Se cumplieron dos años del golpe que destituyó a Dilma Rousseff el 31 de agosto de 2016. Y como para “conmemorar” ese quiebre institucional que dio lugar al gobierno ajustador de Michel Temer, el Tribunal Superior Electoral (TSE), que viene actuando como una herramienta de los poderes fácticos que dieron el golpe, impugnó la candidatura de de Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones del 7 de octubre.
El último sondeo de la encuestadora Datafolha lo sigue ubicando a Lula primero con el 39 por ciento a veinte puntos de distancia de su principal adversario el ultraderechista y apologista de la dictadura militar, Jair Bolsonaro, quien llamó a “fusilar a la petralada” mientras simulaba disparar con una ametralladora utilizando un trípode. “Petralada” es un término despectivo con el que se designa a los militantes de izquierda.
La nueva provocación del ex capitán del Ejército dio lugar a una denuncia penal por incitación al asesinato por parte del Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista de Brasil y el Partido Republicano del Orden Social.
Las amenazas y la violencia verbal son una constante en el candidato de ultraderecha. Como señala el viejo lugar común: “la violencia engendra más violencia”. Y esta vez esa violencia se volvió contra el propio apologista de los crímenes más aberrantes. El jueves 6 de septiembre Bolsonaro fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña en la ciudad de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais.
Según informó la Policía Militar, el candidato fue alcanzado por una persona que lo atacó cuchillo en mano y luego fue detenida por la multitud que rodeaba al ex militar.
El ataque ocurrió cuando el ultraderechista, que se presenta por el Partido Social Liberal (PSL) era llevado en andas por algunos de sus seguidores, quienes segundos después del ataque lo retiraron del lugar.
“Gracias a Dios la puñalada fue apenas superficial, él está bien”, escribió minutos después del ataque publicó en su cuenta de Twitter Flávio Bolsonaro, hijo del candidato.
Momento exacto del ataque sufrido por el candidato presidencial Jair Bolsonaro en Brasil https://t.co/hMsTJcvDdL pic.twitter.com/k1NvYpIbeR
— RT en Español (@ActualidadRT) 8 de septiembre de 2018
Según una encuesta del Instituto Ibope tras la impugnación de Lula, la intención de voto de Bolsonaro subió del 20 al 22 por ciento, lo que lo convierte en el favorito en la primera vuelta de las presidenciales del 7 octubre en un escenario sin el líder del PT.
Pero sus posibilidades se achican en la segunda vuelta. Su imagen negativa es muy alta: alcanza un 44 por ciento, la mayor entre todos los candidatos y candidatas.
La idea es borrar a Lula de la campaña
La decisión del TSE de impugnar a Lula se tomó tras trece horas de deliberaciones que se desarrollaron entre la noche del viernes 31 de agosto y la madrugada del sábado 1 de septiembre, con mucha celeridad, para evitar que la imagen de Lula sea incluida en la campaña electoral.
El TSE rechazó la candidatura de Lula en el marco de la ley de “Ficha Limpia” –que impide a un condenado en segunda instancia presentarse a cargos electorales–, dio plazo al PT hasta el 12 de septiembre para encontrarle un reemplazante al líder, prohibió realizar actos de campaña por Lula y ordenó retirar su nombre de las urnas electrónicas.
Pero además quedó en evidencia que la embestida de la derecha no es solo contra Lula, sino contra el proyecto del PT. Y, más precisamente, contra cualquier proyecto que pueda resultar una alternativa al ajuste neoliberal que está llevando adelante Temer a favor de los sectores más concentrados de la economía.
La alianza entre la Justicia, los medios hegemónicos, las corporaciones económicas, las fuerzas armadas y las distintas expresiones de la derecha y la ultraderecha, por solo mencionar algunos de los actores fundamentales de la conspiración que viene operando contra la soberanía popular, está dispuesta a todo. Primero encarceló y proscribió a Lula. Y después fueron a la caza del plan B del PT.
El martes 4 de septiembre se presentó en Fiscalía una denuncia contra el candidato a vicepresidente y compañero de fórmula de Lula (el plan B del PT), Fernando Haddad, que se basa en una confesión realizada por el empresario Ricardo Pessoa, ex presidente de la constructora UTC Ingeniería.
La Fiscalía acusó Haddad de recibir de manera indirecta recursos para su campaña de reelección como alcalde de San Pablo en el 2012. Según la denuncia, la constructora UTC habría pagado una deuda de 2,6 millones de reales (cerca de 626.500 dólares) para la campaña de 2012.
Pero la embestida no termina allí. El martes 4 el TSE asestó otro golpe al PT y prohibió la emisión de una publicidad radial ex presidente Lula aparecía como candidato. El TSE determinó que la publicidad, que ya fue emitida el sábado 1 de septiembre en diferentes frecuencias de radio del país, no vuelva a salir al aire.
Además, fijó una multa de 500 mil reales (aproximadamente 120 mil dólares) por cada emisión que no tome en cuenta la prohibición por parte de la Justicia de la candidatura de Lula.
La defensa de Lula presentó un pedido ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para que el organismo se pronuncie sobre la prohibición que el TSE le impuso al ex presidente para competir en las elecciones del 7 de octubre.
Según el PT, la idea es acudir a la organización internacional para asegurar que Brasil cumpla con el pronunciamiento que oportunamente hiciera la ONU sobre los derechos de Lula, de modo que le exigirán a este organismo un nuevo documento donde reitere la obligación del Estado brasileño a cumplir con sus obligaciones internacionales.
“Vamos a tomar todas las medidas para que el pueblo pueda elegir al próximo presidente de la República sin los artificios que están siendo desplegados para sacar a Lula de la carrera presidencial”, explicó Haddad luego de conocerse la decisión del TSE.
“Conforme a lo anunciado el sábado por el PT y por nuestra presidenta, Gleisi Hoffmann, nuestra intención es apelar la decisión”, dijo Haddad.
“Le presentamos a Lula todas las posibilidades jurídicas y le dijimos que quedábamos a su disposición. El decidió, junto con su grupo de abogados, en primer lugar pedir a la ONU que se manifieste sobre la decisión de las autoridades electorales brasileñas en relación a la declaración del organismo de que su candidatura fuese registrada por el TSE. En segundo lugar, hacer una petición al Supremo Tribunal Federal (equivalente a la Corte Suprema). Son dos peticiones, dos recursos”, agregó Haddad.
“No pensamos que Brasil iba a contradecir una determinación de un organismo internacional. Vamos a tomar todas las medidas para que el pueblo pueda elegir al próximo presidente de la República sin los artificios que están siendo desplegados para sacar a Lula de la carrera presidencial”, señaló Haddad.
La derecha está dispuesta a todo
Lo que está en juego en las elecciones presidenciales del 7 de octubre es mucho más que la presidencia de Brasil. Un triunfo de Lula sería una señal importante, un freno al avance de la derecha en la región. Por eso el establishment está dispuesto a todo para impedirlo.
“Este año será decisivo para los rumbos futuros de América Latina, en particular por las elecciones en los dos países de más peso en la región, México y Brasil. En México se dio la victoria de la izquierda, con la elección de López Obrador. Pero ese país podría quedar aislado y no representar un cambio significativo para el conjunto de la región, conforme se diera el resultado electoral en Brasil”, analiza Emir Sader en la nota publicada en Página 12 “Brasil revierte la ofensiva derechista”.
“El viraje conservador en el continente tuvo en el golpe del 2016 un momento determinante, al sumar a la derrota de la izquierda en Argentina, otro gobierno de derecha para desarticular el eje que había sido responsable fundamental de los avances en los procesos de integración latinoamericana. Desde aquel momento los dos gobiernos han pasado a ser referencia del nuevo panorama latinoamericano, con predominancia de gobiernos de derecha”, agrega Sader, que considera que un triunfo de la derecha en Brasil consolidaría el viraje conservador en la región.
Un triunfo de Lula, en cambio, incidiría claramente en la correlación de fuerzas en toda la región. Por eso los poderes fácticos no tienen límites a la hora de impedirlo.
