Luego del pedido de su detención por parte la Justicia ecuatoriana, el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció un “complot” en su contra por parte del mandatario Lenín Moreno, su ex vicepresidente, quien llegó al poder de su propia mano, alababa su conducción y se proponía como continuador de la Revolución Ciudadana, la que le devolvió la dignidad al pueblo ecuatoriano. Pero fue al asumir como nuevo Jefe de Estado, cuando Moreno dio un sorprendente giro conservador, a la vez que se iniciaba un proceso de persecución judicial contra ex funcionarios. Y lo que era casi una fija, comenzó a cumplirse: el martes pasado emitieron una orden de detención contra Correa por su presunta vinculación en el secuestro de un opositor en Colombia en 2012, que ya provocó problemas diplomáticos a Quito, en especial con Bolivia y Venezuela, los primeros en poner el grito en el cielo ante tamaña acusación.

Correa dejó el gobierno en mayo de 2017 en manos del que era su aliado Lenín Moreno, quien con su apoyo consiguió los votos necesarios para llegar a la presidencia. Pero al poco tiempo dejó al desnudo su transformación: comenzó a aludir a la gestión saliente como “corrupta”, planteó ajustes y despidos, y le soltó la mano a su vicepresidente, Jorge Glas, hombre muy cercano a Correa, procesado por presuntas implicaciones en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrech. En enero de 2018, Glas fue condenado a 6 años de prisión. En febrero, Lenín Moreno lanzó una consulta popular cuyo único objetivo de fondo era dejar obturada la posibilidad de que Rafael Correa pueda volver a postularse a presidente, y lo logró. En coincidencia, comenzó a tener cada vez más acercamientos a las políticas de Washington. Ese mismo mes estuvo de visita en el país el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de EEUU, Thomas A. Shannon. Tras el encuentro, Moreno escribió en su cuenta en Twitter: “Con mucha cordialidad, hemos retomado una relación que será beneficiosa en muchos ámbitos”.

La frutilla del postre parece ser un Correa en prisión, al estilo de Lula da Silva en Brasil, y ese plato frío ya comenzó a cocinarse en la altas esferas del poder ecuatoriano.

La Justicia dictó el martes 3 de julio la orden de prisión preventiva contra Correa, a quien la Fiscalía indaga por los supuestos delitos de asociación ilícita y secuestro de un político opositor en Colombia en 2012, el ex diputado suplente Fernando Balda, hombre cercano a los ultraderechistas colombianos. También activó una circular roja para que la Interpol ubique, con fines de extradición, a Correa, quien vive en Bélgica junto a su familia y viaja por Europa y América dictando charlas académicas.

Además, pesa orden de prisión sobre un ex jefe de la Secretaría de Inteligencia que está en España y cuya extradición fue pedida por Ecuador.

“Me vinculan a un caso sin tener ninguna prueba, en base al testimonio de un policía que pasó siete horas el día anterior con el fiscal aprendiéndose la lección, diciendo que el presidente lo ha llamado para pedirle que secuestre a Balda”, expresó el ex mandatario el miércoles pasado a la agencia francesa AFP, en Bruselas.
La jueza Daniela Camacho ordenó también el martes pasado la “prisión preventiva” contra el popular ex mandatario de 55 años, a petición del fiscal, por incumplir la medida cautelar de presentarse periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito, a pesar de las presentaciones de Correa en la embajada ecuatoriana en Bélgica.

El secuestrado

Balda se había unido en 2006 a las filas de Alianza PAÍS, partido fundado por Correa ese mismo año, pero de repente en 2008 cambió de vereda: se alió al Partido Sociedad Patriótica (PSP), férreo opositor al gobierno de Correa, desde donde comenzó a denunciar supuestos casos de corrupción.
En 2010 le fue dictada una condena de dos años de prisión por el delito de injuria no calumniosa grave, luego de una demanda que le inició un funcionario del gobierno pordeclaraciones vertidas en la televisión pública en 2008, en las que lo acusaba de cometer varios delitos y encabezar una mafia.

Cuando se dictó la condena, Balda ya se encontraba viviendo en Bogotá (Colombia) amparado por ultraderechistas. Participaba activamente en eventos de la Fundación Internacionalismo Democrático, presidida por el expresidente colombiano Álvaro Uribe.

El caso

El secuestro contra Balda ocurrió el 13 de agosto de 2012, cuando fue raptado en una calle del barrio Cedritos, en el norte de Bogotá, luego de que una camioneta frenó a su lado y varios hombres lo subieron a la fuerza.
Según la Fiscalía de Colombia, el secuestro duró aproximadamente una hora; porque un taxista que vio la escena llamó a la policía y se inició de inmediato una persecución. Ante la insistencia policial, los captores abandonaron el vehículo con el secuestrado dentro y escaparon.

Aunque hubo sospechosos detenidos y llevados a juicio, y el caso había prescripto en 2017, sorpresivamente, después de 5 años, se reabrió con la nueva gestión de Moreno.

El propio Balda, como un clarividente, lo había anunciado en noviembre con un tuit: “Se vienen varios procesos judiciales que le pondrán boleta de captura Interpol a Rafael Correa”.

Según reseña la agencia RT, tras la reapertura del caso, gracias a las aportaciones de la Fiscalía de Colombia, el Ministerio Público ecuatoriano ordenó la detención, en marzo pasado de Jéssica Falcón Querido, Jorge Armando Espinoza Méndez y Luis Raúl Chicaiza Fuentes, por estar presuntamente involucrados en el caso.

Chicaiza era miembro activo de la Dirección General de Inteligencia (DGI) de la Policía de Ecuador al momento del intento de secuestro contra Balda y es el principal protagonista en la presunta implicación de Correa. En su testimonio, dijo que habló dos veces con el ex mandatario sobre el secuestro; sin embargo, el propio abogado de Chicaiza, Diego Chimbo, admitió, en un reportaje publicado por el sitio Ecuador Inmediato, que su defendido “no tiene pruebas de presuntas llamadas de Rafael Correa”. Justificó que lo dijo sin darse cuenta, porque estaba “nervioso” al momento de declarar ante la Justicia.

Chispazos diplomáticos

Ecuador anunció el miércoles pasado que llamó a consultas a su embajador en Bolivia y suspendió el viaje de su nuevo representante a Venezuela a raíz de que los mandatarios de esos países rechazaron con dureza la orden de prisión contra el ex presidente Rafael Correa.

El jefe boliviano Evo Morales, en su cuenta Twitter, había rechazado la solicitud de la Fiscalía de Ecuador de prisión preventiva contra el expresidente Correa: “Denunciamos politización de la justicia ecuatoriana e injerencia de #EEUU en intención de encarcelar a un inocente. Estamos contigo Hno. Correa ¡Venceremos!”, expresaba.

Por su parte, el mandatario venezolano Nicolás Maduro expresó por esa misma red social: “Primero Cristina (Fernández). Luego Lula (Da Silva). Ahora Rafael Correa. Cese a la persecución contra los líderes auténticos de nuestra América”.

“Hemos también llamado a consultas al embajador ecuatoriano en Bolivia y hemos suspendido el viaje del nuevo embajador de Ecuador designado a Venezuela”, dijo el canciller José Valencia en rueda de prensa ofrecida en la casa de gobierno.

“Lamentamos profundamente las aseveraciones de algunos mandatarios en torno a este hecho y el intento de campaña de desprestigio contra la institucionalidad democrática del Ecuador”, expresó.

Moreno consideró “desafortunadas” las declaraciones de Morales y Maduro, que denunciaron una “politización de la justicia ecuatoriana” y “persecución” contra Correa, respectivamente.

“Hemos tomado nuestras resoluciones de forma independiente sin que nadie injiera en nuestra decisión y hemos sido respetuosos con la autonomía de cada uno de esos países, y exigimos la correspondencia del mismo tipo de respeto”, manifestó Moreno.

Pero la acción también fue criticada por el ex mandatario peruano Ollanta Humala, quien aprovechó la ocasión para solidarizarse también con el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; detenido desde hace casi tres meses. “La historia no cambiará porque decidan criminalizar la política, ni porque encierren a los dirigentes de izquierda y progresistas. Hay un legado de aquellos Gobiernos que trabajaron incansablemente por su pueblo que no podrán borrar”, dijo.

Otro ex jefe de Estado, Ernesto Samper (Colombia), lamentó la decisión e indicó que se trata de un “juego sucio” que ahora pulula en la región contra referentes del progresismo.

“La judicialización de la política comienza a destruir los líderes progresistas en América Latina. Primero fue Lula, que es el preso político más importante del hemisferio. Ahora es Rafael Correa. A eso le llaman juego sucio”, sostuvo.

El líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, calificó de “vergonzosa” la medida contra el máximo referente de la Revolución Ciudadana. “Aplicación vergonzosa del encarcelamiento del presidente Rafael Correa. ¡El método de violencia judicial contra el pluralismo se está extendiendo por la vergüenza de los jueces que se someten a ella!”, subrayó.

Fuente: El Eslabón

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