No hay un caso en el mundo que muestre que la intervención del Fondo Monetario Internacional en la política económica de un país haya resultado fructífera para el conjunto de la población y, lamentablemente, otra vez, la Argentina no será la excepción. Del nuevo acuerdo con el FMI, que dará un crédito a la Argentina por un total de 57.100 millones de dólares, 7.100 millones más de lo previsto en el préstamo stand by, queda confirmado sin disimulos que las riendas están en manos de la directora del Fondo Christine Lagarde, y que su plan antidefault (cumplir con compromisos de deuda), en un guiño a “los mercados”, derivará en una intensificación contractiva de la economía real, con ajuste fiscal y monetario a contramano de la actividad productiva, que se traducirá en una mayor recesión y profundización de la crisis.
Con desastres a cuestas, el gobierno amarillo vuelve a transitar el camino de dependencia socioeconómica que le propone el FMI, organismo que con sus dólares busca darle aire al proyecto macrista e impone condiciones, las mismas que ya nos llevaron al colapso. Cambiemos, con sus políticas, deterioró la calidad de vida de las mayorías populares. Ahora las medidas que tomó el Fondo y reprodujo el Banco Central buscan resolver el déficit fiscal y la inflación sin reparar en los costos económicos y sociales. La primera reacción del “mercado” pos anuncio desde Nueva York de más dinero del FMI y adelantamiento de desembolsos fue más presión devaluatoria, con lo cual los precios difícilmente dejen de subir, con el consecuente impacto en los salarios, el consumo, el empleo y el nivel de actividad.
“A cuatro meses de firmarse el primer acuerdo stand-by con el FMI, el gobierno debió solicitar un pedido de waiver al incumplir las metas de reservas y de inflación que habían sido pactadas con el organismo. El nuevo acuerdo implicó una renegociación del monto de los créditos, el cronograma de entregas y del manejo de la política monetaria y cambiaria. A cambio, el gobierno implementó un brusco ajuste de las cuentas públicas que incluyó el cierre de diez ministerios y la elaboración de un proyecto de presupuesto con déficit cero para 2019”, señalaron desde el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso).
Al analizar el nuevo acuerdo con el FMI presentado por Lagarde en Nueva York, junto al ministro Nicolás Dujovne y con la bandera argentina de fondo, desde el Ceso hicieron foco en las modificaciones cambiarias. “El establecimiento de bandas móviles donde la única relevante es la banda superior, implica el establecimiento de una tablita cambiaria similar a la implementada por Martínez de Hoz en tiempos de la última dictadura. La evolución del dólar sería en torno a los 44 pesos en septiembre, 45,32 en octubre, 46,68 en noviembre hasta los 48 hacia fin de año. La evolución en 2019 dependerá de si se mantiene la tasa de devaluación del 3 por ciento mensual proyectada para este año. El establecimiento de un límite a la devaluación diaria y mensual busca dar una mayor certidumbre al rendimiento que generan las inversiones en pesos a los inversores internacionales”, se indicó en el informe.
Dos proyectos de país antagónicos se pusieron de manifiesto al mismo tiempo. Mientras el presidente Mauricio Macri bailó en Nueva York al compás del ajuste más brutal y entregó el pleno poder al Fondo Monetario Internacional, un contundente paro nacional convocado por organizaciones sindicales, políticas y movimientos sociales expresó el malestar y la bronca que genera el rumbo económico de Cambiemos en el seno de la sociedad argentina. Macri fue a Estados Unidos a profundizar sus políticas pro-mercados, mientras el pueblo las rechazó en las calles. En tanto, el presidente recibió el premio al ciudadano global, galardón que se otorga a los mejores alumnos del poder financiero internacional. La lucha contra los despidos, la caída del poder adquisitivo de los salarios, el derrumbe de la actividad y el consumo, y el endeudamiento que propicia el acuerdo con el FMI tendrá un paso siguiente en los próximos días y girará en torno al rechazo al proyecto de Presupuesto para 2019 que impulsa el oficialismo.
“El pedido de adelanto de fondos al FMI fue respondido con una solicitud de adelantar el ajuste del déficit primario inicialmente pactado para 2020. Así renace la política de déficit cero, plasmada en el proyecto de presupuesto 2019 que debe ser aprobado en el Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría. De esa manera, el acuerdo con el FMI pone al gobierno en riesgo de caer en un doble default político. Por un lado, de no conseguir los votos suficientes para aprobar el presupuesto, la señal de falta de apoyo político al ajuste derrumbaría el acuerdo con el FMI. Por el otro, si logra su aprobación parlamentaria, el previsible costo social de los fuertes recortes de gastos planteados por el presupuesto, le restan chances al oficialismo de lograr la reelección de Macri en 2019. La perspectiva de un gobierno en retirada no es halagadora para contener la fuga de capitales propia de la fase descendente de los programas liberales de endeudamiento externo”, analizaron en el reporte del Centro que dirige el economista Andrés Asiain.
El mismo día del paro nacional y los flechazos amorosos entre Macri y Lagarde en Estados Unidos, Luis Caputo fue eyectado de la presidencia del Banco Central a pedir del FMI. Caputo, Toto para los amigos, supo favorecerse a sí mismo y a los suyos al administrar el BCRA como una mesa de dinero. El Fondo reclamó la salida del “Messi de las finanzas” por haber osado intervenir en el mercado cambiario y dilapidar el primer préstamo de 15.000 millones de dólares en pérdidas de reservas con la intención de domar la cotización del dólar. Después de tres meses y diez días de gestión, Caputo se fue con una tasa de interés eleveda al 60 por ciento anual y un dólar 10 pesos más caro. Su reemplazante, Guido Sandleris, con buena parte de su patrimonio depositado en el exterior, es un hombre cercano al ministro Nicolás Dujovne y al FMI.
La política económica neoliberal de Cambiemos viene arrojando pésimos resultados. Se proyecta para el año en curso una caída de más de dos puntos en la actividad económica. La apertura comercial y la desprotección a la industria trajo como resultado la pérdida de 93.200 empleos desde que comenzó la presidencia de Macri, según datos oficiales. Industria, comercio y construcción fueron los sectores más afectados. El último informe del Centro de Economía Política (Cepa) sobre despidos contabilizó 6.233 bajas y suspensiones durante agosto pasado, principalmente en el sector industrial y en el Estado. En lo que va del año el Cepa anotó casi 40 mil suspensiones y cesantías.
“El ajuste presupuestario en el marco de un programa de contracción productiva, deriva en un deterioro de la situación económica y social. Desde el inicio de la corrida cambiaria a mediados de abril, la situación de la mayor parte de los sectores productivos comenzó a deteriorarse. Para colmo, los sectores primarios exportadores que podrían amortiguar el efecto de un programa económico que reduce el mercado interno, fueron golpeados por la sequía que afectó a la cosecha de soja”, indicaron desde el Ceso.
“Al deterioro económico lo acompaña un deterioro de la situación social. En cuanto a los ingresos de la población, la aceleración de la inflación por la brusca devaluación del peso prevé un marcado deterioro de su poder de compra. El 3,9 por ciento mensual de suba de precios en agosto va camino a ser ampliamente superado en septiembre, donde la medición de precios de supermercados del Ceso registra incrementos por encima del 7 por ciento mensual. El establecimiento de una pauta de devaluación del 3 por ciento mensual, hace prever que la elevada inflación continuará al calor de la suba del dólar. Las recetas ortodoxas de corte monetarista no mecharán una inflación inercial que se mueve al pulso de los tarifazos y devaluaciones”, continuó el informe.
Al tiempo que remarcó: “Es previsible una importante merma en el poder adquisitivo de los salarios, jubilación y AUH. El deterioro acelerado del empleo y los ingresos de la población en una fecha sensible como es la de los finales de año, marcan un elevado riesgo de default social al programa económico pactado con el FMI. El reciente paro general de las centrales obreras es muestra de la creciente resistencia social que generan las políticas en curso. La tradición argentina de coronar el derrumbe de los programas liberales de endeudamiento externo con estallidos sociales y salidas anticipadas de gobiernos, no parece haber sido tomada debidamente en cuenta por los tecnócratas que diseñaron el actual programa de política económica”.
Las multitudinarias manifestaciones de las CTA y los movimientos sociales, junto a partidos políticos opositores, sumado al paro de la CGT y el Frente Sindical, actúan de barreras ante tanto atropello, entrega y quita de derechos. La unidad en la adversidad y sus efectos políticos abren interrogantes hacia el futuro. Las protestas, avivadas por la aplicación del programa made in FMI, estarán activas. Si bien a esta altura del partido parece un imposible desviar el camino de ajuste neoliberal que emprendió el gobierno de los CEOs, al menos la resistencia popular intenta establecer límites y hacer resurgir signos de vitalidad.
