El socialista Pedro Sánchez gobernará en minoría y con una dura oposición. Eligió un gabinete con once mujeres y seis hombres. Un claro perfil europeísta y “modernizador”, más técnico que político, en medio de una gran incertidumbre. Se espera la derogación de la infame Ley Mordaza.

Atrás quedó el gobierno antipopular, ajustador, misógino, derechista, homofóbico y corrupto de Mariano Rajoy y el Partido Popular (PP), una cínica forma de postfranquismo adaptada a las necesidades del neoliberalismo actual, siempre al servicio de las grandes corporaciones y la banca internacional.

Pero más allá del cambio evidente, todo es incertidumbre. El PSOE, aparte de sus muchas y profundas diferencias ideológicas con el PP (en derechos humanos, derechos civiles, derechos políticos y sociales, entre otros), se ha mostrado muchas veces capaz de aplicar políticas de derecha y fue tan amigo y tan funcional a las corporaciones como el PP.

Rajoy se fue por la puerta chica, acusado de una vieja trama de corrupción que hacía años enlodaba a su partido. La pregunta es cómo pudo mantenerse tanto tiempo en el cargo con pruebas tan contundente en su contra.

El caso Gürtel develó una trama de corrupción sistemática, no meros casos aislados. Buena parte del PP, y sus principales dirigentes, formaban parte del esquema de corrupción que incluía una doble contabilidad, una legal, y otra clandestina.

Se demostró que Rajoy cobró más de 25 mil euros anuales durante once años. Varios altos dirigentes del PP están presos desde hace años. El ex tesorero de esa agrupación, Luis Bárcenas, fue condenado a 33 años de prisión. Se dictaron penas contra 29 de los 37 acusados. Las condenas suman 351 años de prisión.

Luego de esta salida deshonrosa del PP y del retorno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con el joven dirigente Pedro Sánchez a la cabeza, todo es incertidumbre en España. En los últimos días, con la designación de su gabinete, se empiezan a vislumbrar algunas líneas de su gobierno: feminismo, europeísmo, menos censura que la férreamente ejercida con la Ley Mordaza del gobierno de Rajoy, son algunos ejemplos.

La independencia de Cataluña

El caso de la independencia de Cataluña aparece más complejo. El PSOE apoyó a Rajoy en la suspensión de la declaración de independencia catalana. Y se sumó a la aplicación del artículo 155, que mantiene intervenida Cataluña gracias al acuerdo entre Ciudadanos, PP y socialistas.

De todos modos, la llegada de los socialistas al gobierno abre la puerta para el diálogo con los independentistas catalanes. Pero no va a ser fácil.

El nuevo mandatario designó al frente de la cartera de Exteriores y Cooperación al ex presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell. Es un histórico socialista catalán, muy  crítico del proceso independentista y su designación es, además de un mensaje pro-europeísta, una muestra de dureza ante el conflicto con la nación catalana.

A su vez, el perfil de Borrell es el más político frente a los demás que son más técnicos y profesionales.

Sánchez se mostró dispuesto a “restablecer el diálogo” con el nuevo gobierno de Quim Torra, que la semana pasada tomó posesión tras cambiar el nombre de sus consejeros por otros sin procesos judiciales en marcha, tal como se lo había exigido el Ejecutivo central cuando todavía estaba encabezado por Rajoy.

“Presidente Pedro Sánchez, hablemos. Tomemos riesgos ustedes y nosotros y negociemos de gobierno a gobierno. Esta situación no puede alargarse ni un día más”, señaló Torra en el acto que tuvo lugar en Barcelona horas después de la jura del nuevo primer mandatario en Madrid.

Adiós al patriarcado franquista

Una de las tantas marcas ideológicas propias de sus raíces franquistas reconocibles en el PP es su machismo, su misoginia y su homofobia. Sobre estos aspectos, el cambio parece ser rotundo con la llegada de Sánchez.

Es el gobierno con más mujeres en la historia de España: el gabinete está compuesto por once mujeres y seis hombres. Tiene, además, más perfiles técnicos que políticos. Según señaló el nuevo mandatario, el compromiso es con la igualdad, el europeísmo, y la modernización del país. El tiempo dirá si el término “modernización” está siendo utilizado como un eufemismo que esconde viejas recetas neoliberales.

“El nuevo gobierno de España aspira a ser el fiel reflejo de lo mejor de la sociedad que aspira a servir. Un grupo acorde a una España paritaria, intergeneracional, abierta al mundo pero también anclada en Europa, comprometida socialmente y altamente cualificada”, prometió Sánchez.

El nuevo mandatario destacó que su Ejecutivo, que aumenta en cuatro los trece ministerios que tenía el anterior gobierno de Mariano Rajoy (PP), es decididamente europeísta: “Europa es la nueva patria de los españoles”, señaló Sánchez, alejando a España de los países que, de la mano de gobiernos de derecha y ultraderecha, son críticos a la Unión Europea.

La Ley Mordaza, propia de una dictadura

Una de las primeras medidas que se espera del nuevo gobierno es la derogación de la controvertida Ley Mordaza.

El 16 de mayo de 2016, entre múltiples críticas y con un recurso presentado por los socialistas en el Tribunal Constitucional, entró en vigencia en España una de las normas más polémicas de los últimos tiempos. Oficialmente, se denomina Ley de Seguridad Ciudadana, pero popularmente es conocida como Ley Mordaza, por las restricciones que impone a la libertad de expresión, reunión e información.

La mala fama de esta ley dictatorial traspasó las fronteras de España. Amnistía Internacional España (AI) exigió una ley orgánica de Seguridad Ciudadana “más garantista en materia de derechos humanos y acorde a los estándares internacionales y a las recomendaciones que llegan desde la ONU y Europa”.

En el marco de su aplicación, las garantías constitucionales en España se vieron menguadas. El gobierno de Rajoy la utilizó para perseguir la protesta social y penar con la cárcel el delito de opinión.

En este sentido, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) alertó sobre la gravedad de la situación e hizo una lista de algunos de los abusos cometidos.

Por ejemplo, se produjo, según denunció esta organización, un aluvión de condenas a prisión “por enaltecimiento del terrorismo” contra periodistas, artistas y usuarios de redes sociales que critican al gobierno.

La PDLI, organismo que vela por los derechos de libertad de información y de expresión en España, definió el 2017, cuando la ley comenzó a aplicarse con más rigor, como “el año de los delitos de opinión”.

Su presidenta, Virginia Pérez Alonso, ha declarado que “cuesta encontrar en la última etapa democrática de España un precedente parecido al grado de represión contra la libertad de expresión al que hemos llegado en este año: se ha enviado a personas a la cárcel por simples canciones o por un tuit. Esto lo teníamos olvidado y ha ocurrido en plena Europa y en pleno siglo XXI, es tan grave que tardaremos en asimilar su alcance”.

Según denunció PDLI, el 2017 comenzó con el procesamiento de la tuitera conocida como Cassandra, para quien la fiscalía solicitó 2 años y 6 meses de cárcel, más 3 de libertad vigilada, por hacer parodias sobre el general franquista Carrero Blanco, asesinado por ETA en 1973, en una serie de tuits publicados desde noviembre de 2013 hasta enero de 2016. El auto del fiscal la acusaba de un “delito de humillación a las víctimas del terrorismo”, previsto y penado en el Código Penal, y consideraba que sus tuits eran “graves mensajes de enaltecimiento del terrorismo”. Cassandra, con 21 años de edad, fue condenada a un año de cárcel por la Audiencia Nacional.

También en enero fue condenado a un año de prisión y seis meses de inhabilitación absoluta el cantante César Strawberry. Su delito fue publicar seis tuits en los que ironizaba sobre ETA o la muerte de Carrero Blanco, y en los que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo entendió que existía “enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas”.

Al mes siguiente, en febrero, la Audiencia Nacional impuso una pena de tres años y medio de prisión al rapero Valtonyc, al considerar que el contenido de sus canciones incurría en los delitos de “injurias a la Corona y de enaltecimiento del terrorismo”. La PDLI consideró esa condena como “un ataque muy grave a la libertad de expresión e inaceptable en un estado plural y democrático”.

En noviembre, según denuncia la organización que defiende la libertad de expresión, otros doce raperos fueron condenados a 2 años y un día de cárcel, inhabilitación para cargos públicos durante nueve años y una multa de 4.800 euros. Se trata de los doce miembros del colectivo La Insurgencia, que según la Audiencia Nacional cometieron delitos de enaltecimiento del terrorismo a través de las letras de sus canciones.

La sentencia destaca que en las letras de las canciones hay “continuas alusiones que, desprovistas de cualquier otra consideración, entrañan abiertamente una loa a la organización terrorista GRAPO”. Dicha organización terrorista, cuyo nombre es el acrónimo de Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre, desapareció hace más de una década.

La PDLI también se pronunció sobre la condena a estos doce raperos, y la describió como “un nuevo atropello a la libertad de expresión y una vulneración de este derecho fundamental, contrario a los estándares internacionales a los que está sujeta España, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

Además, amparados en esta norma, la policía española multa a periodistas por sólo ejercer su trabajo. Por ejemplo, el periodista Raúl Solís fue el primero en ser sancionado mientras cubría una protesta contra el autobús de la asociación ultracatólica Hazte Oír, que difundía mensajes contra la transexualidad de los niños. Se le multó con 150 euros por “poner en riesgo” la integridad de los agentes de la Policía Nacional, que aseguran en su informe que “el denunciado se salta el cordón policial, introduciéndose en la zona de seguridad acotada, pidiendo explicaciones de manera despectiva a los agentes, cuestionando y menospreciando la actuación de los mismos, y realizando grabaciones con su cámara”.

Solís, que publicó un artículo con su versión de los hechos, se negó a abonar la multa, argumentando que “no podemos aceptar como normal lo que es una anomalía democrática, un retroceso en libertades”.

Otro de los trabajadores de prensa multados fue Mikel Sáenz de Buruaga, de la emisora vasca Hala Bedi. Fue identificado por estar grabando con su celular durante una actuación policial en la localidad de Vitoria. Mikel mostró su acreditación de prensa, pero fue sancionado igualmente. La periodista Cristina Fallarás también fue sancionada con una multa de 600 euros, cuando participaba en una concentración frente a la Embajada mexicana en Madrid, en protesta por los asesinatos de informadores en México.

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