El poder adquisitivo de la mayoría de la población argentina se deteriora a pasos agigantados. Esto quiere decir que los ingresos rinden cada vez menos, que alcanzan para comprar o pagar cada vez menos bienes y servicios. El sueldo, la jubilación o la asignación por hijo se devalúan porque los aumentos otorgados quedaron detrás de la suba de precios, que, dicho sea de paso, no se desacelera. Esto es resultado del plan económico que trajo el “mejor equipo de los últimos 50 años”, como se autodenominó Cambiemos. Ese programa económico neoliberal que ejecuta el macrismo, con endeudamiento externo y especulación financiera, más baja inversión y consumo en retroceso, nos depositó en la puerta del peor escenario: la “estanflación”, el fenómeno que conjuga estancamiento económico con alta inflación.
“La suba de precios sigue en el centro de la escena económica, en un contexto de fuerte inestabilidad económica donde la gran devaluación, la suba en las tasas de interés, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el veto a la ley que intentaba contener los tarifazos no hacen más que profundizar esta compleja y muy perjudicial situación para la amplia mayoría de los argentinos”, señalaron desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Benjamín Hopenhayn (Cede – BH).
Dicho estudio determinó que la canasta alimentaria aumentó un 29,5 por ciento interanual y un 3,9 por ciento mensual en mayo pasado. “El nivel «presupuestado» de inflación del 15 por ciento para todo el año, ratificado por el equipo económico en los últimos días, se encuentra cada vez más lejos. Y esto lo afirman, incluso, las consultoras más afines al gobierno nacional (que deslizan incrementos de, al menos, un 27 por ciento anual)”, se indicó.
En este sentido, según el último relevamiento del Banco Central, para 2018 el nivel general de inflación esperada trepó al 27,1 por ciento, con lo cual los incrementos salariales pactados en paritarias que promediaron el 15 por ciento quedaron desdibujados.
Semejante achatamiento de los bolsillos representará cuando finalice el año una pérdida en el poder de compra de unos 12 puntos porcentuales promedio en el salario, una reculada que se remonta a otros tiempos de graves crisis económicas. En el último año el peso argentino se devaluó en comparación con el dólar en un 55 por ciento, rompiendo récords mundiales.
“La variación acumulada de los incrementos en los alimentos y bebidas durante los primeros cinco meses del año 2018 fue del 15,5 por ciento. Si contar la suba de tarifas en servicios como luz y gas, combustible, prepagas, alquileres, espacios de esparcimiento, entre otros, que afectan fuertemente el bolsillo de cualquier ciudadano. Es decir, sólo en alimentos y bebidas, entre enero y mayo el incremento fue superior a lo esperado para todo el año 2018”, se advirtió en el paper de Cede – BH.
Por su lado, el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) midió que la inflación registrada sobre los salarios de la economía formal fue del 2,8 por ciento en mayo y desde que arrancó el año alcanzó el 12,9 por ciento, quedando a 2,1 puntos porcentuales de la meta anual del 15 por ciento establecida por el gobierno.
Los anticipos de junio confirman una tendencia alcista en el nivel de inflación. El índice de precios de supermercados del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz para la primera semana de junio fue del 1,02 por ciento con relación a la semana anterior, y del 4,34 por ciento en comparación a la misma semana del mes pasado.
“La meta de inflación del gobierno ha quedado definitivamente sepultada. Un enorme error de diagnóstico oficial le está dando mucha imprevisibilidad e incertidumbre a los trabajadores que ven caer su poder adquisitivo”, sostuvo el rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, de la que depende el ITE, Nicolás Trotta. Y agregó: “Si dejamos de lado por un momento «la fotografía» y observamos la «película» podemos entender que el ajuste de precios está siendo sobrecargado principalmente a los sectores de menores ingresos, como son los trabajadores con salarios inferiores y jubilados”.
En el último boletín de coyuntura sociolaboral de la Universidad de San Martín, que dirige el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, se señaló que “las preocupaciones respecto a los ingresos y su poder adquisitivo se manifiestan con claridad en la opinión pública, donde se observa un crecimiento de la preocupación por la pérdida del salario real en los últimos meses, que puede profundizarse como el producto combinado de la inflación y el «cepo» del 15 por ciento en las paritarias 2018. Cualquier especialista en temas sociales puede concluir que estas decisiones políticas de ajuste sólo podrán tener una consecuencia: el aumento del conflicto social”.
Mientras la CGT duerme la siesta y retrasa la convocatoria a un paro general, reclamo que retumba entre las bases, “la pérdida de ingresos se suma a un nuevo ciclo de despidos colectivos en el sector privado (por inviabilidad de empresas sometidas a tarifazos, apertura de importaciones, baja de consumo y poco crédito a la industria) y en el «siempre ineficiente» sector público (salvo para sustituirlo con trabajadores propios)”, según indicaron en el mencionado informe.
La inflación en 2016 fue de 39,4 por ciento y en 2017, de 24,8 por ciento, de acuerdo a mediciones privadas, en un contexto de actividad económica estancada. “La importante y descontrolada depreciación de la moneda nacional, los fuertes incrementos de tasas de interés, junto a los reiterados ajustes de tarifas de servicios, deprimen la oferta industrial y la demanda de sus productos”, alertaron desde la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) en su reciente informe de coyuntura, sector que ve venir otra etapa de recesión.
Con la economía sin despegar, a partir de los próximos meses comenzará a observarse el efecto de la gran devaluación de la moneda nacional. Pese a las falsas promesas de campaña sobre el tema, la alta inflación sigue siendo un grave problema a resolver. Y la constante suba de precios no hace más que abultar ganancias para un puñado de empresas y comprimir el poder adquisitivo de los salarios.
Fuente: El Eslabón
