El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), calificó de “gravísimo ataque” a la puesta en escena realizada por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, contra la organización La Poderosa.
A través de un comunicado de prensa, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), se refirió a la conferencia de prensa realizada este viernes por Bullrich “para atacar a la organización social La Garganta Poderosa e intentar desacreditar a sus integrantes, mientras está ocurriendo el juicio contra seis prefectos por hechos graves de tortura cometidos en el barrio de Zavaleta”. “Este hecho se suma a numerosas acciones del gobierno dirigidas a atacar a la organización social y a los espacios de participación democrática”, señaló el organismo de derechos humanos presidido por el periodista Horacio Verbitsky.
En la conferencia de prensa, Bullrich pasó fragmentos de imágenes recortadas para apoyar sus dichos tendientes a señalar como “violenta” y “ligada al narcotráfico” a la organización La Poderosa, que había denunciado hechos de violencia institucional.
“Este ataque tiene la clara intención de deslegitimar a la organización territorial que viene denunciando un recrudecimiento de la violencia por parte de la Prefectura Naval Argentina en los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires y la falta de respuesta estatal”, manifestó el Cels en su comunicado, que a continuación se publica completo.
Comunicado del Cels
Gravísimo ataque de la ministra de seguridad a las organizaciones sociales
El ministerio de Seguridad dio una conferencia de prensa para atacar a la organización social La Garganta Poderosa e intentar desacreditar a sus integrantes, mientras está ocurriendo el juicio contra seis prefectos por hechos graves de tortura cometidos en el barrio de Zavaleta. Este hecho se suma a numerosas acciones del gobierno dirigidas a atacar a la organización social y a los espacios de participación democrática.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, parte de su gabinete y el jefe de la Prefectura Nacional Argentina realizaron una conferencia de prensa para atacar a la organización social La Garganta Poderosa e intentar desacreditar a sus integrantes.
Este ataque tiene la clara intención de deslegitimar a la organización territorial que viene denunciando un recrudecimiento de la violencia por parte de la Prefectura Naval Argentina en los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires y la falta de respuesta estatal. Es también una reacción al juicio oral que se está llevando a cabo en este momento ante el TOC 9 contra seis agentes de la Prefectura acusados por las violaciones a los derechos de Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, quienes fueron privados de la libertad, llevados a la vera del Riachuelo y torturados allí, en septiembre de 2016. Las pruebas de esos hechos son contundentes y los testigos relataron la reiteración de estas prácticas de hostigamiento a los jóvenes de esos barrios y su recrudecimiento en las últimas semanas.
Al mismo tiempo la ministra Bullrich envió un mensaje de amedrentamiento a la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), del Ministerio Público Fiscal, acusándolos de tener una mirada anti institucional y de estar cooptados por La Garganta Poderosa. Esto no busca otra cosa que atacar y tratar de disciplinar a la instancia de investigación especializada del MPF.
Los hechos de violencia reiterados que incluyen golpes, amenazas, insultos, hostigamientos y causas armadas han sido denunciados en la mencionada Procuvin, en Atajo y en la Comisión de violencia institucional de la Defensoría General de la Nación. Todas estas instancias están obligadas a investigar los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.
Una vez más, el Poder Ejecutivo Nacional elige el camino de respaldar el accionar violento de las fuerzas, como ocurrió de manera reiterada en otros casos graves de violencia institucional, como en la muerte de Rafael Nahuel, también responsabilidad de la Prefectura Nacional Argentina. Al mismo tiempo, persiste en su intento de desarticular todo tipo de control -político, judicial y social- sobre el accionar de las fuerzas de seguridad a su cargo.
Por este camino, las autoridades avalan que las fuerzas de seguridad se comporten como barras bravas o grupos de choque en zonas y barrios donde el reclamo es justamente que se bajen los niveles de violencia estatal y social. Así, en lugar de reducir la violencia, la incrementan.
Una vez más, y de manera alarmante, la ministra de Seguridad insiste en contraponer la seguridad y el trabajo policial con el respeto por los derechos humanos. Además, en esta oportunidad, buscó asociar a una organización social con el narcotráfico, lo que para este gobierno constituye “el principal problema que tiene la Argentina” y al que utiliza para la construcción de enemigos internos. Esta maniobra muestra también el enfoque de la política del gobierno contra el narcotráfico: incrementar la violencia en los barrios.
Este ataque a La Garganta busca deslegitimar los testimonios de las y los habitantes de los barrios populares que denuncian los abusos de las fuerzas de seguridad e intenta poner en duda los procesos judiciales existentes. Es difícil exagerar la alarma que produce que la autoridad civil a cargo de todas las fuerzas de seguridad federales no se dedique a controlar el desempeño de las fuerzas sino a intentar amedrentar a las organizaciones sociales.
