Cambiemos largó su campaña 2019, luego del G20, con un oído puesto en el “núcleo duro” y otro en el Evangelio según Bolsonaro. La idea es, como se planteó en Brasil, que la agenda pase lejos de los problemas económicos, estructurales –tarifazos, cierre de fábricas, despidos, desindustrialización, inflación, endeudamiento, dependencia– que afectan al noventa por ciento de la población, donde tiene todo para perder. Y que en cambio el debate público se traslade a ejes en que la oposición tiene más dificultades para articular discurso. Exacerbar los rasgos más autoritarios, la “salida” manodurista, antiderecho, a problemáticas como la seguridad, es lo que se propuso el macrismo esta semana con el protocolo que “legaliza” el gatillo fácil. Y lo que seguirá haciendo a medida que se acerque el calendario electoral.

Las organizaciones de derechos humanos, tanto las nacidas al calor de las banderas de memoria, verdad y justicia como las de familiares de víctimas del gatillo fácil, salieron a responder a la “doctrina Bullrich” –como festeja Durán Barba que la llamen–, de inmediato. Además de repudiar la “invitación” del gobierno a los agentes federales a disparar a discreción, sin apego a la ley y a las normativas que regulan el uso de la fuerza letal, se realizaron presentaciones judiciales en diferentes tribunales del país. Incluso el lunes se hará una en Rosario. Especialistas y colegios de magistrados dejaron en claro que se trata de una medida inconstitucional. Pero el objetivo de Cambiemos ya fue logrado, copar la agenda con “este tema” y desde esa posición, que creen que es lo que garpa.

Lo que periodistas del establishment celebran como recuperación “de la iniciativa” y la “centralidad de la agenda” por parte del macrismo, es sobre todo la alegría de tener otra vez un lugar desde donde defender al gobierno neoliberal, que en todas sus líneas exhibe indicadores negativos para las mayorías populares. Y de someter a la oposición a un debate en el que sus propuestas no son desplegables en treinta segundos, entre otras limitaciones, y en el que están convencidos que la “gente que está harta quiere mano dura”.

El necesario frente político que se debe conformar para frenar el proceso de destrucción nacional que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri, deberá prepararse para enfrentar esta estrategia que Cambiemos y las corporaciones hegemónicas de la comunicación ya están poniendo en marcha, siguiendo la reciente “exitosa” experiencia brasileña.

La problemática de la seguridad no es la más importante según revelan las encuestas, donde aparecen los dilemas económicos derivados del modelo neoliberal como prioridad. Se sabe que la raíz de la criminalidad y la violencia relacionada con ésta tampoco se puede despegar del proyecto de país, que deben abordarse sus causas en un largo plazo, pero también es cierto que el discurso político debe tener respuestas concretas parar esto, como para todo. Ese será también un desafío.

Las policías de las grandes ciudades administran, regulan, patrocinan o se asocian con las economías ilegales. No se puede “trabajar” en industrias como venta de drogas, autopartes, prostitución, juego clandestino o “motochoreo”, por dar algunos ejemplos, sin supervisión, pago de un canon, consentimiento o, en el peor de los casos, el empleo directo de las autoridades uniformadas de una zona determinada.

En ese contexto, los “delincuentes abatidos” por fuerzas de seguridad suelen ser nuevos “cuentapropistas” o “pymes” que se lanzaron a la actividad sin pertenecer a alguna de las bandas ya consolidadas y autorizadas en el territorio, o producto de la ruptura de un arreglo, del cruce de jurisdicciones, de internas policiales, de pibes que se niegan a laburar para la yuta o que simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento preciso. Siempre las víctimas de la violencia institucional son jóvenes de las barriadas populares.

Que “en la policía no hay uno sano” es una afirmación que pertenece nada menos que al Ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. La dijo a una asesora en una conversación telefónica que fue grabada durante una investigación llevada adelante contra uno de los jefes policiales que el funcionario pretendía ascender, y sin saber que su celular estaba pinchado por la Justicia. Pero lo dijo.

Pullaro afirmó en privado, en esa oportunidad, lo que dicen criminólogos en la universidad, o militantes sociales en las barriadas populares, en denuncias que, por otro lado, siempre son denostadas por la propia cartera de Seguridad, que lamentablemente muestra una peligrosa sintonía con la de su par nacional. La salida violenta, con palos y gases, a conflictos como el de República de la Sexta en Rosario, por el cual hubo un militante detenido veintitrés días –recuperó su libertad mientras se escribía esta columna–, es otra muestra de esa lamentable empatía del funcionario radical con Patricia Bullrich.

A esas fuerzas de seguridad, que son parte central del problema, viene a empoderar Cambiemos. A lo que deben sumarse los crecientes casos de gatillo fácil, las represiones, asesinatos de manifestantes y hasta una desaparición acumulados en tres años de gobierno de Macri. Se dijo en repetidas oportunidades en este semanario, y se remarcó en la editorial pasada: para sostenerse este proyecto de hambre, ajuste y entrega de soberanía que deja cada vez a más compatriotas afuera de todo, necesitan reforzar el aparato represivo.

Con “seguridad”, como en todo lo que está discusión por estas horas, nos debatimos entre la vida y la muerte.

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