Una niña de cinco años murió tras el tiroteo al frente de su vivienda en la zona noroeste. El modo de mensajería preferido por las bandas del narcomenudeo. La madre denunció que el zumbido de municiones es parte de la contaminación acústica del barrio, así como la connivencia policial con el delito. Los pibes descartables que matan y mueren.
La modalidad de mensajería instantánea mediante el empleo de municiones disparadas contra mamposterías y aberturas como expresión de disconformidad o desacuerdo entre personas o grupos clausuró esta semana la vida de una niña de cinco años en la zona noroeste de Rosario. Al periodista de un canal de televisión que cubría el episodio le ofrecieron “pegarle un corchazo” si continuaba la cobertura (ver aparte). Los domicilios de dos parientes de un juez y en el que residió otro magistrado hasta hace unos meses fueron vestidos de plomo en junio. Las balaceras a frentes de viviendas, automóviles y personas con las que pequeñas bandas narco –o particulares enconados por rencillas fundadas en otro origen– dirimen sus cuitas sólo se conocen en casos extremos, como los de la nena asesinada o la de integrantes el Poder Judicial amedrentados. Su frecuencia cotidiana produce el efecto más perverso en algunos barrios de la ciudad: la naturalización de la violencia armada, en ocasiones con resultado letal.
Violencia naturalizada
Los cronistas de las secciones policiales de los medios locales recogen, como un mantra, los dichos de los vecinos de barrios marginados: acá se tirotean todo el día. Los hechos que se convierten en noticias, como se dijo, sólo alcanza a los más graves. Pero las balas zumban con mayor frecuencia de la que se conoce públicamente.
Ser ocasional víctima del fuego enemigo forma parte de una de las maneras del mal vivir en los barrios populares de la ciudad más poblada de la provincia de Santa Fe.
En enero de 2013 la militante social de una comunidad cristiana de barrio Ludueña, Mercedes Delgado, conocida como Mecha, murió baleada cuando integrantes de dos bandas se tirotearon. El trasfondo de la disputa era el narcomenudeo.
Los mismos pibes a los que tal vez les sirvió un plato de comida en el comedor del barrio, donde Mecha desarrollaba su tarea cotidiana, la mataron unos años después cuando en la adolescencia tomaron el camino del éxito allí donde sólo reina la frustración y la falta de oportunidades: ser soldadito, atender un bunker, obtener reconocimiento barrial convirtiéndose en un tira-tiros del “poronga” de la zona. No es el único sendero, claro, pero es el que mejor empatiza con los valores dominantes de fama y dinero rápidos.
Según un relevamiento del periodista Agustín Lagos, publicado en Rosario3.com, en 18 días se registraron 17 balaceras a viviendas y personas.
En algunos casos los disparos fueron acompañados por mensajes escritos del tipo “devolvé la droga”, en disputas de índole comercial, y en otros con “dejá de meterte con mujeres ajenas”, ante rencillas de enamorados.
En todos, lo que dibuja una línea transversal es la violencia como modo de resolver los conflictos que, casi invariablemente, tiene a jóvenes varones de barrios populares como víctimas preferidas.
Mensaje letal
No fue ese, sin embargo, el caso que conmocionó sólo por un rato a la ciudad, sino el de una niña de cinco años que el miércoles a la madrugada recibió un disparo de arma de fuego en la cara. Y más tarde murió en un hospital público.
La balacera que mató a Maite P. (5) ocurrió la madrugada del último miércoles, alrededor de las 2, en una vivienda de Ávalos y Larrechea, en la zona noroeste de Rosario.
De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía Regional Rosario “dos personas no identificadas realizan disparos de arma de fuego contra la fachada del domicilio ubicado en Ávalos al 1800, hiriendo de gravedad a la víctima en pómulo izquierdo”.
Personal de la seccional 30, con jurisdicción sobre la zona, persiguió a los tira-tiros “sin poder dar con ellos”.
La nena fue trasladada primero al hospital Alberdi, el más cercano a su domicilio, y de allí derivada al hospital de Niños Vilela, donde murió.
Al cierre de esta edición no se conocían detalles de los atacantes ni de la motivación de la balacera contra el frente de la vivienda, una de cuyas municiones ingresó a la casa y mató a la niña de cinco años.
Las declaraciones de la madre de Maite son un calco de otras tantas historias recogidas por la prensa en casos anteriores: denuncia de narcomenudeo, tiroteos a toda hora del día y presunta connivencia policial con los del negocio asegurado con violencia.
“La nena de un año estaba durmiendo al lado de Maite y se salvó de casualidad”, contó la mujer sobre otra de sus hijas.
Detalló que se había quedado tomando mates esa noche y su hija de cinco años estaba en casa de su madrina.
Pero la nena lloraba, por lo que fue a buscarla y regresó a su hogar, donde la hizo dormir. Hasta que los dos hombres que llegaron en moto y balearon el domicilio de Ávalos al 1800 la mataron, probablemente sin saberlo –lo cual no quita responsabilidad penal– hasta que los medios de comunicación difundieron la noticia o el barrio la hizo correr de boca en boca.
“Cuando levanté la cabeza vi que las otras nenas seguían durmiendo, pero Maite tenía un balazo en la cara, se le salió la cabeza. Entonces la llevamos rápido al hospital Alberdi”, relató la mujer sobre los instantes siguientes al tiroteo.
En declaraciones a radio LT8, explicó que “una hora antes” de la balacera letal “se habían tiroteado a la vuelta de casa”.
“Y ayer –continuó– se habían tiroteado en la esquina de Cavia y Larrechea”.
La balacera como un asunto naturalizado. “Esto es así. Donde hay una esquina, un pasillo o lo que fuese que les conviene, que tenga lugar, ellos (por los narcos) se tirotean hasta que salgas para después ocupar la casa y poner un búnker de drogas”, sostuvo la madre de la niña asesinada.
Según la mujer, “la policía arregla todo” ya que “cuando se tirotean las bandas, la zona está liberada”.
Antecedentes
El 20 de junio desconocidos balearon la vivienda del padre del juez penal Juan Carlos Vienna, el que procesó y encarceló a parte de la banda Los Monos. Un día antes los disparos resonaron en el frente de la vivienda de un vecino del domicilio que el magistrado ocupó hasta su separación.
A fines de mayo el frente agujereado fue el de la casa en la que el juez Ismael Manfrín, presidente del tribunal que estableció altas penas para parte de Los Monos, residió junto a su familia hasta unos meses antes de dictar ese veredicto.
Esos casos, por su inocultable gravedad, tuvieron enorme trascendencia pública.
Las balas que zumban todos los días en las barriadas invisibles de la ciudad obtienen menor repercusión, o ninguna, pero forman parte del mismo fenómeno: pagar unos pesos para amedrentar a un adversario, a alguien que molesta o al que se le quiere enviar un mensaje irrevocable.
Este mes también se registraron tiroteos en viviendas cercanas a los domicilios en los que residieron dos de los investigadores policiales que persiguieron a Los Monos.
La frecuencia de esos episodios tiende a naturalizarlos: como mojarse cuando llueve, los tiroteos con mensajes mafiosos son inevitables.
La acción del Estado se centra, preferentemente, en la investigación policial de los hechos y la persecución penal de los autores. Ambas son lógicas. A veces con mayor eficacia que otra.
El encarcelamiento de Los Monos y el avance sobre otras estructuras delictivas conocidas y de desembozado empleo de la violencia letal, como los Camino y los Ungaro-Funes en la zona sur, no parecen producir los efectos deseados. Es decir, una reducción de los episodios violentos con uso de armas de fuego.
Menos atención por parte de los gobiernos reciben las causas de la reproducción de jóvenes capaces de matar y morir sin mayores lamentos, por un negocio del que obtienen las migajas a cambio de poner el cuerpo.
Por cada pibe muerto en un tiroteo o ajuste entre bandas parecen brotar otros dos capaces de ocupar su lugar, el efímero sitial del capo de la cuadra que será reemplazado cuando una bala más precisa que la de él lo declare inapelablemente prescindible.
El agravamiento de las condiciones sociales de los históricamente perjudicados, condenados a padecimientos extra mediante saltos de apreciación de las divisas e incremento aluvional de precios y despidos, no permite atesorar una mirada esperanzadora sobre el futuro cercano.
“Te voy a pegar un corchazo”
El cronista de Canal 5 (Telefé) Maximiliano Raimondi entrevistaba a un familiar de la niña asesinada por un tiroteo cuando advirtió que varias motos revoloteaban a su alrededor. También un automóvil color amarillo con los vidrios polarizados. Uno de los motociclistas, de campera blanca, lo encaró: “¿Cuánto vas a filmar? Te voy a pegar un corchazo”, lo amenazó. Al cierre de esta edición el autor de los dichos intimidatorios había sido identificado por los investigadores –un pibe con varios antecedentes penales– y permanecía prófugo.
Según contó Raimondi, luego de la nota en vivo el equipo de Telefé dejó el lugar en el móvil, pero el joven de la moto los siguió y les pateó el auto. También hizo el gesto de intentar sacar un arma de entre sus ropas.
La Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional del Sindicato de Prensa Rosario expresó su “extrema preocupación y repudio por las amenazas y amedrentamientos que sufrió el equipo periodístico de Canal 5 mientras realizaba la cobertura del crimen de Maite Ponce, la nena de cinco años que resultó muerta después de recibir un balazo en el pómulo mientras estaba en su vivienda”.
A través de un comunicado, la comisión agregó que “en un contexto de violencia como el descripto –cuyo saldo es la muerte de una niña–, y del que somos plenamente conscientes, seguimos insistiendo en la necesidad de proteger el trabajo periodístico y el valor de la información que debe llegar a la sociedad”.
