A través de un extenso comunicado, la Mesa Permanente del Partido del Progreso Social (PPS) declaró su repudio al decreto que reglamenta el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de la fuerzas federales de seguridad.
Desde ese espacio entienden que es “Ilegitimo y violatorio de normas nacionales e internacionales considerándolo improcedente pero coherente con la lógica de la eliminación del ser humano”.
La fuerza que lidera el diputado provincial Héctor Cavallero señaló que “la iniciativa remarca que, en primer lugar, para el presidente de la Nación la ministra de Seguridad Patricia Bullrich es sumamente útil y necesaria para avanzar sobre los derechos civiles y políticos. No se puede mantener el ajuste, la falta de comida, remedios y desocupación y las próximas medidas sin un plan represivo”.
Además, el documento indica que “la decisión adoptada implica un avance sobre la vida humana y su integridad habilitando a la fuerzas de Seguridad a convertirse en asesinos de su propios pares. Solo así es posible reprimir los reclamos, el hambre y la dignidad”.
Advertencias sobre el alcance del decreto
“¿Qué propone el decreto que entró en vigencia y cómo afecta los derechos, la ética y la política de seguridad democrática?”, se pregunta el PPS, que realiza una serie de advertencias puntuales:
- “Por un lado, va a permitir a las Fuerzas de Seguridad accionar con un arma de fuego cuando se consideren amenazados. Los efectivos definirán qué es grave y servirá como causal eximente. Si considera que vos estás cometiendo un hecho cualquiera y él o ella consideren que es grave particularmente, sin mediar la prevención, está autorizado a utilizar su arma”.
- “Asimismo, habilita detenciones sin orden judicial. El personal policial, decidirá si sos o no peligroso. Ese poder, lo podrá usar con vos u otro cuando, a criterio de los uniformados, estés en «fuga de quien represente ese peligro inminente». Criterio que queda sólo en función de quién es fuerza de seguridad. Le va a permitir decir que estabas fugándote y dispararte o disparar a tu hijo, amigo, pareja, vecino o cualquier persona cercana”.
- “La obligación de identificación de cuidado, de guarda y de prevención o asegurar el menor riesgo para la vida de la persona, a partir de hoy no será más necesario cuando consideren que vos representas un peligro inmanente y que te encontrar en situación de fuga”.
Asimismo, el cavallerismo brinda otras precisiones valiosas a la hora de evaluar la nueva reglamentación.
¿Qué es para el Estado Nacional peligro inminente?
- “Cuando la Fuerza de Seguridad evalúe que sos peligroso para vos u otra persona. Si consideran, sin pruebas, que tenés un arma puede disparar aunque luego se compruebe que la misma no es real. Podrán disparar si lo presumen, si sospechan o si les parece.También están autorizados a partir de hoy a usar las armas cuando impidas el cumplimiento del deber”.
- “Considerando que el Estado con este reglamento es responsable por acción de violación de derechos humanos, el que te tiene que proteger tiene habilitado atacarte con armas de fuego expando de argumentaciones y de causas de pruebas”.
- “El decreto vigente viola la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las reglas que en materia de derechos humanos y seguridad democrática el país se comprometió a cumplir. Va en contra de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos y demás tratados Internacionales, así como los Principios Básicos de Naciones Unidas para el uso de la fuerza. La resolución 356/2018 es un avance atroz hacia destruir la reglas democráticas, creando un estado de excepción disfrazado de legalidad en un camino a democracia dura y la muerte recorrerá a la calle”.
- “Este decreto, además, coloca a los y las miembros de la fuerza de seguridad en mayor desprotección ya que independientemente del cumplimento de sus funciones se va encontrar habilitado para, con una simple sospecha, hacer uso de armas de fuego frente a cualquier vecino”.
El documento finaliza con una clara denuncia del PPS: “Consideramos que la medida adoptada es una violación a los derechos humanos que han marcado nuestra historia y por los cuales gritamos «Nunca Más». Al mismo tiempo, denunciamos y solicitamos que se anule el nuevo reglamento. Para ello, iniciamos una campaña de concientización y junta de firmas que respalden la negativa a esta iniciativa del gobierno nacional de cambiemos”.
