“La resolución 956/2018 publicada en el Boletín Oficial representa un retroceso total y absoluto” planteó este martes la diputada nacional y ex jueza penal, Alejandra Rodenas. “La democracia se constituye con garantías para todos. Debemos contar con una policía que se sienta garante de los Derechos Humanos”, remarcó la legisladora.

En declaraciones a la prensa, Rodenas exhortó a “abandonar la falsa dicotomía según la cual si se defienden los derechos humanos no se persigue el delito”. “El garantismo es un modelo de concebir la persecución penal dentro de los Sistema Internacional de los Derechos Humanos, consagrado en nuestra Constitución Nacional. No significa puerta giratoria ni delitos impunes”, aseguró la diputada nacional.

“La sociedad está reclamando mayor presencia del Estado, seguridad y eficacia a la hora de recibir por parte del Poder Judicial sanciones que sean justas. Todos estos reclamos son claros y justos, pero no nos tienen que hacer perder de vista que esto debe hacerse en el marco de las garantías constitucionales del principio de inocencia”, consideró la legisladora.

Para Rodenas “es fundamental e imperativo la regulación con normas claras del uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad”. “Por un lado para instruir y que el propio policía tenga en claro cómo debe hacer su trabajo, para que pueda pueda encarar las situaciones difíciles de su desempeño, pero fundamentalmente para que la población no vea agravada sus riesgos de inseguridad con un uso indiscriminado de la fuerza que reproduce la violencia”, pidió la diputada.

En este sentido la legisladora recordó el crimen de Jonatan Herrera, asesinado por oficiales de la Policía de Acción Táctica creada por el socialismo durante el gobierno de Antonio Bonfatti. “Jonatan era un joven que se encontraba lavando su auto en las calles de un barrio rosarino y de un instante a otro murió a balazos por parte de oficiales que lo confundieron con un presunto sospechoso que había robado en una juguetería”, rememoró. Para luego remarcar: “Estas son las consecuencias claras y manifiestas que producen este tipo de políticas en materia de Seguridad Pública”.

Según Rodenas, con la resolución dictada por el gobierno de Mauricio Macri “el país se aleja un poco más el Estado de Derecho”. Y amplió: “Constituye una violación al principio constitucional de la división de poderes. En efecto, por un lado, a través de un acto administrativo, el Poder Ejecutivo pretende legislar invadiendo facultades inherentes al Poder Legislativo. Por el otro, el Ejecutivo avanza sobre el Poder Judicial, porque, a fin de cuentas, quienes evalúan el uso legítimo o ilegítimo de la fuerza son los jueces en un proceso penal y no los Ministros”.

La diputada nacional aseguró que “la política de estado en materia de seguridad que promovió la ministra Bullrich implica el abandono del Estado de Derecho y un rechazo expreso del concepto de Seguridad Democrática, que debería ser rector y fundamental en la materia”.

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