociada y el consenso internacional es claro y contundente en este sentido. La decisión de EEUU en favor de Israel es una postura aislada en el concierto mundial de las naciones.
Trump tomó la decisión pese al contundente rechazo de la ONU y UE. La medida fue repudiada asimismo por parte de la derecha de EEUU, incluso dentro del Partido Republicano, porque se la considera perjudicial para los intereses del Imperio, inútil y poco profesional en términos diplomáticos.
La provocación fue dirigida al mundo árabe en general pero, más en particular, a su flanco más débil, el pueblo palestino.
El 21 de diciembre de 2017 la ONU votó una vez más, y en forma abrumadora, contra el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. 128 países votaron “no”; 9 países votaron “sí”, y 35 se abstuvieron.
El consenso internacional desea que el estatus de Jerusalén, una de las cuestiones más espinosas del conflicto entre palestinos e israelíes, se solucione mediante una negociación, ya que los palestinos reivindican a Jerusalén como capital de su estado.
Trump anunció el 6 de diciembre de 2017 pasado su decisión de “reconocer oficialmente a Jerusalén como capital de Israel”, rompiendo así con la postura tomada por sus predecesores que dejaba librado a un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos el estatus de la ciudad. También ignoró las advertencias sobre las consecuencias de esta medida por parte de diferentes sectores. Tanto israelíes como palestinos interpretaron la decisión de Trump como indicación de que Washington toma definitivamente posición, junto a Israel, en el conflicto, una visión confirmada por la reciente decisión de retener la financiación a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA).
“Hubo una época en la que tener una embajada en Jerusalén no era tan raro”, recordó Ángel Bermúdez en su nota “Israel: cómo Jerusalén pasó de ser la sede de 16 embajadas a no tener ninguna”, publicada en BBC Mundo el 9 de diciembre de 2017, pocos días después del anuncio de Trump.
La nota señala que de hecho, hasta inicios de la década de 1970 había en Jerusalén 16 embajadas, de las cuales 12 pertenecían a países latinoamericanos: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Las otras cuatro se correspondían con tres países africanos, Costa de Marfil, Zaire (la actual República Democrática del Congo) y Kenia; y uno europeo: Países Bajos, considerado entonces como el principal aliado de Israel en el Viejo Continente.
Para entonces, recuerda la nota de la BBC, ya se habían producido tres conflictos armados entre los países árabes e Israel, en el más reciente de los cuales –la Guerra de los Seis Días, de 1967– las Fuerzas de Defensa Israelíes lograron tomar el control de toda la Ciudad Santa que estaba dividida desde 1948.
El retiro de las embajadas se fue dando en forma paulatina, debido al rechazo que produjo la prepotencia de Israel y su desconocimiento de las resoluciones de la ONU.
Las primeras embajadas en ser retiradas de Jerusalén fueron las de los tres países africanos, que cerraron después de una reunión del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) realizada en Argelia en septiembre de 1973. Entre abril de 1972 y noviembre de 1973, 26 estados de África rompieron las relaciones diplomáticas con Israel en solidaridad con los países árabes que denunciaban la ocupación de sus territorios.
Pero el mayor detonante se produjo en 1980, cuando Israel incurrió en un nuevo atropello que resultó demasiado, incluso para EEUU. Y las pocas embajadas que quedaban en Jerusalén se retiraron por esos días.
La Knesset (parlamento) israelí aprobó una ley con rango constitucional mediante la cual se declaraba que “Jerusalén, completa y unida, es la capital de Israel”.
La legislación generó una fuerte respuesta por parte de la comunidad internacional e, incluso, fue motivo de disputa entre los gobiernos de Israel y EEUU.
El 20 de agosto de 1980, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 478 mediante la cual acordó “no reconocer” la controvertida ley sobre Jerusalén, así como tampoco otras acciones que, como resultado de esa norma “busquen alterar el carácter y estatus de Jerusalén”.
Además, el texto llamaba a “aquellos estados que han establecido misiones diplomáticas en Jerusalén a retirar esas misiones de la Ciudad Santa”.
En línea con la vieja tradición de desconocer las resoluciones de la ONU y la voluntad de la comunidad internacional, Israel y EEUU, aislados del mundo, a contramano, eligen la prepotencia. Juegan con fuego, literalmente.
