En el marco de la Universidad Itinerante, Coad realizó una jornada frente a los tribunales, junto al espacio Juicio y Castigo, en la que se puso foco en el rol de la educación pública en el fortalecimiento de la democracia.
Un día antes de la multitudinaria marcha universitaria de unas 20 mil personas del jueves pasado en Rosario en defensa de la educación pública, en el marco de las medidas de fuerza que los docentes sostienen desde hace tres semanas, se cumplió otra jornada de la Universidad Itinerante frente a los tribunales federales de Oroño 940, en los que se reflexionó sobre el rol de la universidad, la memoria y los derechos humanos. Mientras tanto, a nivel nacional se decidió continuar con el paro y marchar el próximo jueves 30 de agosto a plaza de Mayo y realizar una intersindical que exprese la defensa de la educación pública en su conjunto, además de exigir la ejecución de los 3.800 millones de pesos quitados del Presupuesto
“La idea de la Universidad Itinerante es constituir un experiencia de lucha retomando la idea de la Escuela Itinerante de Ctera (2017) en defensa de la universidad pública y el derecho a la educación”, señala Guadalupe Aguirre, delegada docente y profesora de la Facultad de Psicología de la UNR.
En el acto realizado el miércoles último frente a los tribunales federales, se debatió en distintos paneles sobre los juicios de lesa humanidad, las marcas del genocidio, el acompañamiento a testigos en los juicios, las leyes de reparación, el tratamiento del tema en materias de psicología y el protagonismo del movimiento obrero estudiantil de los 70, además de los discursos de los miembros del Espacio Juicio y Castigo y del sindicato docente de Coad. Como músico invitado, participó Jorge Fandermole.
Universidad para todas y todos
“El no llamado a paritarias en más de dos meses y la situación de subejecución del presupuesto de la universidad, nos lleva (desde la Coad) a discutir esta forma de lucha de forma más creativa, llegar a la ciudadanía y redoblar la apuesta contra quienes dicen que hay muchas universidades y los pobres no llegan a la facultad. Nosotros peleamos por Universidades para todas y todos”, expresa Guadalupe Aguirre.
“La idea de estas jornadas frente a los tribunales donde se juzgan delitos de lesa humanidad intenta abarcar las construcciones de los derechos humanos para hacerle lugar a la memoria”, agrega.
“La universidad debe incluir la temática de la memoria y los derechos humanos, porque es transversal a nuestra profesión. Esta perspectiva no puede quedar fuera de la universidad, nos llega al alma. Además, participaciones como la del músico Fandermole nos llenan de esperanza y de ganas de diseñar una estrategia de lucha en común”, sostiene la además trabajadora de la salud mental.
“Las marcas del genocidio”
Fernando Gómez, docente de la cátedra de Organizaciones e Instituciones, en la Facultad de Psicología, indica que se trabaja para “incorporar la reflexión sobre los derechos humanos, el genocidio, y las marcas que dejó el terrorismo aún en la actualidad”
“Esos espacios son sólo posibles dentro de la universidad pública. A una universidad privada no le interesa este tipo de reflexión, ya que para sostener un modelo neoliberal es necesario impulsar la violencia como algo cotidiano y normal”, resalta el catedrático.
Sobre la Universidad Itinerante, destaca que estos actos, clases públicas y asambleas, “son lugares en los que está presente la dimensión de la creación política”.
También instó a “fracturar los circuitos de improductividad en instituciones en las que se escatima la palabra al aceptar sus lugares respectivos”.
Miembro de la misma cátedra y parte del grupo de acompañantes a testigos víctimas de juicios de lesa humanidad, José Santucho, indica que “la dictadura robó la solidaridad social, los lazos sociales e impuso un manto de silencio de unos 30 años”.
“Pero así como el Estado vulneró los derechos humanos, debe hacerse cargo de esta situación y ser el responsable de cierto carácter restitutivo, también en el espacio de la salud pública”, sentencia.
La reparación
“No caemos en la educación pública, la elegimos porque es un derecho humano que tiende a igualar posibilidades”, afirma Ana Laura Condrac, psicóloga y miembro de la Secretaría Derechos Humanos, y agrega: “Un gobierno democrático es el que asume sus responsabilidades. Por eso es importante el papel de la universidad y de los docentes en la construcción de los derechos humanos. La educación debería estar atravesada por los derechos humanos”.
Sobre las víctimas del terrorismo, Condrac resalta que “las leyes reparatorias nacionales están encuadradas dentro de lo que es un plan de políticas públicas integrales orientadas a la reparación de víctimas, lo que implica diversos aspectos laborales, económicos, de políticas sociales y psicológicas”. “Lo reparatorio exige reconocer que hubo un daño y que la dictadura cívico militar y eclesiástica, dejó marcas genocidas”, sostiene, y sintetiza: “Cuando se bajan los cuadros de Videla y Bignone en el colegio militar, cuando se quita del prólogo del Nunca Más la teoría de los dos demonios, cuando se logra restituir al 24 de marzo como Día de la memoria y verdad y justicia, son actos reparatorios fundamentales”.
“En la cátedra de Organizaciones e Instituciones B –cuenta la profesora Juliana Lacour–, desde hace unos doce años buscamos trabajar las marcas que dejó el terrorismo, no en un intento de transmitir información, sino de poner en análisis ese histórico social al que pertenecemos”.
“Intentamos pensar los discursos justificativos que perduran aún después de la dictadura. Un gran analista, Fernando Ulloa, desde el 73, empezó a pensar la clínica con algunos resortes indispensables, al ser convocado a hacer pericias psicológicas a gente que fue torturada, trabajó desde el concepto de ternura en el psicoanálisis”, indica.
¿Qué haríamos sin educación pública?
Agustina Michelosi estudia Psicología y es presidenta del Centro de Estudiantes. “Participamos de la movida con Coad porque es una forma de visibilizar el tema, para que el gobierno nos escuche, que toda la sociedad lo visibilice”, dice.
“Debemos preguntarnos por los derechos humanos en el ayer, y como se vulneran hoy. Vemos que los gobiernos no toman a la educación pública como prioridad, y también un vaciamiento de la educación que apunta a la mercantilización de los profesionales”, analiza la estudiante, y propone: “Por eso el paro debe ser activo, lleno de actividades. El camino es unirnos y estar en la calle”.
En tanto, otro estudiante, Facundo Romano, destaca que hay que visibilizar la situación para que se discuta también en otros sectores de la sociedad. “Nuevamente se están vaciando las facultades de estudiantes provenientes de los sectores de los trabajadores. El recorte es un robo”, señala.
Por su parte, Marlen, otra alumna, subraya que la esencia de este paro no es únicamente salarial, sino que “hay una cuestión de política de Estado”. Y desliza: “La pregunta es: ¿qué haríamos los estudiantes si no tuviéramos la posibilidad de ir a la universidad pública?”.
Enfrentar al ajuste
Para Matilde Bruera, titular de la cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Abogacía de la UNR e integrante del Centro de Derechos Humanos “Juan Carlos Gardella”, la lucha por los derechos humanos llenó de contenido la lucha por la democracia. “En los 70 buscaba recuperar a las víctimas, luego fue la lucha contra la impunidad y más tarde por construir la verdad y transformar los juicios de la verdad en juicios penales. Y se dio en el contexto de un gobierno que asumió como política de estado la lucha por los derechos humanos”.
“En la actualidad, la implosión del movimiento feminista también hizo visible la represión sobre las mujeres, mediante la tortura de abuso y violencia sexual”, remarca.
También señala que hay que instalar esta lucha en el contexto actual: “El terrible y profundo ajuste que produce la gran miseria, con la desocupación y el desguace de la universidad pública”.
“Aún sin ser una dictadura, porque fue elegido por el voto, este gobierno no es democrático por su contenido. La lucha debe incluir los derechos sociales e incorporar masivamente a los estudiantes y a la población en general. Hay una urgencia de enfrentar el ajuste hoy, no esperar al 2019”, resaltó.
Defender todo
Nadia Schujman, abogada querellante de particulares, militante de HIJOS, se sumó a la defensa de la educación: “Soy graduada de la UNR y debemos devolver al Estado lo que invirtieron en nosotros. Y defender a la universidad pública para que otras y otros puedan formarse en ellas, porque es un derecho humano fundamental. Este modelo va por todo, y nosotros queremos defender todo”.
“Los juicios (por la Verdad y la Justicia) tienen vigencia, aunque haya una estrategia mediática y del gobierno para convencernos de que son parte de la construcción de nuestro presente y futuro. Además de las víctimas de la dictadura, todos vivimos las consecuencias del genocidio”, expresa. “Desde Hijos reivindicamos el legado de que la realidad se transforma a travésde la lucha colectiva y en las calles”, remarca Nadia.
Producción y autocrítica
“Estos acontecimientos son necesarios para articular lo que produce la Universidad con lo que ocurre en estos tribunales. En las universidades no sólo circula el conocimiento, sino que se produce”, indica Natalia García, profesora de Historia Socio Política del Sistema Educativo Argentino y autora de libros como El caso Vigil. Historia social, educativa y política de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil (1933-1981)”, publicado en 2015.
Pero admite que hay una enorme deuda de la democracia: impulsar el carácter popular de la universidad, la llegada de clases populares. “Cuando la gente se queja por el uso del espacio público, en la protesta, también debemos ser autocríticos, ver y pensar en cómo llegamos al otro”, sostuvo.
Espacio Juicio y Castigo
Ana Moro nunca dejó de buscar a su hermana Miriam y a su cuñado Roberto De Vicenzo, secuestrados y desaparecidos en septiembre de 1976 por el terrorismo de Estado.
Frente a los tribunales, la mujer, una fundadora de Familiares de Desaparecidos de Rosario, señala que es docente jubilada y que piensa que el gobierno quiere mantener a las facultades pagando una miseria a los profesores. “Desde el Espacio Juicio y Castigo se convocó y adhiero a la actividad frente a los tribunales porque la educación es un derecho humano”.
