La alianza Cambiemos fue la única fuerza política en Santa Fe –de los partidos mayoritarios– que recibió la totalidad de los aportes privados para su campaña proselitista de las elecciones nacionales de 2017 en efectivo. Todo cash, sin un paso por entidades financieras. La modalidad de recaudación contrasta con las palabras que esta semana pronunció el máximo líder del sector, el presidente Mauricio Macri, quien pregonó la necesidad de “bancarizar los aportes” con el fin de “ir hacia un sistema que garantice la mayor transparencia posible”. La vicepresidenta Gabriela Michetti fue objeto de una investigación judicial –de la que resultó eficazmente absuelta en poco más de un año– luego de denunciar que le habían sustraído de su departamento en noviembre de 2015 unos 245 mil pesos y 50 mil dólares en efectivo, parte de los cuales eran fondos destinados a una cena de gala de la Fundación Suma que preside. En esa ocasión, los recursos donados también fueron, en su totalidad, en papel moneda.  

Macri hizo las declaraciones sobre la transparencia que brindan las transacciones bancarizadas en respuesta a una consulta sobre el escándalo por los aportantes truchos de la campaña bonaerense de Cambiemos, que salpica a la gobernadora de ese distrito, María Eugenia Vidal.

Ante la consulta referida a que en Buenos Aires, en 2017, Cambiemos presentó el 90 por ciento de los aportes de campaña en efectivo, y que las personas allí documentadas habían negado haber contribuido a la misma, el presidente esquivó: “La Gobernadora ha iniciado una auditoría para entender por qué pasó”.

En la provincia de Santa Fe, en idéntico turno electoral, Cambiemos fue menos eficiente en la bancarización de los aportes privados a su campaña, que llevó al ex rector de la Universidad Nacional del Litoral, Albor Niky Cantard, como cabeza de lista: el 100 por ciento de ese dinero, algo más de dos millones de pesos según declaró la fuerza política a la Cámara Nacional Electoral, ingresó en efectivo.

Vale aclarar que la ley actual de financiamiento de los partidos políticos no impide esa modalidad. Sí, en cambio, contrasta el discurso oficial tras el escándalo bonaerense con las prácticas que sus integrantes llevan adelante al momento de juntarla.

La transparencia en el uso de los dineros de campaña del PRO en Santa Fe posee un antecedente que estos días fue reflotado: la condena a Miguel Torres del Sel –dos veces candidato a gobernador de Unión PRO Federal– y a otros dos dirigentes por irregularidades en la administración de los fondos de campaña de 2011.

La sentencia emitida por el juez federal de la ciudad de Santa Fe con competencia electoral, Reinaldo Rodríguez, inhabilitó a Del Sel a presentarse como candidato a ocupar cargos públicos por seis meses.

El juez Rodríguez. | Gentileza Rosario 12

La decisión del integrante del trío cómico Midachi de abandonar la política a poco de haberla abrazado con el fin de adecentarla, permite presumir que el fallo le resulta inocuo. Dejó las recorridas proselitistas por los más cómodos camarines, donde los chistes machistas y las expresiones discriminatorias pagan más que en la esfera pública.

Efeté

Según el informe financiero presentado por Cambiemos ante la Cámara Nacional Electoral sobre los fondos de campaña utilizados para las elecciones de 2017 –en el caso de Santa Fe por sus candidatos a legisladores nacionales–, la alianza política identificada con el color amarillo recaudó 2.244.778,93 pesos para las generales, en concepto de “aportes y contribuciones privadas”.

Fue la segunda fuerza que más dinero recibió de privados, debajo del Frente Progresista Cívico y Social, que recaudó algo más de 3,7 millones de pesos para la magra cosecha de votos de su postulante, Luis Contigiani.

En tercer lugar aparece el Frente Justicialista, con aportes privados por 490 mil pesos destinados a la campaña de Agustín Rossi, cabeza de lista del peronismo santafesino.

Lo curioso es que la alianza entre el PRO, la UCR y el partido que orienta Elisa Carrió –que en Santa Fe no es la coalición cívica sino un espacio que lleva su apellido– fue la única de las coaliciones mayoritarias que recibió todo el dinero de aportes y contribuciones privadas en efectivo.

De acuerdo al informe financiero de Cambiemos, no recaudó ni un peso de campaña del sector privado mediante depósito bancario, transferencia bancaria o tarjeta de crédito, las otras opciones contempladas en la ley.

El rayo bancarizador que ahora emite el presidente Macri en su discurso público no se había gestado hace apenas un año, exponiendo incluso a algunos de sus aportantes a los vaivenes de la inseguridad pública.

Tal es el caso del presidente de la UCR santafesina y diputado provincial Julián Galdeano, quien llevó los 100 mil pesos de aporte a la campaña de Cantard en efectivo hasta las manos del recaudador de campaña de Cambiemos, de acuerdo a los documentos públicos. Un riesgo que podría haber evitado mediante una simple transferencia electrónica desde su teléfono inteligente.

Más complicado aún parece haber sido el derrotero de Georgina Bersano, quien aportó 50 mil pesos a la campaña santafesina de Cambiemos el 14 de noviembre pasado, si se tiene en cuenta que según los registros oficiales está radicada en la provincia de Córdoba, donde su principal actividad es el “cultivo de soja”, por lo que debió trasladar el dinero en efectivo más de 400 kilómetros.

A diferencia de Cambiemos, el Frente Progresista declaró ante la Cámara Electoral que de los 3,7 millones recibidos para la campaña de 2017 de origen privado, 70 mil fueron percibidos a través de depósitos bancarios y 3.700.698,99 ingresaron a su cuenta por medio de transferencias bancarias. Ni un peso en efectivo, según los papeles oficiales.

El Frente Justicialista, por su parte, declaró haber recibido 434.000 pesos de aportantes privados vía depósito bancario; 50 mil por transferencias del mismo origen y 6.510 pesos a través de tarjeta de crédito. Tampoco declaró ingresos cash, como los demodé de la derecha moderna.

Lo mismo el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), cuyos ingresos de aportes de origen privado fueron recibidos por depósitos bancarios, con excepción de 9.100 pesos declarados en la columna “sin informar”.

Antecedentes

La presunta falta de transparencia en la administración de los recursos destinados a financiar las campañas electorales de Cambiemos que ahora estalló en Buenos Aires posee un antecedente judicial en Santa Fe.

Se trata de una sentencia condenatoria del juez federal Rodríguez contra el ex presidente del PRO santafesino Miguel Torres Del Sel y los tesoreros de esa fuerza Norberto Principato y Diego Barreto, actual intendente de la localidad de Funes.

Fue por los recursos de la campaña para las elecciones de 2011, la primera vez que Del Sel se postuló a la Gobernación santafesina. El fallo se conoció en septiembre del año pasado y fue apelado por los defensores de uno de los condenados, por lo que aún no se encuentra firme.

El escándalo bonaerense que salpica a Vidal reflotó como novedoso ese fallo que está por cumplir su primer año de vida judicial.

La investigación fue iniciada por el fiscal federal santafesino con competencia electoral, Walter Rodríguez, en 2015, al detectar inconsistencias en las rendiciones de ingresos y gastos de la campaña de Unión PRO Federal.

En un primer momento, el juez Rodríguez aceptó el planteo de prescripción interpuesto por la defensa de Del Sel y cerró el caso, pero una apelación del fiscal del mismo apellido ante la Cámara Nacional Electoral lo reabrió.

Finalmente, en septiembre de 2017 el juez sentenció a Del Sel, Barreto y Principato a inhabilitación por seis meses para elegir o ser elegidos para cargos públicos nacionales o actuar como autoridades partidarias.

“El PRO no presentó los extractos bancarios de las dos cuentas declaradas y registradas en el Banco de la Nación Argentina, por lo que no se pudo hacer un análisis de las mismas”, señaló el juez Rodríguez en su fallo de primera instancia.

Subrayó que faltan la “acreditación del origen y/o destino de los fondos recibidos por parte del presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financiero de la campaña” de 2011.

En los considerandos de la resolución, el magistrado señaló que los tres imputados nunca subsanaron las observaciones que le formuló la Cámara Nacional Electoral, omitiendo informar partidas pendientes de cobro provenientes de aportes públicos del año 2011 por 50.985,65 pesos; aportes públicos para boletas de diputados generales por el monto de 213.441,12 pesos; aportes por diferencia de campaña a diputado en las primaria por la suma de 5.188,88 pesos y un listado de aportes privados de 5.004 pesos.

Según informó días atrás Rosario|12, el fallo fue apelado por la defensa del intendente Barreto y obtuvo un extraño dictamen del fiscal electoral Jorge Di Lello que, a pesar de ser el acusador, fundawwdictada por el juez federal Rodríguez.

Fuente: El Eslabón

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