El 26 de septiembre se cumplieron 4 años de impunidad por la desaparición de 43 estudiantes tras la masacre de Ayotzinapa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), denunció la participación del Estado mexicano “por acción y omisión” en la represión y posterior desaparición y encubrimiento, y exigió el esclarecimiento.

Y recién ahora, tras cumplirse el cuarto aniversario de impunidad, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se reunió con familiares de las víctimas y se comprometió a investigar seriamente el caso.

Imagen: Javier Alatorre

El 26 de septiembre de 2014, policías federales y municipales de Iguala, estado de Guerrero, al sur de México, reprimieron a estudiantes. Con un saldo de seis muertos y 43 desaparecidos, el hecho develó un oscuro entramado de complicidades. Lejos de aclararse, el crimen sigue impune y lo único que quedó claro fue la complicidad criminal del Estado mexicano, que intentó plantar pistas falsas y desviar la investigación para cerrar el caso.

La represión contra los estudiantes normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa se erigió, además, en símbolo y síntesis de la violencia estatal y paraestatal que viene padeciendo el pueblo mexicano desde hace más de una década. La masacre mostró, asimismo, el costado más oscuro, y muchas veces oculto, del paradigma guerrerista utilizado en México, e importado de EEUU, para combatir el delito.

El presidente electo de México, AMLO, asumirá el gobierno el 1º de diciembre cargando con una pesada herencia de injusticias, descomposición social, corrupción, violencia social y paraestatal y decenas de miles de víctimas del terrorismo de Estado.

A pocos días de haberse cumplido cuatro años de la masacre de Ayotzinapa, se reunió con los padres de los estudiantes y se comprometió a crear una Comisión de la Verdad. Además, emitirá un decreto el próximo 1º de diciembre que asegure la cooperación de la Administración Pública Federal en la investigación. Como tercer compromiso, aseguró que su gobierno pedirá ayuda a organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) para resolver el caso.

Luego de dos horas y media de reunión, Obrador asumió los tres compromisos y los familiares se mostraron esperanzados. “Hasta el día de hoy, el esclarecimiento de la verdad había sido un obstáculo. Sin embargo, en la reunión, Obrador hizo tres propuestas y dio instrucciones muy precisas. Su posición me pareció muy acertada. A pesar de que digan que crear una Comisión no es legal, vamos a hacer todo lo posible por saber la verdad. Hoy sí tenemos esperanzas”, afirmó el tío de Julio César Mongradón Fontes, estudiante de la escuela rural de Ayotzinapa, cuyo cuerpo encontraron a 400 metros de un centro de organización y control donde se realizan actividades de inteligencia.

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