Un peligroso acuerdo de cooperación con el Estado de Israel, la tensión entre los altos mandos de las FFAA y el gobierno de Mauricio Macri por el rol que el mandatario pretende de ellas y un humillante esquema salarial enrarece aún más el clima político.

¿Cuáles podrían ser los aportes tácticos o estratégicos a la seguridad pública e interior de la Argentina por parte de un país cuyas fuerzas policiales y de seguridad están configuradas para controlar un territorio en estado de guerra y en el marco de una hipótesis de amenaza terrorista permanente?

Son tan obvias la inconveniencia y la peligrosidad que conlleva incorporar a las políticas públicas en materia de seguridad la experiencia de un Estado como el descripto, que hay una sola respuesta posible. La Argentina de Mauricio Macri se encuentra desarrollando desde diciembre de 2015 un reordenamiento del accionar de las fuerzas de seguridad enmarcado en una hipótesis básica: el control social territorial con la excusa de la presencia de un enemigo interior. Y sólo en torno de ese rediseño tiene sentido la colaboración y cooperación que pueda brindar un país como Israel.

La Argentina de Macri está en proceso de generar una combinación muy peligrosa: a la impericia en el manejo de la crisis autoprovocada suma la impiedad ante los efectos sociales, para lo cual el esquema de represión que Cambiemos ya viene aplicando desde que asumió se verá incrementado y, en breve, atravesado por un sofisticado dispositivo de inteligencia.

El contenido de un acuerdo peligroso

El 12 de septiembre de 2017 se firmó el Acuerdo entre la República Argentina y el Estado de Israel sobre cooperación en asuntos de Seguridad Pública e Interior, convenio que entrará en vigor en los próximos días, más específicamente el 19 de julio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto publicó en el Boletín Oficial, con fecha 5 de julio de 2018, y bajo el título genérico “Instrumentos bilaterales que no requirieron aprobación legislativa para su entrada en vigor”, el mencionado acuerdo.

Según consta en la publicación, que firma el director de Tratados de la Cancillerìa, Gerardo Ezequiel Bompadre, el acuerdo lo firmaron, por la Argentina, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y por Israel, su par de Seguridad Pública Yariv Levin.

Entre los objetivos enunciados en el tratado, se citan dos únicos puntos, tan generales como imprecisos:

  • a. Dirigir y coordinar la identificación e implementación de la cooperación entre las Partes en el área de la seguridad pública e interior.
  • b. Facilitar la cooperación entre las Partes y entre sus instituciones gubernamentales relevantes en materia de la seguridad pública e interior.

En la introducción del acuerdo, ya se avanza en la verdadera intencionalidad de ambos países: “Reconociendo sus mutuos intereses en la cooperación a los fines de proteger sus poblaciones, bienes e intereses frente a amenazas; enfatizando su interés común en luchar contra el crimen y garantizar la seguridad pública; interesados en aumentar su cooperación a través del intercambio de conocimientos, experiencias, información, tecnología e investigación y desarrollo científico de cada una de las partes, para la obtención de resultados más eficientes en las áreas contempladas por este Acuerdo”.

Es ostensible que la Argentina no tiene los problemas de seguridad interna que tiene Israel a partir de su política exterior, su alianza estratégica con los EEUU y la apropiación y colonización de territorios luego de las guerras posteriores a su constitución como Estado, en 1948.

Sin embargo, la estrecha relación bilateral que inauguraron Macri y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que se trasladó al área de negocios, con adquisiciones por parte de la ministra Bullrich de equipamiento antidisturbios, lanchas rápidas, helicópteros, drones, y hasta chalecos antibala que antes producía la industria de la defensa argentina, tiene su correlato en el ya citado rediseño del rol de las fuerzas de seguridad nacionales.

Así, es notorio el intercambio de información entre las agencias de inteligencia de ambos estados, sólo comparable a la ya tradicional relación entre los servicios vernáculos  sus pares de la CIA norteamericana.

La compulsiva vocación de Macri por el espionaje interno arrojó episodios judiciales como la causa de las escuchas ilegales a dirigentes docentes y familiares de las víctimas del atentado a la Amia, por la que el actual mandatario debió asumir procesado.

La ministra Bullrich comparte esa enfermiza afición, aunque no está sola: el jefe de Gabinete, Marcos Peña, es uno de los artífices de la incidencia que tiene la llamada comunidad de inteligencia en el estilo de Cambiemos, una administración que gobierna a golpe de carpetazos, el toma y daca de información con operadores periodísticos, y la promiscua interacción del dispositivo de espías, que tiene como misión primordial vigilar a la dirigencia opositora, política, gremial e incluso empresarial.

A fines de 2016, el fiscal federal Federico Delgado decidió abrir una investigación penal contra Peña por el traspaso de las bases de datos de la Anses a la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación, dependiente de su cartera.

La acción del fiscal surgió ante una denuncia presentada por la abogada Valeria Laura Carreras, quien también inició una acción de amparo para frenar el traspaso de las bases de datos.

“La cuestión a desentrañar se ciñe en determinar si la base de datos de la Anses constituye un recurso del que puede disponer el Estado para difundir los actos de gobierno”.

El jefe de Gabinete venía de zafar, una semana antes, cuando el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió rechazar otra denuncia contra Peña, realizada por los diputados Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade por presunto “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “abuso de autoridad” y “violación de secretos y de la privacidad” a raíz del uso de la base de datos de la Anses.

Uno de los ítem de cooperación que surge del acuerdo entre la Argentina y el Estado de Israel en asuntos de Seguridad Pública e Interior prevé, en su artículo 7, el intercambio de datos personales.

En el artículo 6, que lleva el título de “Intercambio de información”, se deja establecido que las partes acuerdan “asegurar la protección apropiada de toda información clasificada, conocimientos y pericias que se intercambien entre ellas frente a cualquier acceso no autorizado, alteración, publicación o diseminación”, entre otras cuestiones sensibles.

Pero particularmente respecto de los datos personales, se expresa: “Conforme el presente acuerdo, significarán toda información relacionada a una persona física identificada o identificable. Una persona identificable es aquella que puede ser identificada, directa o indirectamente, con referencia a cualquier otra información”.

Y se señala cuáles serán “las provisiones” que se “aplicarán al intercambio de datos personales y al manejo de los datos personales transmitidos”:

  • 1. La comunicación, el mantenimiento y el procesamiento de Datos Personales estarán sujetos a la normativa local de la Parte respectiva relacionada con la protección de la privacidad y los datos personales;
  • 2. Los Datos Personales serán transmitidos bajo este Acuerdo solamente para fines que sean de competencia de la autoridad policial y que fueran mencionados bajo el Artículo 3.
  • 3. Cuando los Datos Personales son provistos o requeridos, la solicitud deberá especificar los motivos y el propósito de la misma, y los fines para los cuales la información solicitada será utilizada. En ausencia de dichas indicaciones, la información solicitada no será transmitida.
  • 4. Los Datos Personales transmitidos bajo este Acuerdo sólo serán utilizados a los fines para los cuales fueron comunicados, o al ser transmitidos en función de una solicitud, dichos datos serán utilizados solamente para los propósitos que fueran mencionados en la solicitud respectiva, y en conformidad con las condiciones establecidas por la Parte que los provee. Los Datos Personales que fueran transmitidos bajo este Acuerdo pueden ser utilizados con otros fines, que sean de competencia de la autoridad policial, sólo con el previo consentimiento explícito por escrito de la Parte que los transmitió.
  • 5. Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 18 (2) de este Acuerdo, la transmisión a terceros Estados o cuerpos, de Datos Personales transmitidos bajo este Acuerdo no será permitida, excepto con el previo consentimiento explícito por escrito de la Parte que los transmite, y bajo los términos de su ley local. Dichos datos sólo serán utilizados para fines que sean de competencia de la autoridad policial, y que fueran mencionados bajo el Artículo 3.
  • 6. Cada Parte adoptará las medidas necesarias, incluyendo medidas técnicas para salvaguardar los datos personales adquiridos de conformidad con este Acuerdo, de la destrucción accidental o ilegal, pérdida, difusión o modificación accidental, acceso no autorizado o cualquier otro tipo de procedimiento no autorizado.
  • 7. Cada Parte mantendrá registros sobre las transmisiones, recibo y destrucción de la información. Los registros en particular indicarán el propósito de la transmisión, el alcance de la información, las autoridades involucradas y las razones de la destrucción, si la información hubiese sido destruida.
  • 8. Los Datos Personales intercambiados entre las Partes serán protegidos al menos con los mismos estándares aplicados por la Parte que los provee, en conformidad con la legislación local de las Partes.

Pese a los presuntos recaudos que se mencionan, la experiencia indica que la mera manipulación de parte del Estado de la información y datos personales constituye un riesgo para la libertad y privacidad individuales, pero cuando esos datos e información son suministrados a otro Estado, la peligrosidad de ese accionar se multiplica exponencialmente.

La historia del macrismo en torno del espionaje a ciudadanos, la combinación de esas prácticas con las que lleva adelante un sector de la Justicia federal respecto de las escuchas telefónicas, su utilización política y las implicancias que derivan de esa manipulación en términos de amplificación por parte de sistema de medios hegemónicos, debería alertar a la dirigencia opositora, máxime tomando en cuenta que el acuerdo de marras elude por definición la revisión legislativa de su contenido, que resulta en extremo peligroso.

Fuerzas en pugna

Esta semana tomó estado público el enojo de la cúpula militar por el vergonzoso aumento salarial que el Gobierno nacional le asignó a los altos mandos de la Fuerzas Armadas (FFAA).

El aumento del 8 por ciento dispuesto por Macri causó un gran malestar, y tan es así que los comandantes de las tres fuerzas le informaron al Presidente que este año no se realizará el tradicional desfile por el Día de la Independencia en la avenida Libertador.

Una de las derivaciones de esa mezquina política salarial es el paro que el personal civil de las FFAA dispuso llevar adelante el próximo 12 de julio.

El vergonzoso incremento forma parte del ajuste del presupuesto comprometido con el FMI, que lleva a reducir el 13 por ciento el gasto en salarios, pero el Gobierno, además, sustituyó el coeficiente de determinación del Suplemento por Responsabilidad Jerárquica y también el coeficiente de Suplemento por Administración del Material, y asignó una suma remunerativa, no bonificable y no acumulable de entre 2 mil y 4.500 pesos, de acuerdo al grado del personal militar.

La gota que rebasó el vaso fue cuando los altos mandos castrenses comprobaron que el aumento que se les otorgó es inferior al que se asignó a las fuerzas de seguridad.

Si bien la versión oficial del Ministerio de Defensa de suspender el desfile militar del próximo 9 de julio es que se debe a una cuestión de falta de presupuesto, todas las fuentes consultadas coinciden en asegurar que la causa es el malestar de las FFAA ante el monto del incremento salarial que dispuso el Gobierno.

Según el sitio informativo Infobae, “el personal jerárquico de las FFAA deslizó la posibilidad de recurrir a la Justicia ni bien se conoció la resolución de los Ministerios de Defensa y Hacienda que otorgan una suma fija no remunerativa por dos meses para el personal militar jerarquizado en desmedro del aumento que percibirán las fuerzas de seguridad. Ante esta situación, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, anticipó que se revisen las escalas de los sueldos militares”.

El “suplemento por responsabilidad jerárquica”, la suma remunerativa, no bonificable y no acumulable ya mencionada de entre 2.000 y 4.500 pesos es para el personal con rango superior, esto es generales de división, vicealmirante, brigadier mayor, general de brigada, contraalmirante, brigadier, coronel, capitán de navío, comodoro, teniente coronel, capitán de fragata y vicecomodoro, resolución que firmaron los ministros Nicolás Dujovne y Oscar Aguad.

Los militares de rango menor percibirán los aumentos del 15 por ciento correspondientes a toda la Administración Pública, y en el caso del Ejército, el personal que cobra más de 40 mil pesos en bruto no tendrán aumento alguno, y se les otorgará las sumas fijas de 2.000 pesos en julio y 4.500 en agosto, luego de lo cual ya no recibirá ese incremento.

El portal de noticias señaló que “un destacado militar de las Fuerzas Armadas” confió off the record: “Esto va a provocar una avalancha de juicios como en la época de Cavallo ya que genera una desjerarquización de las Fuerzas porque un personal de rango menor pasará después a cobrar algo similar a un teniente general”.

Los roces con el Gobierno en torno de la preferencia de éste por las fuerzas de seguridad no son nuevos, y se justifican en que las últimas percibirán un incremento del 15 por ciento más una jerarquización equivalente al 6 por ciento.

Fuentes castrenses divulgaron que la diferencia entre un oficial jefe de las FFAA y uno de las fuerzas de seguridad es “abismal”. Un ejemplo de ello es el siguiente: un capitán de navío con 36 años de servicio percibe unos 73.150 pesos y un comandante mayor de la Gendarmería cobra 100.134 pesos mensuales.

Pero Infobae, el mismo jueves, señaló un dato clave que este semanario pudo constatar en diálogo con fuentes que mantienen estrechos vínculos con la cartera de Defensa que dice conducir Oscar Aguad: “El malestar que se vive en las Fuerzas Armadas tiene que ver también con el esfuerzo que está pidiendo el presidente Mauricio Macri a los militares para dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia”.

De hecho, Infobae había adelantado el domingo pasado que desde el 1º de agosto las Fuerzas Armadas trasladarán 500 efectivos militares a la frontera Norte, tres aviones Pampa y ocho helicópteros para dar apoyo a las fuerzas de seguridad.

Ese movimiento de tropas se concretará apenas 19 días después de la entrada en vigencia del acuerdo con Israel.

Si la última dictadura cívico militar dejó alguna enseñanza a las FFAA es que fueron juzgados como centuriones asesinos, desaparecedores y apropiadores de bebés en cautiverio, mientras los CEOs que les dieron las órdenes evadieron dar cuentas ante la Justicia.

Avispada de que los altos mandos no están dispuestos a repetir la historia, la nueva oligarquía viene adiestrando, mimando y pagando mejores salarios a sus nuevas cohortes represivas, esta vez integradas por policías provinciales, federales, gendarmes y prefectos.

Macri está jugando con fuego. La suma de impericia e impiedad, la insensibilidad ante las profundas señales de tensión social, que está llegando a un límite casi insoportable, puede ahogar a su Gobierno antes de que pueda siquiera poner en agenda sus coqueteos con la Mossad y el aparato represivo israelí operando en territorio nacional.

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