Legisladores opositores, sindicalistas, pequeños y medianos empresarios cerraron fila para rechazar el proyecto de Presupuesto 2019 que el gobierno presentó en el Congreso. Entre otras consignas, el paro nacional en ciernes llama a resistir la aprobación de la iniciativa. “Es un presupuesto redactado por el FMI”, coincidieron los que enseñan los dientes al modelo macrista en una de las primeras reacciones que generó la denominada ley de leyes. La iniciativa oficial propone déficit cero, caída de la economía del 0,5 por ciento, una inflación del 23 por ciento, contra el 45 por ciento con que cerraría este año. Se calcula un dólar a 40,10, casi el mismo valor que en la actualidad. Mientras afloran recortes por todos lados, los recursos que más aumentan son los destinados al pago de intereses de la deuda externa. También queda flotando la posibilidad de un nuevo default.
“Es un presupuesto austero”, sostuvo el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne en defensa del proyecto, en un intento por minimizar el ajuste en partidas destinadas a diferentes áreas del Estado nacional, provincias y municipios. Siguiendo los dictados del Fondo, el macrismo está obsesionado con bajar el déficit, y para ello la única idea que exhibe es hachar el gasto público. La letra chica del presupuesto contiene cuestiones inconfesables, como recortes para jubilados, obra pública, salud, educación. La propuesta le da superpoderes al Poder Ejecutivo para reestructurar deuda sin tener la obligación de pasar por el Congreso. Este punto polémico parece anticipar, como se viene diciendo, que la bola de nieve del endeudamiento será arrolladora.
Gremios que conforman el Frente Sindical para el Modelo Nacional (encabezado por La Bancaria, Camioneros y Smata), además de convocar al paro nacional del 25 de septiembre, anunciaron una próxima movilización al Congreso cuando la Cámara de Diputados trate el proyecto de presupuesto para 2019. “Este presupuesto va a traer más desocupación, ajuste y flexibilización laboral”, alertaron. En igual sintonía se pronunció Hugo Yasky, de la CTA, al adelantar que después del paro habrá “una gran convocatoria para expresar el rechazo al presupuesto”.
En tanto, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) advirtió que el proyecto de Presupuesto para 2019 presentado por el gobierno “constituye en sí mismo la negación de todo lo que viene reclamando el sector para salir de la emergencia económica, sostener las unidades productivas y avizorar alguna perspectiva de reactivación”.
Según un comunicado de Apyme, el proyecto, por el contrario, “ratifica la continuidad y la profundización de una política económica procíclica, basada sobre el enfriamiento de la actividad y subordinada al objetivo de déficit cero comprometido con el FMI y el pago de la deuda pública (que alcanza según el proyecto el 87 por ciento del PIB y a la que se destinaría un 48,9 por ciento más que este año)”. De aprobarse tal cual está redactado, el pago de la deuda representará una 22,7 por ciento de todos los incrementos en términos absolutos que prevé el gobierno para el año que viene.
Para los pequeños y medianos empresarios, con el proyecto en danza que busca imponer Cambiemos “el mercado interno continuará fuera de las prioridades gubernamentales, como refleja la contracción del 1,6 en el consumo privado que se maneja en este presupuesto, con lo que las ventas pymes continuarán disminuyendo. La pretendida estabilización del tipo de cambio y las proyecciones de inflación a la baja, sin considerar la escasa credibilidad de las cifras, auguran que continuarán las elevadísimas tasas en el mercado de crédito, con el consecuente perjuicio para la demanda local y la inversión productiva”.
En el mismo comunicado, Apyme señaló que “la ausencia de políticas contracíclicas se refleja asimismo en los recortes asignados para la obra pública (un 30 por ciento en términos reales) y para el Ministerio de Producción y Trabajo, desde donde deben fomentarse los planes de apoyo sectoriales”. Y continuó: “Tampoco cabe esperar la regulación de la entrada de importaciones. A ello deben agregarse condiciones impositivas que acentúan el carácter regresivo del régimen actual. Entre ellas, intenta nuevamente imponer el pago de ganancias a cooperativas y mutuales, que habían logrado quedar exentas por no tener fines de lucro”.
Para sazonar el paro
La semana previa al paro del 25 estuvo plagada de indicadores negativos. Según informó el Indec, el desempleo llegó al 9,6 por ciento en el segundo trimestre, el guarismo más alto en doce años. Los datos revelan un aumento de casi un punto porcentual respecto del mismo período de 2017 y la tasa de desocupación acumula un alza del 2,4 por ciento en lo que va del año. Casi dos millones de argentinos no tienen empleo. Los alarmantes números aún no contemplan lo sucedido en el tercer trimestre, donde el deterioro del mercado de trabajo puede ser mayor, en un contexto de recalentamiento de los despidos, devaluación, corrida inflacionaria y recesión económica.
Por caso, la ministra de la Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, pintó un panorama sombrío al revelar que en la provincia hay unas 200 empresas con proceso preventivo de crisis, situación de bajón productivo y laboral que aqueja a unos 15 mil trabajadores de los rubros de línea blanca, carroceras, textiles y calzado, entre otros. En Electrolux, General Motors, Honda Guerrero, Helvética de Cañada de Gómez, Síntesis Química de Fighiera, Vasalli de Firmat, Metalsur de Villa Gobernador Gálvez, entre otras empresas, hubo suspensiones, adelantamiento de vacaciones, y hasta freno en la producción.
Y los que tienen la suerte de conservar el empleo ven como sus salarios alcanzan para comprar cada vez menos bienes y pagar menos servicios. Cuando termine 2018, el salario sufrirá una poda de alrededor del 16 por ciento, de acuerdo a estimaciones de especialistas del programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad de San Martín. “Una contracción importante en el poder adquisitivo de la masa salarial no sólo afectará las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias, también provocará graves consecuencias para una porción significativa de las empresas cuyo nivel de producción depende directamente del consumo interno”, se indicó en el informe.
Un estudio del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala sostuvo que el consumo sigue en picada. En agosto pasado, el consumo medido por el indicador mensual se contrajo un -2,9 por ciento anual, la tercera baja consecutiva. La serie sin estacionalidad arrojó una contracción de -0,8 por ciento mensual, y acumula una baja de -4,7 por ciento desde diciembre. La caída del empleo y el feroz incremento de los precios afectaron el nivel de demanda interna. El gobierno culpa a la sequía en el campo, aunque todos los indicadores negativos tengan relación directa con el giro político que experimenta el país desde 2015.
Las nefastas consecuencias que deja el programa económico que aplica Cambiemos, con redistribución de la riqueza a favor de los más ricos y empobrecimiento de las grandes mayorías populares, avivan el conflicto social. Quedarse sin trabajo, ver como se degrada la calidad de vida, ver que el salario no alcanza para satisfacer necesidades básicas, ver la entrega de soberanía son motivos más que suficientes para sacar la bronca a la calle o acompañar en sus reclamos a quienes protagonizan las protestas contra las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri. El paro nacional del sindicalismo y movimientos sociales vuelve a manifestar el rechazo al desguace neoliberal. Con él florecen consignas en contra del “Presupuesto del FMI”, los despidos, la desindustrialización, la reforma laboral, la dolarización de la economía.
