Tras el intento de encarcelar a Pablo Moyano se esconde el nuevo embate del régimen macrista para imponer una reforma laboral, como quedó claro en el Coloquio de Idea. La trama judicial de Cambiemos comienza a revelar agujeros negros.

La directa relación entre los últimos ataques del gobierno de Mauricio Macri a las organizaciones gremiales –el más resonante fue la frustrada detención del líder camionero– y la intervención del ministro de la Producción Dante Sica en el 54º Coloquio de Idea que se desarrolla en Mar del Plata sólo puede ser soslayada por interés o pereza.

La fragmentación informativa que caracteriza al dispositivo mediático hegemónico muestra al episodio del pedido de prisión preventiva al secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones Pablo Moyano –que el juez de Garantía Luis Carzoglio rechazó– totalmente disociado del discurso oficial en el megaencuentro empresarial.

El lema del 54º Coloquio de Idea es elocuente. “Cambio cultural: Soy yo, y es ahora”. Esas siete palabras que subyugaron a la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal –“Yo quiero decir que me gusta mucho el lema del coloquio”, confesó–, iluminaron la disertación de Sica.

El Ministro caló hasta el hueso: “…hay nuevas formas laborales que van a tener que participar… Un mal mercado laboral es un problema que tenemos hoy. No tiene sostenibilidad de largo plazo. Lo intentamos y vamos a seguir insistiendo”.

Sica, por si alguien estaba distraído, aclaró cómo interpreta el Gobierno las relaciones de poder actuales entre empresarios y gremios, y cómo se propone cambiarlas: “Por ejemplo, el formato en el cual las cámaras se están moviendo. No se puede hablar con cinco cámaras. Tiene que ser mucho más acotado. Los gremios, en cambio, son mucho más fuertes”. Sólo faltó que dijera que como son fuertes, hay que meter presos a sus dirigentes.

En la coyuntura política actual, el único que parece darse cuenta de las fragilidades y fortalezas relativas es el macrismo, por eso el funcionario deslizó para justificar las escuálidas retenciones aplicadas al sector agroexportador: “Hay restricciones políticas, porque el Gobierno tiene minoría para avanzar en temas como la reforma previsional y laboral, y tuvimos que poner esas restricciones para que haya equilibrio primario”.

Mientras tanto, el binomio que quedó a cargo de la CGT –Héctor Daer y Carlos Acuña– ratificó que se está pensando en convocar a un paro de 36 horas, con movilización, en noviembre.

En el caso de Daer, luego de mencionar que la CGT está analizando a medida de fuerza, se metió con entusiasmo a opinar sobre el proceso político: “La síntesis del peronismo tiene que ser con todos adentro”, y señaló que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner “representa a una parte muy importante del peronismo”.

Cuando le preguntaron por las elecciones presidenciales de 2019, Daer no dudó en vaticinar que “el peronismo unido hoy gana en primera vuelta”, pero también advirtió: “Si este gobierno es reelecto viene por los derechos de los laburantes”. Su optimismo explica la frase de Acuña, cuando ponderó: “Se terminó el diálogo con el Gobierno, estamos desilusionados”.

El Gobierno viene desde hace rato por los derechos de los laburantes, y no se sabe cuál habrá sido la ilusión de lo que quedó del triunvirato cegetista, pero es algo tarde para lágrimas. En buena hora el lamento parece dejar lugar a la huelga.

Las entrañas del rey de copas

En enero de 2015, desde esta columna, en la parte III de la saga Una Teología del Terror, ya se planteaba la trama judicial –en términos globales– como una clave para intentar entender ciertos mecanismos de poder.

Se decía que desde las Torres Gemelas a Atocha, un abismo separa a los procesos judiciales iniciados a causa de esos grandes atentados de la caracterización mediática de los culpables.

En aquellas páginas de el eslabón se recordaba que en cierta oportunidad, el canciller israelí, Avigdor Lieberman, en la ONU, le hizo una pregunta a su par argentino Héctor Timerman en torno del ataque a la Amia: “¿Para qué quieren un juicio, si los diarios de todo el mundo ya publicaron que fue Irán?”.

Los gladiadores de Comodoro PRO quieren proyectar la idea de que ellos inventaron la pólvora del dispositivo que articula al poder político con el sistema judicial y los grandes medios, pero saben que ese proceso es global y ya lleva tiempo ejecutándose.

Volviendo a enero de 2015, vale la pena recordar algunos párrafos relacionados con el funcionamiento del entramado judicial a nivel global: “En las regiones más influyentes, por no decir en la mayor porción del planeta, la ley, el orden, y la seguridad, aún deben ser garantizados por el Estado Nación, con preferencia si éstos responden a un ordenamiento republicano-neoliberal…”

Muy esquemáticamente, el Poder Judicial, en los sistemas que persisten en funcionar como Estado Nación, debe cumplir requisitos inquietantes:

  • Sólo debe mantener cierta leve credibilidad para la administración formal de justicia. Nadie dejará de evadir o de cobrar una herencia… pero ni las muertes por atropellamiento vehicular quedarán a salvo de la maledicencia popular.
  • Mediante aquel sutil dispositivo, el Poder Judicial queda desacreditado a la hora de investigar, perseguir, enjuiciar y condenar… “Eso lo hacemos nosotros”, murmuran los autores del relato.
  • Los culpables no son condenados por juez alguno… Que juzgue y condene el Estado, para salvar las apariencias. Que un tribunal arregle los detalles, pero si ello no fuera viable, los culpables ya salieron por TV.
  • Los servicios de inteligencia son parte de ese entramado de superficie. Los califica su proverbial paranoia, su esencial inclinación conspirativa, sus atávicos lazos con los poderes judiciales de cada comarca. De tal modo, las agencias estatales de inteligencia se constituyen en proveedores privilegiados de los tribunales donde se dirimen los grandes casos judiciales en los cuales se investigan hechos que de por sí disciplinan a la sociedad y la tornan permeable ante lo que resultan brutales decisiones de Estado…
  • Los culpables los determina “la gente” a partir de lo que ésta puede deducir de lo que ve en la pantalla de un televisor, lee en los diarios, en su computadora o en su teléfono smart. ¿A quién le importa la verdad de los hechos? La Justicia no sirve más que para dar vueltas y confundir, sería el mensaje que se quiere dejar como dañino sedimento”.

En la era macrista esto viene funcionando desde el primer día, aunque ello no signifique que el dispositivo haya comenzado con la llegada de Macri al gobierno nacional.

Es tan significativo e importante para Cambiemos el amañamiento del Poder Judicial que cuando salta algún tapón toda la estructura de poder se conmueve y genera ruidosas alarmas.

Eso es lo que ocurrió esta semana que culmina, cuando el juez Carzoglio se paró de manos ante el Gobierno, Clarín, La Nación y la soldadesca que practica el periodismo de guerra con nombres y apellidos, en principio a través de un fallo ejemplar, y luego denunciando amenazas de muerte, aprietes y filtraciones en favor de los mencionados medios para que tengan el dictamen antes que los propios interesados.

El fallo de Carzoglio rechaza la detención de Pablo Moyano porque no encontró razones que le hagan suponer que obstruiría la investigación o que tuviese intenciones de profugarse.

La acusación del fiscal Sebastián Scalera de que el dirigente gremial es el jefe de una asociación ilícita que además integran los barrabrava del club Independiente Bebote Álvarez y el Polaco Petrov fue desmontada por Carzoglio a partir de las escuchas que los medios hegemónicos aseguran que son inapelables y condenatorias de Moyano.

Como resume el periodista Raúl Kollmann en Página 12 el jueves pasado, Carzoglio encontró que las escuchas demostraban que “entre la barra brava de Independiente (Bebote y el Polaco) y los Moyano había una relación tensa, de negociación, de idas y vueltas; no una asociación donde la barra seguía las instrucciones de Pablo Moyano”.

Y el juez, en su resolución, lo describe: “En las escuchas, los barras le hacen exigencias cuasi extorsivas a Moyano”. Al punto que se escuchan quejas porque los Moyano cumplían a rajatabla con el derecho de admisión aplicado a Bebote, esto es el impedimento para entrar al estadio, lo cual prueba que allí no había una sociedad, y que el jefe de la asociación ilícita era Bebote, y que el gremialista no formaba parte de ella.

Pero el juez de Garantía reveló que, una vez escrito el fallo, su mujer y él fueron amenazados de muerte, y convocó a una conferencia de prensa en la puerta del Juzgado Nº 9 de Garantías.

Carzoglio apuntó sin cortapisas contra los grupos hegemónicos de comunicación Clarín y La Nación, e incluso calificó de “carpetazos” determinadas noticias publicadas por esos medios, debido a la falsedad de su contenido: “Este juez es imparcial en un ciento por ciento, y no se ha dejado llevar por las presiones de las partes ni se dejó llevar por las campañas de prensa, especialmente llevadas a cabo por el Grupo Clarín y La Nación”.

El magistrado acusó, además, “al personal de la Fiscalía General de Cámara de Lomas de Zamora” por la difusión de la resolución que beneficia al secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, y también cargó contra la Procuración de la provincia de Buenos Aires por los datos sobre su carrera judicial que circularon en algunos diarios y canales de televisión y que, a su entender, “sólo tenían” las autoridades de este organismo.

Con un coraje pocas veces visto en otros colegas suyos, Carzoglio embistió contra los periodistas Luis Majul, Eduardo Feinmann, Adrián Ventura y Jorge Lanata por poner en duda su resolución y el rechazo del pedido de detención de Moyano.

Así, el juez manifestó: “Periodistas televisivos como el señor Majul, Feinmann, el señor Ventura, que en TN se dignó a decir que no sabía quién merecería estar más preso, si Moyano o Carzoglio, o el señor Lanata que dijo que yo era un impresentable”.

Carzoglio incluso desafió a este último: “Cuando el señor Lanata quiera conocer, quiera saber quién es Carzoglio, yo le voy a enseñar lo que es, lo que ha padecido y ha trabajado para estar acá y cómo se dedica a su función”.

La contracara de esa moneda judicial fue la escandalosa maniobra administrativa que el macrismo se mandó con el Caso Correo Argentino: la vicepresidenta Gabriela Michetti clausuró mediante un decreto la investigación interna en torno de la deuda que la familia presidencial mantiene con el Correo, ya que Macri había delegado en su segunda el seguimiento del caso.

Lo cierto es que Carzoglio no está del todo solo. El juez de la Cámara de Casación Víctor Violini, antes incluso que el magistrado de Avellaneda, ya había sacudido la estantería cuando acusó al procurador bonaerense Julio Conte Grand de perseguir a jueces, fiscales y abogados.

Es más, Violini sostuvo que Conte Grand –hombre de Elisa Carrió– atesora el oscuro deseo de llegar a ser el Procurador General, el cargo que dejara al renunciar Alejandra Gils Carbó.

Violin es otro que no tiene pelos en la lengua, y con sus acusaciones hizo sonar, incluso, el celular de la gobernadora Vidal: “Las presiones al Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires encarnado en la persona de Conte Grand existen y son intolerables”.

En la galaxia judicial de Cambiemos comienzan a aparecer agujeros negros, y ya se sabe que esos fenómenos astronómicos se tragan toda la materia que esté a su alcance.

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