Santa Fe y su deuda con los pueblos originarios

Violentos desalojos, destrozos en una comunidad qom, detenciones, operativos sin orden judicial, amenazas y abusos de autoridad, son parte de los delitos cometidos contra las comunidades originarias en todo el país. Como en el sur, en el norte santafesino –con la complicidad e impunidad de la policía y funcionarios municipales de Las Toscas– destrozan un asentamiento y persiguen su cacique y pobladores.

“Dígale a su hijo que se deje de joder, que esto ya se terminó”, le advirtió Marcelo Beltrán, jefe de la comisaría 5ª de Las Toscas, a Ofelia Quiroga, de 66 años. La “recomendación” estaba dirigida a Darío Pereyra, de 41 años, cacique de la comunidad originaria N´hala.

El miércoles 16 de agosto, Darío fue detenido al regresar del Chaco, tras recibir la información sobre el violento desalojo cometido en su comunidad, en las afueras de Las Tocas. La población pertenece al departamento de General Obligado, a unos 480 kilómetros de la capital santafesina, y está bañada por humedales sobre el Paraná.

El río es ancho

El hostigamiento recibido por Pereyra fue constante durante toda la detención, indica el abogado Juan Gómez, del Consejo Consultivo y Participativo de Pueblos Indígenas (CCPPIRA), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. El cacique permaneció 8 horas detenido, varias horas en un baño, mientras un grupo de oficiales golpeaba la puerta del baño con la tonfa reglamentaria, le gritaban en la puerta, se le reían haciendo alusión a su detención.

En la presentación, el letrado señala que un oficial le dijo al cacique: “Si sacás la denuncia contra el intendente Leandro Chamorro (Frente Progresista, Cívico y Social), vas a la Municipalidad, te devuelven las cosas y te van a ayudar para estar bien con tu familia”.

Pero otro agente le advirtió que tuviera en cuenta que “el río es ancho, tiene mucha agua y trae troncos de árboles”. Y que si seguía molestando “iba a desaparecer”.

Antes de liberarlo, el comisario Marcelo Beltrán le dijo: “Dejate de joder, Darío, ya no puedo soportar más esta situación, vengo aguantando al Intendente que me presiona. Esto se acabó, hace tiempo que tenía que haberte corrido a los tiros”.

Preservar la identidad

En la comunidad vivían unos 15 adultos con 11 chicos y chicas, y ocupaban tres casillas”, detalló el abogado. La historia se remonta al 7 de octubre de 2016, cuando cerca de 42 familias se instalaron en dos hectáreas, en una zona alta de las afueras de la ciudad y cercana a la laguna. El sitio había sido adquirido por el municipio a un productor de apellido Gazzola. Luego se sucedieron interminables trámites reclamando al gobierno, tribunales y al Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos (Ipas), que reconocieran la pertenencia de esa comunidad a ese territorio ancestral, como demuestran la existencia en la zona de vestigios materiales y relatos. Durante años las familias buscaron vivir en comunidad para preservar su cultura, historia, celebraciones y lengua.

Encapuchado y sin orden judicial

Retomando la detención del cacique, al regresar a su territorio (después de 11 horas aproximadamente), “personal policial sin mediar palabra procedió a su aprehensión, llevándolo nuevamente esposado al destacamento policial”. El abogado Gómez señala que al llegar el cacique a la comisaría, se le indicó que la Policía no estaba involucrada en el desalojo, que era cuestión del Municipio, y que desconocían si existía orden judicial. Tras concretar el cacique su denuncia por el despojo, un oficial le manifestó que si ingresaba nuevamente también sería detenido.

El cacique se dirigió a la Fiscalía y al Juzgado Penal de las Toscas, donde le admitieron que no había actuaciones al respecto, y que no se había emitido ninguna orden de desalojo en perjuicio de su comunidad.

La tierra que da la vida

Desde la recuperación, en octubre de 2016, se apuran maniobras para desalojarlos de sus humildes viviendas de chapa, cartón, plásticos y troncos. En ese tiempo, una asistente social le pidió al Intendente alguna obra para darle luz y agua, pero el funcionario insultó a la asesora de la fiscalía, por lo cual se inició una causa por violencia de género.

En aquel entonces, varios patrulleros vigilaban el lugar y hasta lo alambraron para que no se agregaran más familias y que no llegaran materiales al territorio.

“Si nos sacan del medio donde vivimos, quedamos sin la vida en comunidad para preservar nuestra cultura, historia, lengua; sin los cementerios, el barro y el agua”, decía Darío.

El cacique afirma que su abuelo, Miguel Pereyra, “era cacique de esta zona más alta del territorio, tras las crecientes bajaban a las orillas por la caza y la pesca. Este lugar está aún regado de restos de cerámicas”. También remarca que “a tres kilómetros de territorio hay un cementerio, los blancos lo usan para el turismo y no nos dan participación alguna. La gente va en lanchas, da la vuelta y mira; esa zona sagrada también es parte de nuestros reclamos». Además reclamaban 365 hectáreas de islas en el Jaaukanigas, “pero la comisión internacional que administra el lugar, nunca nos admiten nuestro pasado”.

Pedidos de sumario

El abogado Gómez (CCPPIRA) elevó a la secretaría de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe un pedido para que inicie los sumarios administrativos y adopte medidas precautorias a fin de salvaguardar la integridad física de Pereyra, su familia y su comunidad, además de “sancionar al personal policial involucrado en los hechos denunciados”.

La causa judicial se basaría en daños vinculados a la usurpación y de mal desempeño de los deberes de  funcionarios públicos, por la actuación del Intendente y otros funcionarios municipales.

En tanto, las familias de la comunidad no pudieron regresar al territorio por haber sido destruida totalmente por las topadoras y por el incendio que provocaron.

El debate sobre la tierra

El jueves 16, en la Sesión Ordinaria de la Cámara provincial, la diputada Claudia Giaccone (Bloque Juntos por Santa Fe) presentó un proyecto solicitando a los legisladores que manifiesten el repudio a “tan violento e ilegal episodio”. Remarcó que “el tema de tierras de pueblos originarios es el gran tema que tenemos que resolver en nuestra nación, y en nuestra provincia”, y advirtió: “Uno siente que faltan representantes de esas voces”.

Por su parte, el diputado provincial Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), presentó un proyecto de comunicación el 22 de agosto, en el que se exige: “El desalojo, incendios de viviendas y la detención del cacique, necesitan una explicación por parte de los organismos dependientes del Estado provincial”.

“El caso revela una vez más la serie de prejuicios y una cuestión de clases que hoy se impone en los 19 departamentos de Santa Fe, con la particularidad de que en el norte, en General Obligado y 9 de Julio, la propiedad de la tierra se expresa con defensores de lo político, judicial y policial”, continuó Del Frade, y se explayó: “Debemos investigar y poner de manifiesto el rol de la policía de Santa Fe, atenta a los requerimiento del poder y la propiedad, pero lejos de brindar el servicio público de seguridad”.

Y explicó que “el pedido de informe se realizó para discutir qué pasa en Santa Fe con los pueblos originarios, la propiedad de la tierra y la supuesta independencia de los poderes”.

Las huellas en la tierra

Una de las formas de destrabar los conflictos territoriales en gran parte del país es la utilización de la antropología, la arqueología y la historia para aplicar la investigación y confirmar la preexistencia que nadie duda. Sobre el caso de Las Toscas, la antropóloga Cristina Pasquali, que con su grupo visitó el año pasado el lugar, indicó: “Fuimos al sitio e hicimos sólo una evaluación en superficie donde constatamos que la cantidad de fragmentos, en un 90 por ciento cerámicos, es alta e indica que es un sitio indígena”.

«Hay que plantear una estrategia metodológica, un plan de trabajo para ver el contexto de esos materiales y ver si se puede dar un fechado al sitio”, resaltó la investigadora.

Por otra parte, no sólo el asentamiento, también todo el territorio donde existen pruebas de la preexistencia de pueblos originarios, debería ser protegido paralizando el avance de inversiones para explotarlos y asegurar la tutela del patrimonio cultural, a través del Ministerio de Innovación y Cultural, aplicando la ley nacional 25.743, de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico.