La Policía Federal irrumpió en el local donde funciona la Asamblea de Villa Urquiza, creada en 2002, con orden de desalojo. Denuncian que detrás se esconde un gran negocio inmobiliario de amigos de los gobiernos nacional y local.
Este martes, mientras se desarrollaba una asamblea en el barrio porteño de Villa Urquiza, la Policía Federal ingresó al local ubicado en la avenida Triunvirato 4766 donde funciona el centro comunitario.
Según relataron vecinos e integrantes de la asamblea, cuando los agentes federales quisieron tapiar el local de la calle Triunvirato y Roosevelt, impidiendo a los vecinos retirar los materiales del interior, la mediación del defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, permitió abrir un nuevo canal de diálogo, posponiendo el desalojo un mes, “momento en el que las partes deberán acordar sentarse a una nueva mesa de negociaciones”.
Tal como publicó el periódico digital Comuna 12, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) había intimado a la organización, y los integrantes de la misma “se encontraban en estado de alerta desde el 15 de marzo, por el inminente desalojo”.
En su cuenta de la red social facebook, Silvia Pérez Fernández, acompañando el relato con fotografías, expresó: “Están desalojando la Asamblea de Villa Urquiza. Como puede verse, policías sin identificar custodian la entrada y llevan adelante el operativo. La Aabe proyecta entregar el terreno donde funciona la Asamblea, como así también otros lindantes, para negocios inmobiliarios de los amigos del Gobierno nacional y de la Ciudad. Los libros de la biblioteca de la Asamblea, tirados en el piso, han servido hasta ahora a quienes cursan el bachillerato popular que allí funciona”.
Cora Gamarnik, fotoperiodista, comunicadora y cientista social, replicó el relato de Pérez Fernández en su cuenta de facebook, y agregó: “Esta no es una imagen de Alemania en la década del 30′ ni de la dictadura en Argentina o Chile. Es una foto de hoy en la Ciudad de Buenos Aires. La policía desalojó la Asamblea de Villa Urquiza”.
Lo cierto es que la abogada Nora Perusin, asesora legal de la Asamblea de Villa Urquiza, el pasado 24 de septiembre señaló a Comuna 12 lo siguiente respecto del litigio mencionado: “El juicio está bastante avanzado y tiene orden de desalojo, hecho que puede suceder en cualquier momento. Por lo pronto la Asamblea presentó un recurso ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal solicitando la nulidad de esas actuaciones y la suspensión del desalojo, el que todavía no está resuelto. Dentro de sus planes está vender esos terrenos y edificar en los mismos: están usando lo que se denomina «desalojo administrativo», que es un trámite muy rápido que se usa en caso de vencimiento de las concesiones en bienes del Estado, y justamente como no es el caso de la Asamblea, la presentación se orienta a rechazar ese procedimiento y eso es lo que tiene que resolver el juzgado”.
La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Villa Urquiza –tal su nombre oficial– se formó a principios de 2002, luego de los reclamos populares del 19 y 20 de diciembre de 2001, y los vecinos de reunían en una plaza que se encuentra frente al local donde funciona actualmente.
En ese predio, describe Comuna 12, “funcionan una biblioteca popular, una videoteca, once talleres artísticos, gastronómicos y culturales, una consejería para sobrevivientes de abuso sexual y violencia de género y una consejería pre y post aborto. Además es un espacio de reunión de organizaciones afines como la agrupación de Varones Antipatriarcales”.
Asimismo, funciona el Bachillerato Popular «Berta Caceres», reconocido por la ciudad, al punto que entrega títulos oficiales, y todos los martes se realizan eventos.
Liliana, psicóloga del Hospital Alvear, comentó al medio digital: “En el espacio replico un taller de tango que se da en el Hospital Neuropsiquiátrico Alvear (Comuna 15). Es un taller de integración, enmarcado en el proyecto de Promoción Cultural de la Salud, impulsado por el Gobierno de la Ciudad para la desmanicomialización”.
El inmueble donde funciona la asamblea es caracterizado por sus miembros como “recuperado”, porque en 2002, a pesar de pertenecer al Estado nacional, estaba completamente abandonado, y anteriormente había funcionado una pizzería, y los vecinos del barrio lo recuperaron.
Según publicó La Izquierda Diario, “en la denuncia que realizan los vecinos, se explica que «la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E.) inició juicio de desalojo fundándose en la Ley N° 17.091 sancionada en el año 1966. Esta ley estaba tenía por objeto autorizar desalojos sumarios en caso de concesión de inmuebles de propiedad del Estado que estuviesen destinados principalmente a actividades lucrativas».
Los vecinos subrayaron que “la Asamblea de Villa Urquiza no era concesionaria del Estado Nacional ni realiza actividades lucrativas», de tal modo que no cabe que se aplique esa ley, y agregaron: «La orden de desalojo sin brindar derecho de defensa constituye una violación grave de los derechos de la Asamblea y de cada uno de sus integrantes. En la sentencia dictada por el juez Ernesto Marinelli, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, que ordena el desalojo se expresa que la decisión judicial fue adoptada «sin más trámite» e «inaudita parte»».
