Algunos allegados de Cunha Ferré, acusado de crímenes de lesa humanidad y la desaparición de Oesterheld, autor de El Eternauta, despegaron carteles y taparon dibujos contra el ex oficial con prisión domiciliaria. Pero no pueden ocultar la historia. Por el contrario, sale a luz cómo se recicló el represor en una empresa inmobiliaria como Bauen Pilay.

El sábado pasado, a pocas horas de terminar el escrache al ex oficial de inteligencia Manuel Cunha Ferré –acusado entre otros delitos de lesa humanidad por el secuestro y desaparición del guionista y escritor Héctor Germán Oesterheld, autor de El Eternauta, entre otras obras–, frente a la casa que habita en San Lorenzo 1847, un grupito de sus familiares intentaron tapar las expresiones populares de repudio al represor. Pero hay otras manchas, las de su pasado en dictadura y su participación en empresas de la ciudad que están guardadas en la memoria.

“Arrancaron de los árboles carteles que advertían: «Peligro, homicida suelto». También taparon una pintada en la calle que decía: «Juicio y castigo»”, relatan vecinos del lugar. “Salieron varias parientes: un tipo que por su cara parecía ser hijo del escrachado, una señora adulta y rubia que podría ser su esposa, además de otro hombre y dos mujeres más”, indica un vecino que recién se enteró de quién vivía allí, por una carta de la agrupación Hijos repartida unos días antes en la zona para contar sobre el escrache y los datos referidos al ex oficial de inteligencia del Ejército durante la última dictadura.

“Tipo a las 4 de la mañana ya habían usado pintura negra para dañar la imagen del Eternauta que grabaran artistas que participaron del escrache. Con negras y apuradas manchas, intentaron tapar parte de la cara y los pies del dibujo”, cuenta un testigo. Pero, esos “cercanos” a Cuhna Ferré ya deben saber que la memoria no se mancha y reaparece siempre.

Una empresa del 76

Foto: Andrés Macera

Al ser detenido, Cunha Ferré era administrador de edificios de la empresa Bauen Pilay. Las causas de su alejamiento de la oficina –entonces ubicada en San Lorenzo 1657–, nunca fueron explicadas a sus clientes ni empleados. En silencio, no asistió más y en su puesto lo reemplazó su hijo Luciano, quien junto a su otra hija –Magdalena– y su yerno Santiago Mulhall, continúan con la Administración de Consorcios Cunha Ferré y Corfides Servicios Inmobiliarios.

Bauen Pilay es una empresa surgida casualmente en 1976. Pero no se conoce el origen del negocio, ni de los títulos y terrenos que poseía. El grupo construye edificios con el slogan de “ahorrar en ladrillos y capitalizar los ahorros en metros cuadrados”. Al terminarlos, designan administradores para su funcionamiento, entre ellos, figuraba a cargo de algunos inmuebles el represor escrachado, quien fuera detenido en pleno ejercicio de su labor.

Pilay es una inmobiliaria con matriz en la ciudad de Santa Fe que opera en distintas ciudades uniéndose a constructoras y llevar adelante el sistema. Hoy funciona con la figura legal de fideicomiso en las ciudades de Santa Fe, Paraná, Rosario, Córdoba y Montevideo (Uruguay). En Rosario, la empresa que construye es Bauen. Actualmente, la sucursal se ubica en Oroño 166 y cuenta con unos 70 empleados aproximadamente y una amplia cartera de clientes.

Aumentos y denuncias

A comienzo de 2017, a la  Oficina Municipal de Defensa del Consumidor de Rosario llegaron más de mil denuncias en reclamo por  “aumentos desmedidos” en precios de los precios de las cuotas de los departamentos de la empresa Bauen Pilay. Ante ello, el presidente de la empresa, el abogado Javier Vigo Leguizamón llegó, con 350 denunciantes a un acuerdo no difundido, pero el total afectado en ese momento eran casi 11 mil.

Un  solo demonio

El mismo Vigo Leguizamón fue abogado de Arturo Larrabure, quien requirió ante la justicia que fuera considerado “crimen de lesa humanidad” al caso del coronel Argentino del Valle Larrabure. Se trata del caso del militar secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo en agosto de 1974 en Villa María, cuyo  cadáver apareció el 19 de agosto de 1975 en Ovidio Lagos y Muñoz, Rosario. Sobre el tema, el ERP indicó que se trataba de un suicidio, pero el Ejército y el hijo del militar lo denunciaron como asesinato.

En ese marco, en febrero último, la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en la Argentina (Afavita) convocaba a una audiencia en la Cámara Federal de Rosario, en apoyo al abogado Vigo Leguizamón, quien pretendía que el hecho fue considerado como Crimen de Lesa Humanidad.

Pero en diciembre de 2017, el juez Bailaque rechazó la reapertura del caso al considerar que no se trató de un delito de lesa humanidad. Y, el 1° de septiembre de 2018,  en un fallo unánime, la Cámara Federal de Rosario rechazó la reapertura de la causa Larrabure al considerar que no era delito de lesa humanidad y cerró el intento de instalar la teoría de los dos demonios, que pregonaba Vigo Leguizamón, presentado por el diario La Nación como “escritor, abogado y pensador católico”.

Hipocresías de una familia muy normal

Además de impulsar el delito de lesa humanidad ante la caída de militares y represores, en un intento de volver a la teoría de los dos demonios, además de la vinculación con fraudes económicos y la persecución ideológica a algunos empleados de las distintas sucursales, los miembros de la familia de Cunha Ferré y el abogado Vigo Leguizamón, participaron abiertamente en la campaña contra la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito.

En la misma oficina central de Bauen Pilay, en Santa Fe, podían verse carteles de Provida, la agrupación que enfrentó a la iniciativa contra la legalidad de la interrupción del embarazo. Con propuestas que van desde advertir que la ley podría significar que se crear un cementerio para fetos, la compra y venta de órganos fetales, hasta la comparación de las mujeres con perras, o la frase de diputado Pedro Javier Pretto (PRO): “A la mujer pobre un embarazo la dignifica”.

Al manifestarse en contra de ley esgrimieron argumentos de todo tipo, como “defender las dos vidas”, a la vez que realizaron violentas provocaciones. Los organismos de derechos humanos repudiaron, y remarcaron la hipocresía” de “llamarse Pro Vida”, y tachar pañuelos blancos en plazas (como sucedió en La Plata), símbolos de madres y abuelas a las que el Terrorismo de Estado les secuestró, asesinó e hizo desaparecer hijos y nietos.  Sin ningún ocultamiento en sus muros de face y en redes sociales, expresan su “Salvemos las dos vidas”, a la vez que, al morir Jorge Rafael Videla, difundieron la imagen del dictador y genocida, lamentando: “ La muerte de un incomprendido”.

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