La entidad denunció a la empresa Social Card por “utilizar artimañas dirigidas a personas que cobran pensiones o asignaciones sociales”, ya que vende “un servicio a base de contratos repletos de cláusulas abusivas”.
La titular de la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor de Rosario, María Julia Bonifacio, advirtió sobre numerosas denuncias recibidas por vecinos que aseguran haber sido engañados por la empresa Social Card. “Según se manifiesta, la empresa aduce que presta una ayuda social, creando confusión en el potencial cliente y estableciendo un sistema fácil de contratar pero prácticamente imposible de lograr la baja del servicio”.
La institución explicó la modalidad: “Por lo general la metodología de cobro es a través de un sistema de adhesión a un débito automático en las cuentas donde se perciben las pensiones sociales y asignaciones”.
Bonifacio amplió: “La modalidad comercial se realiza en las zonas de aquellos bancos donde se cobra este tipo de beneficio. Allí valiéndose de diferentes acciones y manipulaciones terminan induciendo al consumidor a contratar el servicio mediante pago por débito automático. En otros casos, se presentan personalmente en la casa de los posibles clientes cobrando directamente las cuotas en efectivo”. La titular de la institución apuntó: “Vale destacar que todas estas personas damnificadas se encuentran expuestas por sus condiciones sociales y son avasallados en sus derechos individuales”.
La titular de la Oficina del Consumidor remarcó que “se trata de un contrato de adhesión redactado por la propia empresa, en el que se advierten diversas cláusulas abusivas, pasibles de ser declaradas nulas ya que colocan al consumidor en situación de desprotección absoluta”.
Analizando las condiciones, se ha detectado que una de ellas le impide al cliente la facultad de rescindir el contrato durante seis meses, caso contrario deberá abonar las seis cuotas, por tratarse de lo que llaman “un tiempo mínimo de vigencia”. Para Bonifacio, “esto provoca un desequilibrio significativo de los derechos y obligaciones entre las partes, en claro perjuicio del consumidor”.
Otra cláusula abusiva que desvirtúa los derechos del consumidor es que establece la posibilidad de modificar las condiciones contractuales, sin notificar ni solicitar el consentimiento del cliente, y además se faculta a la empresa a transferir la cartera de clientes a otra entidad.
También se genera de forma automática la prórroga del contrato, salvo que el usuario informe su voluntad en contrario, para lo cual debe realizarlo con 60 días de anticipación y con la única posibilidad de rescindirlo una vez transcurridos los seis meses mencionados con anterioridad.
En definitiva –destacó la funcionaria– “nos encontramos con un contrato que presenta un cúmulo de cláusulas excesivas, que tiene como un único fin el de provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor”.
Por último, Bonifacio expresó: “Desde la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario queremos alertar sobre esta práctica abusiva a los ciudadanos y alentar a todos aquellos que se consideren damnificados por esta empresa, a que se acerquen a nuestra entidad para hacer la denuncia correspondiente”.
También en Mar del Plata y Salta
Redacción Rosario, además, constató denuncias por estafas de ese tipo de la misma empresa en la ciudad Mar del Plata, y Bonifacio aclaró que también las hubo en Salta.
En la ciudad balnearia, a partir de la intervención de diversas reparticiones oficiales, clausuraron un local comercial de Social Card –ubicado en Falucho 2720– luego de cuantiosas denuncias de consumidores que señalaban haber sido engañados por esa empresa.
Según publicó el sitio web 0223, “la modalidad comercial consistía en la visita de promotores de Social Card a los domicilios de marplatenses ubicados en los barrios El Martillo, La Herradura, Hipódromo, Cerrito Sur, y Nuevo Golf, entre otros. Allí se les consultaba si poseían un beneficio asistencial por parte del Estado y, una vez cumplido ese recaudo, se les ofrecía la entrega de material para la construcción, refacción o terminación de su vivienda”.
Sin embargo, una vez que el consumidor se acercaba al lugar, se enteraba de que la entrega de materiales no resultaba ser uno de los servicios a los cuales se habían adherido, sino que, según explicó la oficina local de Protección al Consumidor, “Social Card sólo prestaría seguro de accidentes personales, ayudas económicas por fallecimiento, servicios de óptica y un sistema de puntos para el canje de productos”.
Sin embargo, luego de que el municipio marplatense anunció la clausura del local de Social Card, el representante de la empresa, Matías Arza, rechazó las acusaciones, aseguró que sólo se trataba de “malentendidos”, y presentó una denuncia penal contra el director de Lealtad Comercial municipal porque, según sostuvo, éste lo amenazó y golpeó durante el operativo de clausura.
La sede principal de la empresa Social Card está ubicada en Córdoba.
