Dos de los quince imputados en la causa conocida como megaestafa, que investiga la apropiación indebida de dos campos y tres inmuebles urbanos por una red delictiva integrada por escribanos, empresarios, testaferros y tahúres con recursos presuntamente originados en el narcotráfico, podrían evitar la sanción penal de sus acciones ilícitas mediante acuerdos económicos celebrados con las víctimas, entendimientos que poseen el consentimiento del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Sólo resta la homologación por parte de un tribunal para que el desarrollador inmobiliario de la torre Aqualina y agente de Bolsa, Jorge Luis Oneto, y el gerente general del Multimedios La Capital (Grupo América), Pablo Marcelo Abdala, resulten libres de culpa y cargo de las imputaciones por lavado de activos en concurso real con falsificación ideológica de instrumento público y con asociación ilícita. Por los que les habían pedido penas de cuatro y seis meses de reclusión.

Los acuerdos a los que arribaron esta semana tras varios meses de negociaciones Oneto y Abdala con los propietarios de un campo de 124 hectáreas en Villa Amelia que habían adquirido de modo ilícito, se fundan en el criterio de oportunidad que establece el artículo 19 del Código Procesal Penal de Santa Fe.

Particularmente en su inciso quinto, que permite llegar a un entendimiento de reparación civil “cuando exista conciliación entre los interesados, y el imputado haya reparado los daños y perjuicios causados en los hechos delictivos con contenido patrimonial cometidos sin violencia física o intimidación sobre las personas, salvo que existan razones de seguridad, interés público o se encuentre comprometido el interés de un menor de edad”.

No existió violencia física ni se lesionó el interés de un infante en el desapoderamiento ilegal del campo propiedad de Ana Josefina Luppi, pero es más discutible si existen o no “razones de interés público” en el caso, que tiene como escenario una de las regiones donde las investigaciones del fenómeno narco se detienen en los comercializadores pero no continúan hacia los financistas ni los lavadores del producido por esa actividad ilícita.

La celebración de acuerdos de resarcimiento patrimonial, que se ajusta a la ley, emplea el criterio de oportunidad en beneficio de imputados y víctimas, pero desestima el interés público de llevar por primera vez a juicio a una red de estafadores presuntamente financiada, según la acusación del fiscal de Delitos Complejos y Económicos Sebastián Narvaja, con recursos de la comercialización de estupefacientes. O, dicho en otras palabras, se pierde una oportunidad.

De acuerdo

Según informaron a El Eslabón desde el MPA, esta semana se realizaron dos audiencias para presentar los acuerdos a los que arribaron por un lado Oneto y por el otro Abdala con los propietarios del campo arrebatado, del que ambos formaron parte como peldaños de un pasamano que intentó –sin suerte– ocultar la maniobra fraudulenta original de desapoderamiento del inmueble rural a su propietaria, viuda de un ex camarista de Rosario.  

“La dueña (del campo) llegó a un acuerdo de resarcimiento económico importante con dos de los imputados en rol secundario, Abdala y Oneto”, precisó la fuente del MPA.

“Con ese acuerdo que llevó meses de negociación –continuó–, se presentan al fiscal (Narvaja) y hacen el pedido de aplicación del criterio de oportunidad, se elevan los acuerdos al fiscal superior (Patricio Serjal) y se presentan en audiencia los detalles del arreglo económico”.

Según trascendió, Abdala acordó con Luppi, la propietaria del inmueble rural de 124 hectáreas ubicado en Monte Flores, distrito de Villa Amelia, la devolución del 50 por ciento del campo y una reparación consistente en la entrega del 50 por ciento de un departamento en la torre Aqualina (con la que cobró la venta ilegal del inmueble rural), de una oficina en el edificio Embajador Real del centro de Rosario y de 50 mil dólares en efectivo. Ese millón y medio de pesos –al tipo de cambio de esta semana– contempla una indemnización equivalente a lo que la propietaria no pudo obtener por la producción de su tierra desde que mediante un ardid se la sustrajeron en febrero de 2014.

El acuerdo propuesto por el agente de Bolsa Oneto y aceptado por Luppi consiste, por su parte, en la devolución del otro 50 por ciento del campo y una indemnización de 200 mil dólares.

“Es un acuerdo económico importante”, sostuvo la fuente del MPA consultada para esta nota. “Los jueces tienen que evaluar si se rige dentro de la ley. Si lo aceptan se homologa y los imputados tienen que hacer efectivo el pago del dinero y el traspaso de los bienes, y se detiene la acción penal” contra los acusados, detalló.

Junto al contador y propietario de una clínica de implantes dentales que lleva el apellido familiar, Marcelo Basilio Jaef, el gerente Abdala y el agente bursátil Oneto constituyen la pata empresaria de la trama que investigó el lavado de activo a través del fraude inmobiliario.

En los tres casos son personas de fortuna cuyo patrimonio permitía darle visos de legalidad a la compra-venta del campo apropiado en forma ilícita. El primero fue acusado de más delitos que Abdala y Jaef y su situación procesal es más compleja, por lo que no suscribió los aliviadores acuerdos delineados por el criterio de oportunidad.

El cuarto imputado susceptible de integrar la categoría de empresario es Leandro David Pérez, Lelo, titular de sociedades y de una concesionaria de automóviles sobre cuyo origen del financiamiento existen fundadas sospechas por su vínculo con el narcotraficante asesinado en diciembre de 2013, Luis El Gringo Medina.   

Antes de aparecer en las páginas policiales, Lelo estuvo en las de espectáculo por mantener un presunto y fugaz romance con la vedette Vicky Xipolitakis.

En su acusación, Narvaja indicó en el caso de Pérez que “canaliza movimientos de fondos ilícitos a través de la compra y venta de autos de alta gama, valiéndose de la posibilidad de comprar y vender vehículos sin figurar registralmente en las operaciones”. Pidió siete años de prisión para él y una multa por 73 millones de pesos.

Paralelamente, una sociedad en la que participa Lelo, Reina Automotores SRL, es investigada por la Justicia Federal de Rosario a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre presunto lavado de dinero a través de esa concesionaria.

La apropiación

El campo que Abdala y Oneto se comprometen a reintegrar a su legítima propietaria, si los jueces Héctor Núñez Cartelle, Hernán Postma y José Luis Suárez homologan el acuerdo de partes, lo tuvieron registrado a su nombre el gerente de La Capital y el contador Jaef entre el 4 de julio de 2014, cuando se lo compraron al sindicalista Maximiliano Rodrigo Fabián González De Gaetano por la ridícula suma de 3,2 millones de pesos, y el 27 de mayo de 2015, fecha en la que “vendieron el inmueble obtenido ilícitamente a Jorge Oneto –quien conocía la procedencia ilícita del mismo– en la aparente y vil suma de 3,5 millones de pesos”, señala la acusación de los fiscales Narvaja y Valeria Haurigot, quienes realizaron la investigación.

¿Por qué obtenido ilícitamente? Porque el campo de Villa Amelia, propiedad de Ana Josefina Luppi, no fue cedido voluntariamente por la mujer sino apropiado mediante “una compra-venta fraudulenta” organizada por el timador Juan Roberto Aymo.

Involucrado en los cinco casos –dos terrenos rurales y tres inmuebles urbanos–, Aymo fue, de acuerdo a la acusación de los fiscales, el que inicio todos los trámites, de forma idéntica.

En el caso del campo de Villa Amelia, el 13 de febrero de 2014 obtuvo un poder trucho firmado por el escribano Eduardo Martín Torres, a través de la falsificación de la firma de Luppi, que lo autorizaba a “que en su nombre y representación, ceda, venda y transfiera, a favor de quien resulte comprador, por el precio y la forma de pago que crea conveniente, ya sea en forma conjunta o separada la fracción de terreno de campo de 124 hectáreas situado en Monte Flores, Distrito de Villa Amelia”.

De acuerdo a las constancias de la causa, el 31 de marzo de ese año se lo vendió a González De Gaetano por “la vil suma” de tres millones de pesos (el valor de mercado trepaba entonces a 18 millones), a través de un documento registrado por el escribano Juan Bautista Alliau, que para los fiscales conocía, también, la ilicitud del acto.

Como se dijo antes, De Gaetano lo transfirió a Marcelo Jaef y Pablo Abdala, quienes pagaron 3,2 millones por la transacción. Antes de que se cumpliera un año de la tenencia del inmueble rural se lo vendieron por 3,5 millones a Oneto, quien les pagó con un departamento en la torre Aqualina, una de las más altas y modernas de Rosario, con amplia vista al río Paraná.  

Para los fiscales, dicha venta se realizó “con el objetivo de que el mismo siguiera circulando en el mercado y adquiriera apariencia de origen lícito”. El 2 de septiembre de 2016 el campo volvió a ser vendido: esta vez Oneto se lo transfirió a Juan Marcelo Borgui –ligado a la inmobiliaria Gilli– por 1,6 millones de dólares, es decir a precios de mercado. Esa operación fue considerada por el Poder Judicial como “de buena fe”.

Los investigadores indicaron al momento de efectuar las acusaciones que comprador en las sombras, cuando el campo fue transferido de Abada y Jaef a Oneto, era Lelo Pérez.

Las conversaciones grabadas por la Justicia entre Jaef y Abdala tras la venta también echan luz sobre el asunto. El primero trata de tranquilizar al gerente de La Capital diciéndole que el problema “cada vez está más lejos”.

“Nosotros ya pasamos a ser un intermediario”, se alivia, creyendo que la venta a Oneto los desliga de responsabilidad penal.

Abada, igualmente, continúa preocupado por su situación. Si bien ante la Justicia declaró que el campo lo compró a medias con Jaef a cambio de un dinero que le había prestado, en las charlas con su amigo asegura que sólo figuró como testaferro.

“Yo soy dueño de la mitad del campo por hacer un favor, y dentro de tres años capaz que tengo que pagarle la mitad de algo a alguien, y ni siquiera la recibí”, se lamenta sobre un posible reclamo.

Luego le dice a Jaef que es un prestanombre del negocio de otro: “Vos lo tenés (al campo), no yo, ¿Entendés? Yo voy a tener que pagar de mi plata, el millón setecientos cincuenta mil”, en referencia a la mitad del valor que le pagaron a De Gaetano por el inmueble rural. “Es sencillo lo que te digo. Porque es una cosa súper lógica, porque como yo soy testaferro, ¿entendés? Por eso cago, porque soy testaferro”.

En otra llamada, Jaef revela que el negocio era de Lelo Pérez.

Le dice a Oneto: “Pablo (Abdala) tiene que salir. Y no entra más…y yo tampoco, y yo tampoco porque yo no hice nada. Yo no te vendí nada a vos Jorge. La operación la hizo él (por Lelo), la operación de compra mía la hizo él, entonces que se ocupe él”.

¿Sin juicio oral?

La mayoría de los quince imputados en la causa –que tuvo repercusión pública al inicio y se apagó después– tejen acuerdos de juicios abreviados con la Fiscalía, de modo de aceptar el delito cometido achacado y la sanción correspondiente a cambio de una disminución en las penas. Con excepción de los empresarios mencionados, que tomaron el atajo del oportuno y criterioso entendimiento entre las partes. Que, vale repetirlo, no sólo es legal sino que requiere el consentimiento de la víctima, el principal afectado por la tramoya. En cambio, se pierde la posibilidad de un juicio oral en el que se ventile por primera vez el presunto recorrido del dinero narco en inversiones más o menos legales, de esas que hicieron estallar en Rosario el boom de la construcción.

Si el acuerdo por aplicación del criterio de oportunidad prospera, aquellas angustias telefónicas de Abdala y Oneto serán solo un mal recuerdo que enterrarán con dinero y propiedades. La extinción de la acción penal que supone el resarcimiento patrimonial hará que sus legajos judiciales queden limpios, como plata recién lavada.

Torre Aqualina. | Foto: Manuel Costa

La sombra de Los Monos

Cuando el año pasado el fiscal de Delitos Complejos y Económicos Sebastián Narvaja realizó en audiencia pública la imputación a los detenidos en la megaestafa, acusó tanto al iniciador de las presuntas estafas Juan Roberto Aymo como al empresario Leandro Pérez y al sindicalista Maximiliano González De Gaetano de “vinculación con actividades ilícitas capaces de generar beneficios económicos, en particular vinculaciones con integrantes de la denominada banda de Los Monos, investigada y procesada por delitos vinculados al narcotráfico y otros ilícitos”, según se lee en la imputación.

Por entonces los cabecillas de la narcobanda de zona sur sólo estaban procesados, ahora ya fueron condenados pero no por comercialización de estupefacientes, sino por los delitos de asociación ilícita y homicidio, en algunos casos.

Para la Fiscalía, Aymo, De Gaetano y Pérez reunían “las características de exteriorizar un flujo de gastos y bienes inusual y de un volumen significativo (propiedades, autos de alta gama, gastos elevados, manejo de sumas significativa de dinero en efectivo)” que no se condicen con su perfil fiscal.

Un informe de la unidad de investigación de la Fiscalía Regional de la Segunda Circunscripción sostiene –en base a documentos de organismos oficiales– la “inexistencia de negocios lícitos que justifiquen la adquisición de bienes o las operaciones financieras que ejecutan” los acusados.

Si bien la imputación se centra en cinco casos de desapoderamiento de inmuebles, el fiscal cree que a través de una asociación ilícita conformado por los acusados circulaban recursos de origen ilícito.

“La organización también contaba con la capacidad y se encontraba predispuesta para procesar flujos financieros provenientes del narcotráfico y de otras actividades ilícitas, con el fin de aplicarlas a operaciones con la consecuencia posible que adquieran apariencia de origen lícito”, sostiene la acusación.

El fiscal Narvaja indicó en el caso de Pérez que “canaliza movimientos de fondos ilícitos a través de la compra y venta de autos de alta gama, valiéndose de la posibilidad de comprar y vender vehículos sin figurar registralmente en las operaciones”.

Además de ser titular de la sociedad investigada por la Justicia Federal a instancias de un informe de la UIF, Pérez compartió acciones en “Repuestos Exclusivos SRL” con Gustavo Spadoni, detenido en julio de 2013 y luego procesado por el envío de 1.235 kilos de cocaína a Portugal camufladas entre peras.

Marchan los abreviados

La investigación de los fiscales Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot en la megaestafa se centró en cinco casos de supuesta apropiación indebida de inmuebles rurales y urbanos, en los que se repetían algunos nombres y el modus operandi.

El más relevante, por el monto en juego, es el campo de 124 hectáreas en Villa Amelia desapoderado a Ana Josefina Luppi, ex esposa de un camarista (ver nota central).

Los otros casos son la compraventa fraudulenta del 50 por ciento de una fracción de terreno también en Villa Amelia; una casa ubicada en Presidente Roca 20 –que no llegó a concretarse–; otro inmueble en Eva Perón al 7600 y un quinto en Viamonte 5390.

En todos los casos la operación se inicia con un poder falso a favor del –también falso– corredor inmobiliario Juan Roberto Aymo, a quien según esos papeles los titulares dominiales de las propiedades lo autorizaban a venderlas. Quien firmaba esos poderes apócrifos era, invariablemente, el escribano Eduardo Martín Torres.

Al solicitar la elevación a juicio de la causa, el fiscal Narvaja pidió 14 años de prisión para el escribano y una multa de 54 millones de pesos, igual pena y monto que para Aymo.

Para Ramona Rodríguez, esposa de Aymo y receptora de las ventas ilegales de algunos de los inmuebles, el fiscal solicitó prisión de tres años y seis meses y multa por cien mil pesos. Las mismas que para Jonatan Javier Zárate, un ex chofer de un camión que tenía Aymo, y quien aparece en unos de los casos como el comprador de uno de los inmuebles apropiados ilegalmente.

Narvaja solicitó la pena de siete años de prisión y multa por 73 millones para Maximiliano González De Gaetano, el dirigente sindical que participó de la presunta estafa con el campo de Villa Amelia. Fue uno de los compradores en un largo pasamanos del inmueble que terminó vendiéndose a un comprador de buena fe. Es uno de los mencionados en la acusación por su supuesto vínculo con Los Monos.

Para el escribano Juan Bautista Alliau, que participó de ese mismo caso, el fiscal pidió cinco años y seis meses de prisión y multa de 54 millones, más diez años de inhabilitación especial para ejercer su profesión. “Es el facilitador de las maniobras ilícitas de fraude y de puesta en circulación de bienes producidos ilícitamente, dándole con su actuación aparentes visos de legalidad e insertando la documentación apócrifa en los carriles institucionales”, había planteado el fiscal.

Otro de los escribanos involucrados fue Luis María Kurtzemann. El fiscal pidió cinco años y seis meses de prisión y multa de 54 millones. También diez años de inhabilitación.

Si bien el proceso aún no concluyó, fuentes del MPA informaron que la mayoría de los imputados transitan la negociación con la Fiscalía de acuerdos de juicio abreviado, que implica una condena por aceptación de la responsabilidad penal, con el beneficio de una reducción de las sanciones correspondientes de acuerdo a la escala penal de los delitos achacados a cada uno.

 

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