Sin recursos, con frío y olvidados. Con ese eje insoslayable, un bloque de concejales presentó en sociedad un proyecto para declarar la Emergencia Energética en barrios populares. Pero no fue lo único relacionado con la Empresa Provincial de la Energía, los ediles quieren conocer de primera mano el convenio que tiene la EPE con la Municipalidad para ver en qué medida se puede hacer algo por los bolsillos de los rosarinos. También citaron a su directorio y extendieron la preocupación a las garrafas. Y sí, el invierno no es fácil con sus tozudos estiletazos en paredes precarias y hornallas anémicas.
¿Qué relación hay entre el alumbrado público y la factura de la EPE? ¿Pueden venir sus autoridades al Concejo para conocer de primera mano el abastecimiento que reciben los rosarinos? ¿Puede declararse una Emergencia Energética en vista de las dificultades que tienen los barrios más humildes de la ciudad para acceder a este servicio? No son todos los interrogantes, pero alcanzan para advertir que la EPE tuvo y tiene mucho que responder. Eso sin olvidar el último y temible tarifazo que le metió más potencia a un tema más que encendido, como para ajustar la metáfora.
Así, de los ediles Rodrigo López Molina y Germana Figueroa Casas (Cambiemos) se aprobó un decreto por el que se encomienda al Ejecutivo a remitir la copia del convenio que oportunamente firmó con la Empresa Provincial de la Energía, sobre el cobro de la cuota de alumbrado público. ¿Por qué? “Por la necesidad de adecuar las tarifas del servicio eléctrico y evitar la presencia de costos superfluos sobre las mismas”, dijo el concejal.
Según fundamenta la iniciativa, en la factura por servicio eléctrico se cobra la Cuota de Alumbrado Público, que no surgió de una ordenanza sino de un convenio entre la Municipalidad y la mencionada empresa. El objetivo es distribuir los costos por consumo energético del alumbrado público, con un monto fijo mensual según categorías a cada usuario.
Para el edil, “el convenio fue suscripto entre la EPE y los municipios en virtud de las moras que muchas de ellas experimentaban en la satisfacción de sus obligaciones con la prestataria del servicio eléctrico”. El acuerdo dio el marco para que los municipios transfirieran a terceros sus obligaciones, deslindándose del pago de erogaciones que estaban a su cargo. “Un verdadero contrasentido jurídico”, alegó López Molina, y dijo que el municipio debe reasumir su obligación como es debido y hacerse cargo de tales pagos.
Convocatoria a funcionarios
Haciendo foco también en la EPE, los ediles aprobaron la gestión para un encuentro con los máximos responsables de la empresa de energía: Marcelo Cassini (gerente general), Maximiliano Neri (presidente del directorio) y Verónica Geese (secretaría de Energía de la provincia). ¿Cuál será el primer tema de esa agenda? Conocer las condiciones de abastecimiento de la red de suministro de energía eléctrica, dijeron los ediles de Ciudad Futura, impulsores del cónclave.
La iniciativa contó con el apoyo de Eduardo Toniolli (PJ), Celeste Lepratti (Frente Social y Popular), Osvaldo Miatello (Compromiso con Rosario) Andrés Giménez (Unidad Ciudadana), María Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular ) y Norma López (Frente para la Victoria-PJ).
Según Juan Monteverde, la iniciativa es parte de un proyecto más grande de declarar la Emergencia Energética y que quedó a disposición del Cuerpo a través de las respectivas comisiones porque hay que “darle a esto el nivel de prioridad política ya que es similar al de la emergencia en seguridad”.
La idea arranca de poner bajo la lupa de la sensibilidad social y de la responsabilidad política, a las dificultades de acceso a tener luz en las barriadas más populosas de Rosario. Cortes de servicio asociados al aumento de demanda para calefaccionarse ya que las garrafas de gas triplicaron su costo y los riesgos que entrañan la precariedad en su utilización, forman parte del problema planteado.
Los considerandos del proyecto de Emergencia Energética, dan cuenta de datos reveladores sobre 112 barrios populares, constituidos por polígonos de barrios históricos, en la que viven aproximadamente 35 mil familias, el 95 por ciento de las cuales no cuenta con acceso formal a la energía eléctrica, pero el 68 por ciento de ellas la utiliza como fuente para calefaccionarse. El resto utiliza otros métodos: gas envasado, carbón o leña. El 99 por ciento de estas familias utiliza el gas envasado para cocinar. Además, da cuenta de que en los últimos meses, más de 40 barrios sufrieron cortes de luz.
“En este contexto, nos encontramos frente a la oportunidad de comenzar a resolver un problema estructural de nuestra ciudad, y que no se verá saldado sino tomamos como colectivo político y como órgano de representación institucional, definiciones certeras, viables y comprometidas con los sectores más postergados de nuestra ciudad”, enfatiza el texto.
En ese marco, la propuesta resolutiva expresa textualmente: Declárase la Emergencia Energética en la periferia y barrios populares de la ciudad de Rosario durante un período de 180 días a partir de su sanción, prorrogable por igual período, con el objetivo de liberar los recursos necesarios para garantizar la provisión de energía eléctrica en los sectores afectados, a través de la compra de transformadores y/u otra infraestructura necesaria para fortalecer la red existente de energía eléctrica y garantizar el suministro del servicio.
Garrafas en la mira
En el marco de debate y análisis de las condiciones energéticas, el concejal Eduardo Toniolli presentó el proyecto de ordenanza que crea el Programa de Asistencia Energética, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad. El objetivo es asistir económicamente a los beneficiarios del Programa Hogar de Ansés, complementándolo para alcanzar a comprar una garrafa de 10 kilogramos al mes.
Según Toniolli, la autoridad de aplicación realizará los convenios pertinentes con Ansés, a fin de establecer los mecanismos a través de los cuales se depositará mensualmente, el dinero que saldará la diferencia entre lo adjudicado por el Programa Hogar para una garrafa y su precio máximo de referencia.
El proyecto surgió en el marco de “las iniciativas existentes en el Concejo Municipal para beneficiar a los usuarios de redes de gas natural con la quita de la tasa municipal en las boletas de Litoral Gas, que representan un 10 por ciento del total de la factura, luego de un aumento acumulado del metro cúbico del 2162 por ciento desde enero de 2015”, argumentó el edil.
Para Toniolli, en las razones del proyecto se alinean: la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados (que a partir de la reforma previsional vieron fuertemente afectados sus ingresos), el atraso de los aumentos salariales con respecto a la inflación, y el aumento del desempleo, que confluyeron a crear miles de pobres energéticos en la ciudad. El Programa Hogar otorga 152 pesos por garrafa de 10 kilos, mientras su precio ronda los 216 pesos. La diferencia es casi una analogía de la brecha que se profundiza.
Fuente: El Eslabón
