El gobierno de derecha de Mauricio Macri habilitó en los últimos días una batería de aumentos que meten mayor presión inflacionaria y afectan los ya castigados ingresos de la población. En medio de una tensa pax cambiaria, los efectos de la brusca devaluación de los últimos meses se hacen sentir en el día a día. A la vez que impulsa tijeretazos para 2019 que afectarán a los más débiles, Cambiemos decretó un importante recorte en las asignaciones familiares para trabajadores y trabajadoras en blanco, siguiendo directivas del Fondo Monetario Internacional. Después de varias protestas callejeras y presentaciones judiciales, el macrismo dejó en suspenso por un mes la rebaja en las asignaciones mientras analiza “el alcance de la medida”. La recesión económica se profundiza y retumba el temido tic tac de la crisis. Todo está escrito en el libreto del ajuste neoliberal, que el entramado mediático-político-judicial intenta soslayar.
Con el impacto de la devaluación, agosto arrancó con la noticia de un nuevo aumento en la electricidad para todo el país. El ministro de Energía, Javier Iguacel, quien mantiene participación en empresas petroleras mientras ejerce la función pública, anunció que el incremento promedio será del 25 por ciento para usuarios residenciales. El servicio eléctrico acumula un 55 por ciento promedio de aumento en lo que va del año. Nada cambió en este ministerio, la política energética es Iguacel a la del echado Juan José Aranguren, que también estaba de los dos lados del mostrador.
El tarifazo, con aval del FMI, traerá recalentamiento inflacionario. Los aumentos de los precios en las boletas de gas, luz, medicina prepaga, trámite del DNI y Pasaporte que comienzan a regir este mes empujarán la inflación para el segundo semestre de 2018, con proyecciones de hasta 35 por ciento anual, según diferentes consultoras. También habrá, ¡otra vez!, nueva ronda de aumentos en combustibles.
El viernes 27 de julio se publicó en el Boletín Oficial el decreto 702, donde el gobierno nacional plasma sustanciales cambios en el régimen de asignaciones familiares, lo que se conoce como salario familiar, eliminando incluso el plus o extra por zona. De ahí tanto enojo de los beneficiarios patagónicos, los más perjudicados con la medida. Fue una de las recomendaciones que hizo el Fondo Monetario al firmar el acuerdo/préstamo con la Argentina, con el objetivo puesto en “reducir el déficit fiscal”.
“Estas medidas se dirigen a recortar derechos sociales del sector registrado de la economía. Impactan en el bolsillo de los y las trabajadoras”, se señaló en un documento del Centro de Economía Política de la Argentina (Cepa) donde se analizó el alcance del recorte social. La medida perjudica a más de 500 mil beneficiarios en todo el país. Tras la protesta y el creciente malestar, el jueves 2 de agosto el Ministerio de Trabajo dispuso suspender por 30 días la rebaja a las asignaciones familiares. “Se realizará una evaluación del alcance de la medida y los tiempos de implementación de la misma, con el objeto de seguir trabajando para alcanzar un sistema de seguridad social más inclusivo y sustentable”, indicaron desde la cartera que conduce Jorge Triaca.
Más allá de este caso puntual, la intención de profundizar políticas de ajuste contra los trabajadores y los más humildes, y beneficiar a sectores acomodados de la sociedad, está escrita en el proyecto de Presupuesto 2019, donde, para cumplir el acuerdo con el FMI, el macrismo impulsa recortes en programas sociales, menos recursos para salud y ayuda alimentaria, despidos de empleados públicos y menos fondos para las provincias.
El Indec difundió datos que ponen números al enfriamiento del mercado doméstico. La industria se hundió 8,1 por ciento en junio, en la comparación interanual, y anotó el peor registro en la era Macri, con caídas en casi todos los sectores. Fue el peor resultado desde 2002, en plena crisis tras la salida de la convertibilidad. Para encontrar una cifra negativa de tales características a la del sexto mes de este año hay que remontarse al 2009, en medio de la crisis financiera internacional. Es difícil que la actividad fabril revierta la tendencia, con lo cual se espera una fase en baja de acá a fin de año.
De acuerdo al organismo de estadísticas públicas, en los primeros cinco meses de 2018 los salarios perdieron casi cuatro puntos frente a la inflación. Los más perjudicados fueron los trabajadores no registrados y los del sector público, donde sigue la ola de despidos. En ese lapso de tiempo, el aumento de precios al consumidor fue del 11,9 por ciento, contra una suba en los haberes del 8,3 por ciento. De esta forma se agranda la diferencia entre el salario mínimo y el costo de la canasta básica alimentaria.
La caída del poder adquisitivo tiene su correlato en el consumo. La consultora Kantar Worldpanel analizó que la venta de bienes de consumo masivo cayó 2 por ciento medida en volumen en junio en forma interanual, con lo cual el actual nivel de compras se igualó con los períodos más bajos de 2017. La acelerada inflacionaria y la suba del dólar le pegaron de lleno al nivel de consumo, sobre todo en hogares de menores ingresos. Kantar estima que la tendencia negativa se acentuará en el segundo semestre del año.
“Las estadísticas oficiales empezaron a reflejar las consecuencias de la sequía y la corrida cambiaria, de modo tal que la economía ya comenzó a procesar los efectos de la crisis. La perspectiva de dos años seguidos de crecimiento quedó frustrada, y la discusión económica giró hacia la duración y profundidad de la recesión”, se señaló en el último informe de coyuntura que publicó el Instituto de Trabajo y Economía (ITE), de la Fundación Germán Abdala.
“Las pocas señales positivas que enviaba el mercado de trabajo previo a la crisis están desapareciendo de manera prematura, y las primeras estadísticas encienden luces amarillas. No sólo se profundiza el deterioro de los ingresos reales, sino que incluso el empleo precario, que había compensado el deterioro de los puestos de trabajo de calidad, se estaría viendo afectado”, se alerta en el documento de análisis.
“De cara a una discusión de suma importancia como la del Presupuesto 2019, las finanzas públicas han sintetizado los efectos de dos años y medio de gobierno de Cambiemos. La fuerte presencia de los intereses de la deuda y el rol protagónico que está teniendo la seguridad social en el programa de ajuste son dos elementos clave. La pretensión que tiene el FMI de acotar las fuentes de financiamiento no hace más que agravar las perspectivas de sostenibilidad de la deuda pública”, se indicó.
En el informe del ITE también se hizo hincapié en que “la viabilidad de la contención inflacionaria sigue estando supeditada a la posibilidad de sostener en el tiempo la estabilidad del tipo de cambio lograda en las últimas semanas. El activismo del Banco Central se vio reforzado con el cambio de autoridades, pero hasta el momento los fundamentos de la economía tuvieron modificaciones marginales. A pesar de la devaluación, la posición del sector externo es todavía frágil. De materializarse un escenario más adverso para el tipo de cambio, los riesgos de una crisis de mayores proporciones no deberían despreciarse”.
Las graves consecuencias sociales y económicas que trae y deja el modelo de Cambiemos quedan aplastadas por bolsos, cuadernos y libretas. Ni ajuste, ni despidos. Mejor sigamos hablando de la “corrupción K”.
Fuente: El Eslabón
