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La Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad protestó este miércoles en el Monumento a la Bandera, junto a entidades del sector, en rechazo al ajuste del gobierno nacional en ese área.

De la jornada de protesta participaron familias de personas con capacidades diferentes, transportistas que trabajan en el sector y diversas instituciones y organizaciones.

Los organizadores de la convocatoria señalaron que el recorte del gobierno de Mauricio Macri en esa sensible área de salud y desarrollo social, implica una clara “vulneración de los derechos de las personas con discapacidad”.

Además denunciaron una “precarización del servicio” con “aranceles desactualizados desde octubre de 2017, atraso en los pagos con hasta diez meses de demora y recortes prestacionales”.

“Con los derechos no se juega, la discapacidad está en crisis”, fue la consigna de la protesta convocada por la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad.

Trabajadores «en alerta»

Por su parte, desde hace más de un mes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), tanto de Rosario como a nivel nacional, se declaró en “alerta” por el cierre de oficinas y despidos en el área de Discapacidad a nivel nacional. EL sindicato denunció el vaciamiento de las 77 delegaciones de todo el país y que desde que comenzaron con los recortes murieron más de setenta personas esperando su pensión.

“En la ciudad ya hubo dos despidos en el Centro de Atención Local (CAL) y ahora desde la gestión plantean el cierre de los 77 Centros que hay en el conurbano bonaerense y en las provincias”, indicaron desde la delegación local del sindicato.

“Así como participamos de las asambleas, actos y abrazos solidarios al organismo, seguiremos de pie defendiendo cada puesto de trabajo y cada derecho de la población que se pretenda recortar”, planearon desde Ate Rosario.

Por su parte desde ATE a nivel nacional, también repudiaron el vaciamiento de las 77 delegaciones de todo el país, y denunciaron que “más de 70 personas murieron esperando el otorgamiento de la pensión”

Walter Pignataro, Delegado General de ATE Pensiones a nivel nacional, ya había cuestionado un mes atrás –tal cual informó Redacción Rosario– la “nueva etapa del ajuste y el desguace que llevan adelante los funcionarios de turno de la Agencia Nacional de Discapacidad”.

“La situación que estamos atravesando no es más que la situación que está atravesando toda la República Argentina en todo su contexto y todo el pueblo trabajador, señaló el delegado.

Desde Ate informaron que según las autoridades del organismo los trabajadores y las trabajadoras serán trasladados a la “Ventanilla Única de ANSES”.

“La Agencia Nacional de Discapacidad es un organismo fantasma. Las pensiones vienen siendo dadas de baja de una manera tremenda. Tenemos más de 100 mil pensiones dadas de baja, solo se rehabilitaron 30 mil por pedido de la Justicia y ya tenemos registrados más de 70 casos de personas que murieron esperando la pensión más de 3 años”, aseguró el referente gremial del sector.

“Venimos denunciando esto desde que empezó este Gobierno. Y este organismo, lo que era la Comisión Nacional de Pensiones, que nosotros defendemos, el día que volvamos a reconstruir la Argentina la vamos a volver a crear”, remarcó Pignataro semanas atrás, y explicó que “los trámites demoran, no salen y tenemos bajas todo el tiempo, mientras hay más cargos de gente ganando unos sueldos infernales; cada vez hay más gente contratada y cada vez hay menos laburo”.

Reunión con autoridades municipales

Autoridades municipales y responsables de diversas organizaciones que trabajan en la temática de discapacidad se reunieron «con el propósito de debatir ideas, avanzar en diversos proyectos y coordinar un plan de acción para reivindidar la lucha por los derechos de las personas con discapacidad», según informó prensa de la intendencia este miércoles. Además, anunciar su apoyo a la jornada de este miércoles de visibilización del «Ajuste a la Discapacidad», en el Monumento Nacional a la Bandera.

El encuentro se llevó a cabo el lunes 24 en la Dirección de Discapacidad, donde equipos interdisciplinarios atienden, apoyan y asesoran a las organizaciones de la ciudad que trabajan con personas con discapacidad y actualmente se encuentra con una mayor cantidad de reclamos ante el atraso de los pagos del programa nacional Incluir Salud, según indicaron desde la Municipalidad.

La titular del área, Adriana Ciarlantini dijo que es necesario poner en conocimiento lo que está sucediendo en relación a las acciones llevadas adelante por el gobierno nacional en detrimento de los derechos de los más vulnerables, en este caso las personas con discapacidad, y especialmente aquellas que menos recursos poseen, las que son titulares de pensiones nacionales.

“Este gobierno no sólo ha eliminado el beneficio arbitrariamente a muchas personas sino que además ahora está desfinanciando al programa que debe darles atención especializada, el Programa Incluir Salud”, resaltó Ciarlantini.

Por su parte, el secretario general de la Municipalidad, Gustavo Zignago destacó la decisión de la intendenta de acompañar y generar respuestas conjuntas: “La idea era poder construir, entre todos, espacios de interacción y contención ante una política nacional insensible ante los sectores más vulnerables”.

Desde el municipio,  remarcaron que el gobierno nacional tiene los aranceles congelados hace un año y medio. No se conoce ni se tiene información de avances en proyectos y propuestas nuevas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos con discapacidad y sus familias, terapeutas, transportistas y de todo su entorno. Ya son más de 300 reclamos los que registra la Defensoría del Pueblo de Santa Fe en su sede Rosario, entre pensiones y atenciones de Incluir Salud.

“Es muy preocupante, ya que alrededor de ochenta prestadores de servicios se encuentran en estado de alerta ante la grave crisis que afronta el sector y algunos ya comenzaron a reducir sus jornadas laborales y a achicar el servicio para beneficiarios del plan, lo que redunda en menos atención a niños, jóvenes y adultos con discapacidad que temen quedar sin atención terapéutica. En muchos casos, estas personas viven en hogares desde hace años porque no poseen familias”, explicó Zignago.

Voces de protesta

Pablo Bolengo, de la Asociación de Transportistas, puso en relieve la posibilidad de crear mayores espacios donde pensar políticas públicas a largo plazo. En tanto que Ayelén, de la Asociación Sol Naciente, coincidió con Pablo en tener más y mayores encuentros de este tipo para “caminar juntos lo que viene”.

Fernando, de la Fundación Robles y Robles habló de “fortalecer la defensa de los derechos adquiridos y velar entre todos por eso”.

Mariel, directora de Casa Azul, explicó que antes trabajaban de modo aislado y que en los últimos años comenzaron a hacerlo de manera colectiva y transversal junto con transportistas, profesores, familias y los mismos usuarios. “La lucha por los derechos son de todos”, destacó.

Desde la Dirección de Discapacidad del municipio señalaron además que los aranceles no están siendo ajustados conforme a la inflación de los costos, los profesionales precarizan la atención y las obras sociales tienen demoras en los pagos.

“Desde la conformación de la Agencia Nacional de Discapacidad, no son más que anuncios los que se han escuchado, sin acciones que demarquen una política pública clara en relación a la temática”, argumentó Ciarlatini.

 

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