Cuando finalice este año, los salarios de los trabajadores registrados habrán perdido en promedio unos quince puntos de capacidad de compra si se comparan con la alta inflación. Los haberes en paritarias se incrementaron alrededor del 30 por ciento, cuando el nivel de precios al consumidor trepará hacia fin de 2018 por encima del 45. Semejante caída se verifica en la contracción del mercado interno, en un contexto de ajuste y recesión económica, con menos consumo, cierre de locales comerciales y empresas, aumento de la tasa de desempleo. Y todo este bajón cuenta con el acompañamiento de un fuerte y preocupante crecimiento de la deuda externa, la verdadera pesada herencia que dejará el macrismo.
Frente a la sostenida poda que sufren los ingresos, mientras se suceden cada vez más protestas callejeras contra despidos y por mejores salarios, el gobierno de Mauricio Macri, la cúpula de la CGT y parte de la dirigencia empresaria acordaron el pago más o menos obligatorio de un bono de hasta 5 mil pesos para el sector privado y empleados públicos nacionales.
Según el decreto presidencial, el pago extra podrá efectuarse en dos cuotas y, en el caso de los privados, podrá ser tenido en cuenta en futuras negociaciones paritarias. El DNU deja como convidados de piedra a trabajadores en negro, jubilados, beneficiarios de planes sociales, que quedaron excluidos.
El plus salarial estará lejos de compensar la pérdida de poder adquisitivo experimentada en 2018, y menos todavía desde 2015. Si bien no está para desperdiciarlo, dirán los bolsillos apretados, queda claro que el pago extraordinario de fin de año que dispuso Cambiemos no revertirá el golpe de nocaut que recibieron los asalariados en su pelea con el neocolonialismo amarillo, cuyas políticas llevaron la inflación cerca del 50 por ciento, batiendo récords y perturbando el bienestar socioeconómico de miles y miles de familias argentinas.
Como respuesta a los reclamos por los despidos, el decreto que establece el bono contempla la formalidad de exigirle a las empresas que notifiquen al Ministerio de Producción y Trabajo la decisión de cesantear empleados con diez días de anticipación, por lo menos hasta el 31 de marzo. Parece joda, pero no.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) hizo foco en la evolución de los ingresos desde que gobierna Cambiemos. Entre los gremios que más perdieron frente a la suba de la inflación, de acuerdo al informe, se encuentran gastronómicos, metalúrgicos, construcción, comercio y gráficos, “los cuales muestran una caída del poder de compra entre 8 y 14 por ciento con respecto a la paritaria del año pasado, y acumula una caída entre el 13 y 17 por ciento desde 2015”.
Empleados estatales padecieron un recorte salarial del 14 por ciento desde la llegada de la nueva Alianza a la Casa Rosada, según el reporte del Cepa. Si el gobierno macrista quisiera compensar el quebranto salarial de los trabajadores públicos, por citar un caso, el bono de fin de año debería ser de unos 50 mil pesos.
Para “empatar” el poder adquisitivo del año pasado, “el bono de fin de año para los gastronómicos debería ser de 48.404 pesos, en el caso de metalúrgicos de 37.995, para comercio de 32.906, para gráficos de 31.005 y para la construcción de 26.176 pesos”, según el Cepa.
Además de los descartados que se multiplican, asalariados y jubilados son víctimas del modelo macrista y los que más vieron mermar la capacidad de compra de sus ingresos. Así, cuando termine el año, se deduce que la jubilación mínima habrá retrocedido 7,3 por ciento en su poder adquisitivo respecto del promedio de 2017. Gracias a la reforma previsional de Cambiemos, que modificó para peor la fórmula de actualización de las jubilaciones, el haber mínimo acumula una pérdida de casi catorce puntos desde 2015.
Para equiparar el poder de compra de la jubilación mínima en 2018 respecto del año anterior, una potencial compensación de fin de año “debería ser de a 9.264 pesos respecto de 2017, y si se pretende recuperar la pérdida desde 2015 debería ser de 18.975 pesos”, calcularon desde el Cepa.
El pago de fin de año despertó opiniones contrapuestas entre sindicalistas. La CGT acompañó y, tras abrochar el bono, desactivó la amenaza de un nuevo paro nacional. A contramano, el gremialismo más combativo criticó el decreto presidencial y ratificó medidas de fuerza contra el ajuste macrista y los dictados del Fondo Monetario Internacional.
Ajuste que será más duro en 2019, según anticipa el Presupuesto, que recorta recursos por unos 400 mil millones de pesos, sobre todo en gasto social, en nombre del “equilibrio fiscal” y el “déficit cero”, postulados que sólo traerán desdichas, como lo demuestra nuestra propia historia.
“Nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno”, reconoció sin ponerse colorado el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.
Gremios que resisten en la calle la avanzada de la derecha contra conquistas laborales calificaron al bono de un engañapichanga y volvieron a reclamar la reapertura de paritarias y otras compensaciones para ver si por lo menos le sacan un empate a la inflación. Algunos sindicatos, como Camioneros y Bancarios, consiguieron reabrir sus paritarias y poner a tiro los aumentos salariales con el elevado costo de vida.
Golpeadas por los tarifazos, la ola importadora y el achique del mercado interno, pequeñas y medianas empresas anticiparon sus serias dificultades para afrontar el pago del bono de fin de año a sus trabajadores. Además de bajar salarios, las políticas del macrismo destruyeron mucho empleo registrado industrial. Con unos 100 mil puestos laborales menos que en 2015, el sector fabril acusa una severa crisis, la peor en los últimos veinte años.
“La evolución de los despidos y suspensiones industriales en los primeros diez meses de 2018 asciende a 56.969 casos, correspondiendo 15.825 casos a empleo público y 44.144 a empleo privado. Estos datos implican un promedio de 6.000 despidos y suspensiones mensuales durante los primeros diez meses de 2018”, detalla otro informe del Cepa.
“En septiembre y octubre pasados se produce un sensible incremento de la evolución de despidos y suspensiones en el sector privado que relativiza lo sucedido hasta el momento. Si se profundiza en el análisis previo al último bimestre mencionado, se distingue que, en los primeros dos meses del año los despidos del sector público resultan más significativos, en los siguientes cinco meses tomaron la posta los despidos del sector privado, para, en agosto, converger en despidos del sector público y privado casi por igual”, señala el informe.
Pero ¡atención!, que no cunda el pánico porque el FMI dice que “vamos bien”. “En el segundo trimestre del 2019 empezará una recuperación económica”, aseguró el italiano Roberto Cardarelli, jefe de la misión del Fondo que visitó días atrás la Argentina, para respaldar a la representación permanente de organismo en el país.
“El FMI cree que habrá reactivación en 2001”, pronosticó el 10 de noviembre del año 2000 Claudio Loser, por entonces director para el Hemisferio Occidental del FMI, consultado por el diario La Nación sobre el porvenir de la economía argentina bajo la administración de Fernando de la Rúa. Todos sabemos cómo terminó esa historia.
