Luego de la escandalosa retención en prisión el domingo pasado, a pesar de la medida de un juez que había ordenado su liberación, el ex presidente de Brasil fue absuelto el jueves último de otro de los procesos en su contra. SIgue creciendo en los sondeos de intención de voto a presidente.

El domingo 8 de julio, faltando prácticamente un mes para el registro de candidaturas para las elecciones de 2018, Brasil vivió otro lamentable episodio para impedir que el candidato Lula pueda disputar las elecciones. Un juez ordenó la libertad del ex mandatario y otros dos lo desautorizaron. Hubo tensión y el vecino país estuvo en vilo. Con la marcha atrás de la medida, una vez más quedó una sensación de bochorno institucional que recorrió el mundo entero. En ese marco, Luiz Inácio Lula da Silva fue absuelto el jueves pasado en uno de sus seis procesos pendientes. La judicialización de la polÍtica es una mancha que oscurece las democracias en la región. Mientras el ex mandatario sigue preso, continúa a la cabeza en los sondeos de intención de voto.

El caso de habeas corpus interpuesto por diputados federales del Partido de los Trabajadores, Wadih Damous, Paulo Teixeira y Paulo Pimenta, para contestar el acto coactivo practicado por el Juez Federal Sérgio Moro, de Curitiba, que mantiene a Lula encarcelado, había sido aceptado por el juez Federal del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, Rogério Favretto, quien decidió conceder la orden para determinar la inmediata libertad del preso. Pero las autoridades judiciales y la Policía demoraron más de 12 horas en cumplir la medida y dieron tiempo a una jugarreta legal para impedir su liberación.

Según destacaron las crónicas de medios internacionales, entre los hechos más escandalosos del día estuvo la actuación desesperada del Juez Sergio Moro que, incluso disfrutando de sus vacaciones en Portugal, llamó a la sede de la Policía Federal para intentar impedir la liberación de Lula y, como tal, actuó  ilegalmente contra un superior jerárquico dentro del sistema de justicia, Favretto, un desembargador que recibió la solicitud de habeas corpus y que tenía competencia para decidir sobre una decisión sobre la libertad.

El escándalo tuvo repercusión mundial. El diario El País de Madrid, llegó a titular “Por qué Lula ya ganó”, una reseña del corresponsal Juan Arias que destacó que luego de esa caótica jornada “Brasil ha descubierto que su sistema judicial está podrido”.

“La tragicomedia judicial del domingo –publica El País–  sirvió para dejar más al descubierto, si cabe, la fragilidad de todo el sistema jurídico brasileño que amenaza con contagiar al resto de las instituciones. El caso Lula podrá un día ser estudiado como el revulsivo que reveló que no puede esperar más una reforma de la justicia empezando por el Supremo, que se está revelando, con el espectáculo poco ejemplar del protagonismo de los altos magistrados, como la clave de toda la inseguridad política y hasta social que agita a Brasil”.

La presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffmann, denunció poco después la conjura del Poder Judicial para evitar la liberación del ex gobernante e impedir que sea candidato para los comicios del 7 de octubre y reiteró que inscribirán el nombre de Lula el próximo 15 de agosto como candidato para las elecciones.

El propio Lula ratificó el jueves pasado que no renunciará al pueblo brasileño para poder recuperar la democracia. Mediante un mensaje en su cuenta de Twitter, el ex mandatario reafirmó su candidatura a la Presidencia de Brasil para hacer que la nación suramericana crezca de nuevo con la justicia social.
Además, el líder popular recordó:  “Hace un año, el juez Sergio Moro me condenó a nueve años y seis meses de cárcel por «actos indeterminados». Esto es, los crímenes que no sabía cómo especificar y, sobre todo, probar. Un proceso adicto, conducido por un espectáculo mediático que culminó en mi prisión política”.

Al respecto, señaló que seis meses después el Tribunal Regional Federal de la 4° Región (TRF-4) confirmó “la mentira inventada por el grupo de trabajo del juez lava jato en otro juicio apresurado, con el único propósito de sacarlo de las elecciones”.

Al mismo tiempo que el ex mandatario se expresaba en las redes sociales desde su prisión en Curitiba, era absuelto en uno de sus seis procesos pendientes. Lula había sido acusado en 2016 de haber intentado comprar el silencio del ex director de la estatal Petrobras, Nestor Cerveró, quien había suscrito un acuerdo de colaboración premiada con la justicia en el marco de la causa Lava Jato. El fallo del juez federal Ricardo Leite destacó la falta de pruebas suficientes para sustentar la denuncia, basada en esencia en testimonios de los delatores.

Tras el fallo, la defensa saludó la decisión y apuntó que «evidencia aún más el carácter ilegítimo de las decisiones que lo condenaron» previamente en el caso en el que se le acusa de corrupción pasiva y lavado de dinero, por haber recibido un apartamento de la constructora OAS a cambio de apoyo en negociaciones con Petrobras.

«Mientras el juez de Brasilia, de forma imparcial, niega el valor probatorio a la delación premiada por ausencia de elementos para corroborar, el juez de Curitiba dio valor absoluto al testimonio de un delator informal para condenar a Lula», contestó el abogado defensor Cristiano Zanin Martins.

El ex presidente afirmó que era muy triste que el Gobierno del presidente Michel Temer, en el poder desde mediados de 2016 tras el golpe parlamentario a Dilma Rousseff, estuviera vendiendo parte del patrimonio público de forma que llamó irresponsable y a precio de banana para, según dijo, encubrir su ilegitimidad.  “Brasil necesita tener y consolidar su soberanía y desterrar el complejo de inferioridad que la elite brasileña siempre tuvo en relación a los Estados Unidos”, sentenció el ex jefe de Estado.

A la vez, algunos analistas evaluaron los daños económicos al país a raíz de estos irregulares procesos judiciales englobados en la denominada Lava-Jato, la operación de la Policía Federal para combatir la corrupción. “Por la forma como se está realizando ya es responsable de una grave contracción económica en el país, habiendo destruido empresas, sectores industriales y de la construcción civil con la excusa de combatir la corrupción generalizada”, publicó el sitio Nueva Tribuna, y agrega “Lo hace tratando de impedir que el candidato más popular a las elecciones soberanas pueda llegar a la disputa, lo que sólo hace aumentar la indignación popular y el sentimiento de engaño y de traición a la democracia”.

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