Las diputadas provinciales Silvia Simoncini y Patricia Chialvo, del FPV-PJ, presentaron un proyecto para que Santa Fe adhiera a la ley nacional que legitima la propiedad de los habitantes de los inmuebles asentados en el Registro Nacional de Barrios Populares, y de pequeños emprendimientos productivos.

“La iniciativa apunta a lograr la entrega de escrituras a familias que habitan propiedades sin contar con el título correspondiente, mediante la financiación de la compra de esos inmuebles ocupados y en controversia judicial por parte de los municipios o provincias, con cuotas accesibles a cargo de los adjudicatarios”, explicaron las autoras del proyecto.

Las legisladoras aseguraron que en la provincia hay más de 340 asentamientos irregulares que serían beneficiados por la norma, y por eso reclamaron la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.453, que declara de interés social la regularización dominial de los inmuebles asentados en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

La norma provincial también prevé la conformación de un Consejo Asesor Provincial para la Regularización Dominial y la Integración Socio-urbana; y de un fondo provincial destinado a financiar obras de urbanización y aliviar las cuotas de los beneficiarios, según informaron.

Las diputadas justicialistas recordaron en un comunicado que un texto similar había sido presentado en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2015 pero sólo llegó a la media sanción en Diputados, por lo que los movimientos sociales la retomaron y lograron su aprobación en la legislatura nacional y la promulgación del Poder Ejecutivo.

«En octubre de 2015, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto que fue el último eslabón de una cadena de medidas y leyes que entre 2003 y 2015 fueron impulsadas por el Gobierno Nacional de ese período. Mediante programas como el de Emergencia Habitacional Techo y Trabajo; el de Construcción de Viviendas I, II, y Techo Digno; y el de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, entre otros, se concretaron más de 1 millón de soluciones habitacionales», detalló Simoncini.

En este sentido, la legisladora del PJ remarcó que «en junio de 2012 se puso en marcha el programa PROCREAR, destinado a sectores medios, que entregó 400.000 créditos hipotecarios. Finalmente, en septiembre de 2014 se creó la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, que continuó la intervención en los barrios informales con una estrategia de abordaje que incluyó la regularización dominial y la urbanización, factores que en conjunto garantizan el derecho al hábitat y a la integración urbana».

La diputada recordó que «aquel proyecto que obtuvo media sanción en 2015 fue continuado  mediante el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), creado por decreto en 2017, y tomando como base el Relevamiento Nacional de Barrios Populares, cuyo resultado arrojó la existencia de 4.000 barrios populares en nuestro país habitados por 800.000 hogares. La iniciativa contenida en la ley 27.453 actualiza las herramientas existentes en lo relativo al punto específico de la tenencia de la tierra para la integración socio urbanas».

«Si bien las mediciones de los censos de 2001 y 2010 muestran que todos los índices sociales mejoraron (la drástica reducción del desempleo y de la pobreza, el crecimiento de la matrícula escolar, la reducción del índice de Gini), el indicador de la tenencia irregular de la tierra se mostró más estable. Entre los factores que confluyen determinando este fenómeno se encuentran el aumento de la población urbana; las migraciones internas vinculadas al proceso de reindustrialización; la desregulación del mercado inmobiliario operada a los largo de las décadas del ’70, ’80 y ’90; la influencia de los códigos de planeamiento urbano; y los alcances de las políticas de regularización», señaló la dirigente justicialista.

Por otra parte, sostuvo que “el derecho al hábitat es considerado un derecho humano fundamental para el desarrollo del individuo, la familia y la comunidad y es el Estado quien debe garantizarlo mediante las políticas públicas de acceso a la tierra, a la vivienda y a la infraestructura urbanística básica que incluya servicios esenciales”.

“Esta ley resulta fundamental para la inclusión de cientos de miles de argentinos, declara de interés social la regularización dominial de los inmuebles registrado en el Renabap, involucra la gratuidad del pago de aranceles, tasas y sellados en los trámites de regularización y escrituración en que intervenga la Escribanía de la Nación y las de las provincias», agregó.

La exministra de Salud reveló además que “en Santa Fe hay relevados 340 asentamientos de esas características, 76 en el departamento La Capital y 158 en el departamento Rosario  y los demás en ciudades y localidades de norte a sur de nuestro territorio que están alcanzados por esta iniciativa”.

Ante esta situación, consideró que “adherir a esta ley representa una oportunidad para alcanzar el derecho al hábitat de muchos santafesinos y por eso proponemos además, la creación de un fondo provincial para garantizar el financiamiento que requieran los convenios celebrados con Nación y con municipios y comunas, así como para morigerar el monto que deberán aportar los beneficiarios alcanzados por esta normativa y desarrollar las obras de infraestructura imprescindibles para la definitiva integración socio-urbana de las personas».

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