“La universidad pública es posible y necesaria”, afirma Natalia Bustelo autora del libro Todo lo que necesitás saber sobre la Reforma universitaria, en días en los que se quiere desde el gobierno transitar un camino inverso, hacia una educación para pocos y conservadora.
A cien años de la huelga y revuelta estudiantil que tuvo lugar en Córdoba y que democratizó la vida en los claustros universitarios, además de haber tenido repercusiones mundiales, la Reforma Universitaria es tema de debate en estos días en los que se quiere desde el gobierno transitar un camino inverso, hacia una educación para pocos y conservadora.
Según la doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, magister en Sociología de la Cultura por la Universidad Nacional de San Martín y profesora de Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de San Martín, “los Estados no deben concebir la educación superior como un privilegio o un negocio, sino como un derecho”.
Para Bustelo los Estados no “gastan” en educación primaria, secundaria y superior, sino que «invierten el dinero que recaudan de los impuestos y, sobre todo, son los únicos que tienen la capacidad de garantizar un acceso a la cultura y a diversas profesiones que no esté mediado por criterios mercantiles”.
En una entrevista en Redacción Rosario, la docente dejó su impresión sobre el pasado y el presente de la Universidad argentina.
—¿Cómo ves la situación en la universidad en este momento?
—El Centenario nos encuentra con universidades más democráticas, masivas y científicas que las de 1918, cuando estallaba en Córdoba la Reforma Universitaria. Además, contamos con un sistema científico-tecnológico de un despliegue impensable entonces. Pero también nos encuentra con un marco general de devaluación y crisis económica que, por decisiones gubernamentales y condicionamientos políticos, impacta de modo brutal en las universidades públicas. Por un lado, el empobrecimiento de la sociedad dificulta que las nuevas generaciones y sus familias puedan tener tiempo y dinero para estudiar en las universidades. Por otro lado, el drástico ajuste presupuestario, que se inició hace dos años y en estos meses se agrava, ha puesto en crisis las tres tareas universitarias: la docencia, la investigación y la extensión.
—¿Es posible la Universidad pública? ¿Es cierto que la universidad gratuita sirve para sostener y dar posibilidades sólo a los ricos o clase media?
—La universidad pública es posible y necesaria. Los Estados no deben concebir la educación superior como un privilegio o un negocio, sino como un derecho. Los Estados no “gastan” en educación primaria, secundaria y superior, sino que invierten el dinero que recaudan de los impuestos y, sobre todo, son los únicos que tienen la capacidad de garantizar un acceso a la cultura y a diversas profesiones que no esté mediado por criterios mercantiles. Históricamente, los estados latinoamericanos fundaron sus universidades luego de los procesos de independencia para regular la práctica de la medicina, abogacía e ingeniería. Hoy se han sumado muchas más profesiones y sigue siendo fundamental que exista esa regulación estatal.
Lamentablemente, en muchos Estados de América Latina prima una concepción mercantil de la educación y en torno a los tres niveles educativo se desarrolló un mercado financiero que –porque incentiva la educación pública arancelada o la privada– pone en jaque el acceso masivo a la educación pública. Desde ya que esto se registra en Argentina y se ha acentuado en las últimas décadas, pero tenemos que reconocer que se trata de una escala mucho menor al resto de los países del continente. Analizando la cantidad de universidades que se fundaron en la última década, su distribución geopolítica y la proveniencia social del estudiantado es sumamente difícil sostener que la universidad gratuita da posibilidades solo a ricos y clases medias. Claro que hay una probabilidad mayor de ingresos de ricos y clases medias, pero si los Estados detectan esas tendencias –y tienen datos para probarlas– no deben salir pública y alegrementemente a saludarlas, sino desarrollar políticas públicas que reviertan esas tendencias. Recordemos que no hay candidatas o candidatos políticos que no asuman como una tarea central el achicamiento de la brecha entre ricos y pobres. Pero una vez en el gobierno sus decisiones políticas renuncian a esa tarea.
—¿Qué legado dejó la Reforma universitaria del 18?
—La toma del rectorado de la Universidad de Córdoba, el 15 de junio de 1918, representa una ruptura en la serie histórica: invocando el “grito de Córdoba”, una parte de las juventudes cultas de América latina construyeron en pocos años un movimiento político-cultural distante de las Repúblicas oligárquicas y del nacionalismo belicista. En la década anterior los estudiantes americanos se habían congregado para definir una agenda de renovación universitaria. Los centros de estudiantes y las federaciones estudiantiles fundadas luego de 1918 transforman esa agenda gremial: la vinculan por primera vez a los reclamos por repúblicas más igualitarias, a la solidaridad con el movimiento obrero y, en varios casos, al movimiento emancipatorio mundial. Esa vinculación es impensable sin el pasaje de una República oligárquica a una democrático-liberal que Argentina realiza en 1916, que Uruguay había transitado años antes y que, con poco éxito, Perú y Chile intentaron unos años después. El otro factor es la Revolución Rusa: desde 1917 las derechas y las izquierdas se reconfiguran a partir de la expansión del bolchevismo y no son pocos los grupos estudiantiles que enlazan Reforma Universitaria y Revolución Social, a lo que, desde el I° Congreso Internacional de Estudiantes en 1921, se suma la Revolución Mexicana.
—¿Como lo tomó el gobierno de entonces?
—Yrigoyen fue sumamente receptivo al reclamo estudiantil. En agosto de 1918 emitió un decreto que obligaba a las universidades a reformar sus estatutos para disponer, entre otras cosas, asistencia no obligatoria de los estudiantes, libertad de cátedra, concursos docentes y representación estudiantil en el gobierno universitario. Ese podía haber sido el cierre de la Reforma. Pero, por un lado, varias autoridades se negaron a esas reformas y, por otro, las nuevas revueltas, de las que también fueron parte los centros estudiantiles de los Colegios Nacionales y grupos de otros países, confirmaban que el movimiento reformista excedía la democratización universitaria.
—¿Cómo se actualiza hoy, aquella gesta?
—En el siglo XXI la Reforma se actualiza tanto en el reclamo por presupuesto como en el trazado de una agenda comprometida con los problemas sociales del presente, la ampliación de la democracia y las garantías de universidades públicas y gratuitas.
Pero la Reforma también se actualiza con un reclamo que debería haber formado parte de los comienzos del movimiento reformista: el derecho de las mujeres a recibir educación universitaria así como la igualdad civil y política de las diversidades sexo-genéricas. En 1918 las mujeres ya habían comenzado a ingresar a las universidades e incluso se habían organizado en agrupaciones, de conexión latinoamericana, que reclamaban igualdad civil, política y cotidiana. Desde ya que las barreras misóginas pervivieron durante todo el siglo XX. Pero también encontramos algunos grupos reformistas que saludaron y se aliaron al feminismo. Nuestra nueva ola feminista pone en el centro este reclamo. Y dos días antes del centenario de la Reforma, vimos al movimiento feminista –en el que las y los estudiantes jugaron un papel fundamental– desplegar las mismas prácticas políticas que los reformistas con la que estallaba la Reforma: ante una votación crucial los feminismos presionaron a sus representantes –hace cien años profesores, hoy legisladoras y legisladores– a través de una gran campaña mediática y una manifestación masiva, dos iniciativas orientadas a mostraba cuál era la correcta representación que se les había delegado.
