El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, afirmó que no se puede descartar una intervención militar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Uruguay, Cuba y hasta el Grupo de Lima censuraron la bravata injerencista. Venezuela lo denunció ante la ONU.

La embestida contra el gobierno de Nicolás Maduro y el pueblo de Venezuela no tiene freno ni límites: guerra económica, guerra mediática y, de ser necesario, guerra a secas: invasión militar. Maduro fue legítimamente reelegido por el pueblo venezolano en mayo de 2018, con el 68 por ciento de los votos. Sin embargo, la injerencia extranjera es desembozada. Hasta la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo que debe velar por la paz de la región, la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de las naciones, insinuó la posibilidad que los halcones del imperio vienen empollando hace años.

“En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción”, manifestó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en una rueda de prensa que dio en el lado colombiano del puente internacional Simón Bolívar, a pocos metros de la frontera con Venezuela.

Almagro visitó la ciudad fronteriza de Cúcuta “para ver sobre el terreno la situación de miles de venezolanos que emigran a diario de su país agobiados por la escasez de alimentos y medicinas”, entre otras privaciones.

“Las acciones diplomáticas están en primer lugar pero no se pueden descartar otras, dada la gravedad de la situación”, señaló Almagro.

El secretario general de la OEA acusó al régimen de Maduro de perpetrar “crímenes de lesa humanidad contra su población y violaciones de derechos humanos”.

Almagro, que dio una rueda de prensa junto al canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo García, y el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, lamentó “el dolor y el sufrimiento del pueblo venezolano”.

“Un pueblo venezolano que hoy es víctima de la represión, pero una represión distinta, incluso a las demás dictaduras que hemos tenido en el continente; en este caso es la miseria, es el hambre, es la falta de medicamentos como instrumentos represivos para imponer una voluntad política al pueblo”, afirmó Almagro, al tiempo que declaró que nunca se ha visto en el mundo un “un gobierno tan inmoral” que “se niega a aceptar la ayuda humanitaria cuando está en medio de una crisis humanitaria”.

“Eso es absolutamente inadmisible y no lo podemos permitir, la ayuda humanitaria tiene que llegar a Venezuela”, subrayó en medio de aplausos de centenares de venezolanos que se detuvieron en el puente para escucharlo y que gritaban consignas como “Ayuda” o “Abajo Maduro”.

El secretario general de la OEA insistió en que “el pueblo venezolano ha pagado un precio más que alto para recuperar su libertad, para recuperar su democracia y todavía no la ha recuperado” y por eso consideró fundamental la ayuda de la comunidad internacional, empezando por la financiera, para hacer frente “al éxodo que se extiende por toda la región”.

“La comunidad internacional definitivamente tiene que dar respuesta a esto, la comunidad internacional es responsable y no puede permitir una dictadura en Venezuela, una dictadura que afecta la estabilidad de toda la región, la afecta a partir del narcotráfico, la afecta a partir del crimen organizado, la afecta a partir de la profunda crisis humanitaria que ha creado”, manifestó.

Fuerte rechazo al cipayismo XXX de Almagro

Las declaraciones del secretario general de la OEA sobre una posible intervención armada en Venezuela fueron censuradas en Uruguay y Cuba. Y hasta al cipayo y neoliberal Grupo de Lima, enemigo de Venezuela, le parecieron demasiado fuertes las declaraciones de Almagro.

Por otra parte, desde el gobierno de Venezuela se anunció que denunciarán al secretario general de la OEA ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La denuncia ante la ONU tiene mucho sustento. La Carta de las Naciones Unidas, que es el documento que contiene las normas por las cuales se rige este organismo y detalla sus objetivos, es muy taxativa en cuanto a la no intervención y la no injerencia: “Los principios de no intervención y no injerencia en los asuntos internos de los Estados soberanos pertenecen al derecho internacional consuetudinario”, señala el documento de la ONU, que además de ser el tratado internacional fundador de la organización, conforma las bases de su constitución interna y contiene el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

“Ningún estado puede utilizar o alentar el uso de medidas económicas, políticas o de otro tipo para coaccionar a otro estado a fin de obtener de es la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos” y “ningún estado o grupo de estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, por cualquier motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro estado”.

La Carta de las Naciones Unidas señala además que está prohibida “la intervención de las Fuerza Armadas y de cualquier otra forma de interferencia o intento de amenaza contra la personalidad del estado o contra sus elementos políticos, económicos y culturales”.

Pero Almagro optó por la salida más cómoda e inverosímil. Dijo que se “malinterpretó” lo que afirmó en el marco de una visita a la frontera entre Venezuela y Colombia, donde se concentra gran parte de la emigración venezolana.

Pero no logró frenar las críticas. Los países del Grupo de Lima censuraron inmediatamente sus palabras, mostrando su “preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar en Venezuela”.

El Grupo de Lima fue creado el año pasado para presionar a Maduro tras el fracaso de la OEA, dividida entre críticos y aliados de Caracas y donde las naciones caribeñas que reciben petróleo barato de Venezuela bloquearon la aprobación de resoluciones críticas con el gobierno chavista.

Está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú y Santa Lucía. Y es la primera vez que el Grupo de Lima y Almagro disienten y también la primera vez que se aprecia una división interna: tres países –Colombia, Canadá y Guyana– no firmaron el comunicado.

Almagro volvió a decir ayer que lo único que quiso decir fue que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger a los venezolanos. “No debemos esperar a que Venezuela sea Ruanda”, escribió en Twitter. “Y ya son millones las personas asesinadas, torturadas, desplazadas en Venezuela. La responsabilidad de proteger no es contar muertos”.

David Smilde, uno de los analistas estadounidenses que más saben sobre Venezuela, y que lleva tiempo alertando en contra de una intervención militar, atribuye las declaraciones de Almagro a la influencia que asegura que tienen sobre él “opositores venezolanos radicales radicados en Washington”, donde está la sede de la OEA. “No quieren que haya un acuerdo político o salida dentro de Venezuela porque saben que los dejaría fuera. Y tampoco sufrirían la violencia y destrucción de una intervención militar. La verían por televisión”, señaló el profesor de Sociología de la Universidad de Tulane.

Las críticas a Almagro también llegaron desde Cuba. “Ha cruzado la línea roja”, dijo el gobierno de Cuba a través del diario Granma.

“Solo una salida pacífica y democrática podrá resolver con legitimidad y de forma duradera la crisis venezolana”, señaló por su parte el gobierno de Ecuador.

En Uruguay, la reprobación de quien fuera ministro de Exteriores del presidente José Mujica fue clara y contundente. El Partido Comunista reclamó su expulsión de la formación y dirigentes del gobernante Frente Amplio (FA) rechazaron sus palabras.

Asimismo, en claro contraste con el diagnóstico de Almagro, un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación en Venezuela aseguró que sus problemáticas de ese país responden, en gran medida, a la guerra económica y al bloqueo financiero contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El documento compara las sanciones y bloqueos económicos modernos contra Venezuela, “con los asedios medievales de las ciudades, que se llevaban a cabo con la intención de obligarlos a rendirse”, señala el informe elaborado por la ACNUDH, que es categórico al afirmar que “en Venezuela no hay crisis humanitaria ni crisis alimenticia”.

El documento, publicado el pasado 30 de agosto, fue elaborado por el experto independiente enviado por la ONU, Alfred-Maurice de Zayas, en el marco de la “promoción de un orden internacional democrático y equitativo”, luego de una visita realizada al país sudamericano entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre de 2017.

El objetivo de la misión fue examinar el modelo social y económico de Venezuela, y formular propuestas para contribuir con la situación de los derechos humanos, las tensiones económicas y políticas, generadas por la hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, y emigración masiva, señala el informe.

El enviado es categórico en señalar que lo que sucede en Venezuela es “una crisis económica que no se puede comparar con las crisis humanitarias en Gaza, Yemen, Libia, la República Árabe Siria, Iraq, Haití, Malí, la República Centroafricana, Sudán del Sur, Somalia o Myanmar, entre otros”.

Para el caso, recordó que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), emitió dos recientes informes –en diciembre de 2017 y en marzo de 2018– indicando que Venezuela no está dentro de los 37 países que en el mundo que actualmente viven crisis alimentarias.

El diplomático comparó las sanciones y bloqueos económicos modernos, “con los asedios medievales de las ciudades, con la intención de obligarlos a rendirse”.

Y aseguró que estas sanciones van acompañadas de la manipulación de la opinión pública a través de “noticias falsas”, relaciones públicas agresivas y una retórica pseudohumana.

Asimismo, mostró su preocupación por la desinformación internacional que existe en torno al país, la que describe como “una inquietante campaña mediática que busca forzar a los observadores a una visión preconcebida de que hay una ‘crisis humanitaria’ en la República Bolivariana de Venezuela”.

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