El Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) presentó un planteo de inconstitucionalidad “contra la extensión a 72 horas del plazo máximo de detención sin control directo por parte del juez”. Lo hizo en un acto realizado este martes que contó con la presencia de su titular, Jaquelina Balangione, y representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Asociación Pensamiento Penal (APP).

Desde el Servicio Público de la Defensa destacaron la participación de las “tres instituciones de jerarquía en el ámbito del Derecho Penal que cuentan con un importante reconocimiento nacional e internacional por su compromiso y respeto a los Derechos Humanos”.

Del encuentro realizado este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, participaron la propia Balangione, el coordinador del Área Litigio y Defensa Legal del Cels, Federico Efron, el coordinador del Equipo Permanente de Inecip, Julian Alfie; el responsable por Inecip de la redacción de documentos jurídicos, Lucas Fortete, las representantes de APP, Bernardette Blua y Analía Abreu; los Defensores Regionales de las cinco Circunscripciones Judiciales, Defensores Públicos.

“El motivo de la presentación pública fue dar a conocer los recursos legales interpuestos por el SPPDP ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe contra la extensión a 72 horas del plazo máximo de detención sin control directo por parte del Juez, en clara contravención con la Constitución Provincial, y el acompañamiento por parte de las instituciones mencionadas a través de los «amicus curiae»”, señalaron desde el Servicio Público de la Defensa provincia, a través de un comunicado difundido este miércoles.

Con la presentación, y según se informó en el acto de este martes, el SPPDP “pretende la declaración de inconstitucionalidad de una parte de la ley 13.746, sancionada por la Legislatura santafesina en diciembre del año pasado, según la cual una persona puede estar hasta tres o cuatro días privada de su libertad, mediando sólo una orden verbal del Fiscal y sin concederle derecho a ser escuchada durante ese tiempo por un Juez penal”.

“Se consideran afectadas las garantías previstas en el artículo 9 de la Constitución Provincial y otras contempladas en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”, remarcaron desde el SPPDP.

Las tres instituciones no gubernamentales se presentaron como amicus curiae o “amigos del tribunal” para dar una opinión experta en derecho que no tiene como fin intentar favorecer a una de las partes en litigio, sino la aplicación justa y razonada de las leyes vigentes. En este sentido, expresaron que este tipo de situaciones restringen la libertad personal sin ningún tipo de justificativo, en contra de los estándares constitucionales y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Las organizaciones no gubernamentales “saludaron la iniciativa impulsada por la Defensa Pública, esperando que el litigio se resuelva de manera pronta y a favor del pedido”, destacó el parte de prensa del SPPDP.

El acto permitió a Balangione mostrarse en línea con un reclamo –el rechazo a las detenciones por 72 horas sin orden de juez– de organizaciones que en su momento apoyaron a su antecesor en el cargo, Gabriel Ganón, removido por haberse enfrentado fuertemente con las autoridades judiciales y políticas del Estado provincial.

Cabe recordar que al momento de su designación al frente de la Defensoría se alzaron varias voces para denunciar un “conflicto de intereses”, ya que Balangione es la esposa del integrante de la Corte Suprema Rafael Gutiérrez, quien por otra parte era uno de los que había chocado fuertemente con Ganón.

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