Andrés Manuel López Obrador prometió una más justa distribución de la riqueza. Anunció una baja en el precio de los combustibles y un aumento del salario mínimo. La pensión de adultos mayores se duplicará. Se otorgarán un millón de pensiones por discapacidad y ayudas sociales a los más necesitados.

“Acepto el reto, no tengo derecho a fallar”. De todas las promesas, anuncios y expresiones de deseo y compromiso que expresó el flamante presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esta frase acaso sintetice la enorme y difícil tarea que deberá cumplir en seis años (su mandato termina en 2022). Encuentra un estado en ruinas, corrupto y al servicio de las corporaciones, un pueblo hambriento (más de 50 millones de pobres), harto de violencias e injusticias, y unas fuerzas de seguridad corrompidas hasta la médula, mezcladas con el narcotráfico, que se resistirán a cualquier cambio.

El paradigma de la mano dura y el gatillo fácil para combatir el narcotráfico y la inseguridad demostró que es contraproducente, y que alienta y multiplica aquello que dice combatir: 200 mil muertos en los últimos seis años, y cada vez más narcotráfico e inseguridad.

A esto hay que sumarle el eterno “problema geográfico”: EEUU, y las brutales políticas de Donald Trump, están allí al acecho, como una caja de Pandora dispuesta a abrirse y echar sobre México todas las calamidades del mundo. La crisis de los migrantes es una emergencia humanitaria que deberá enfrentar ya, por solo mencionar un ejemplo de las muchas urgencias que acosan al nuevo mandatario.

“No inicia un cambio de Gobierno, es un cambio de régimen político. Una transformación política y ordenada, pero al mismo tiempo pacífica y radical”, señaló el mandatario con relación al final de la larga noche neoliberal que devastó la sociedad mexicana.

“Trabajaré 16 horas diarias para dejar, en seis años, avanzada la obra de la transformación y obstaculizar la regresión”, prometió en la ceremonia de asunción.

El nuevo mandatario se comprometió a crear una nueva Guardia Nacional para combatir la inseguridad y la violencia en México. De las fuerzas de seguridad existentes, AMLO solo puede esperar resistencia, corrupción y violencia contra el pueblo.

“A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y la impunidad que impiden el renacimiento de México”, subrayó ante el Congreso, en el que tiene mayoría su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Tras años de hegemonía de la derecha, México vira hacia una centro-izquierda moderada.

“Bajo ninguna circunstancia habré de reelegirme”, dijo el mandatario, al tiempo que prometió ponerle punto final a décadas de hegemonía del poder económico concentrado: el poder público se va a separar del poder económico, señaló, acusó, porque durante décadas se alimentaron mutuamente “y resultó una calamidad para México”.

Entre las muy pesadas herencias que le dejan sus antecesores, y más específicamente Enrique Peña Nieto, deberá hacerse cargo de una deuda de diez billones de pesos.

“El poder político y económico se han nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de la nación”, insistió el flamante mandatario de 65 años, que además anunció que va a someterse a una consulta de revocación dentro de dos años y medio para que el pueblo decida si prosigue su mandato o no.

Señaló que va a otorgar diez millones de becas a estudiantes y crear cien universidades públicas. Además va a aumentar la pensión de adultos mayores al doble y hacer que tengan carácter universal. Otorgará, además, un millón de pensiones por discapacidad, y ayudas sociales a las clases más necesitadas. Todos estos subsidios se implementarán sin intermediarios, para evitar la corrupción y el clientelismo. También prometió aumentar el salario mínimo, que no volverá a fijarse por debajo de la inflación.

En cuanto a la corrupción, señaló que investigarán, “con absoluta libertad” los casos de denunciados. “Que se castigue a los que resulten responsables pero que la presidencia se abstenga de intervenir”, dijo.

Esta nueva etapa, recalcó, “la vamos a iniciar sin perseguir a nadie, porque no apostamos al circo y a la simulación”, aclaró.

“Queremos regenerar de verdad la vida pública de México. Además, siendo honestos, como lo somos, si abrimos expedientes nos limitaremos a buscar chivos expiatorios como se ha hecho siempre”, agregó AMLO, que en este punto viene mostrando sus dos características más significativas: el reformista, por un lado, y el negociador conciliador moderado, por el otro.

AMLO insinuó que quiere promover una amnistía a ex presidentes acusados de corrupción que no tengan procesos judiciales en curso. Se refirió a la necesidad de “mirar de aquí para adelante” y no iniciar una persecución política o guerra judicial (“lawfare”).

Como medidas de austeridad, dispuso vender el avión presidencial y viajar en vuelos regulares, rebajó un 40 por ciento su sueldo y prometió que será castigado cualquier funcionario de su gobierno, o miembro de su familia, que cometa algún acto ilícito.

Y en este punto ya aparecieron las primeras resistencias corporativas, en este caso del Poder Judicial, donde no cayeron bien medidas de austeridad que implican rebajas en los sueldos de los jueces y funcionarios de alto rango.

AMLO dispuso un techo salarial para funcionarios. Ninguno puede cobrar más de 108.000 pesos mensuales, que será lo que cobrará el presidente. Más de dos mil jueces promovieron medidas de amparo junto a otros funcionarios. “Si esto no les parece justo a los funcionarios de la nación, del más alto nivel, de los tres poderes, tienen su derecho a manifestarse. La autoridad competente es quien va a resolver”, contestó AMLO, quien señaló que le parece deshonesto que un funcionario público gane hasta 600 mil pesos mensuales (más de 29 mil dólares) en un país “con tanta pobreza”.

El flamante mandatario señaló que el Estado va a hacer grandes inversiones en proyectos de infraestructuras. Asimismo, habrá inversión social, especialmente en programas para jóvenes trabajadores, estudiantes, y aquellos más necesitados.

Además, señaló que el desafío es lograrlo sin aumentar la gigantesca deuda pública heredada, que no dejó de crecer durante las administraciones neoliberales, y muy especialmente en las últimas dos décadas.

“Nos vamos a convertir en una potencia económica mundial y, sobre todo, en un país modelo que habrá de demostrar al mundo que acabar con la corrupción es posible”, aseguró.

Acudieron a la ceremonia de investidura el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, la hija del presidente Donald Trump, Ivanka, al rey Felipe VI de España y los presidentes de Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Cuba y otros representantes de más de 50 países, incluyendo la vicepresidenta argentina Gabriela Michetti.

Tras el acto de posesión de la investidura presidencial, AMLO se dirigió al Palacio Nacional ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México. Allí, siguiendo la tradición ancestral, recibió el bastón de mando de los pueblos originarios en una ceremonia cargada de simbolismo.

Allí se concentraron cientos de miles de personas. “No nos defraude”, fue una de las frases que más se escucharon durante la histórica movilización popular.

La sociedad civil, que viene luchando en las calles contra la violencia estatal, ya antes de que asumiera le viene exigiendo verdad y justicia. Y pocas horas después de ponerse la banda presidencial comenzaron a llegar las primeras respuestas.

Comisión investigadora por la Masacre de Ayotzinapa

“Espero que pronto conozcamos la verdad, se haga justicia y se ponga un ejemplo para que nunca más se violen derechos humanos en nuestro país”, señaló AMLO ante los padres de los estudiantes desaparecidos que hace cuatro años buscan justicia.

AMLO anunció la creación de una comisión de la verdad para esclarecer la masacre de Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes en 2014 en manos de policías municipales, estatales y bandas de narcotraficantes. El caso fue encubierto por las fuerzas de seguridad y parte del Poder Judicial, y no se hallaron los culpables ni se encontraron a los estudiantes pese a la incansable lucha de la sociedad civil. Es uno de los tantos hechos bochornosos de la gestión de Enrique Peña Nieto. Las actuaciones de su gestión fueron duramente criticadas por el Defensor del Pueblo de México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ONU y otras organizaciones de derechos humanos de ese país y del mundo.

La masacre de Ayotzinapa es apenas un ejemplo de la violencia y la impunidad que padece el pueblo mexicano. En México se aplica a pie juntilla el paradigma de mano dura importado desde EEUU, especialmente en la denominada lucha contra el narcotráfico. Y los resultados son catastróficos. Cada vez más violencia, y más narcotráfico. En 2017 se produjeron 29 mil asesinatos en ese país.

Los seis años de mandato del presidente saliente fueron los más violentos desde 1997 (año en que se comenzaron a elaborar estadísticas de incidencia delictiva). En octubre pasado hubo 2.460 homicidios dolosos ocurridos, según informó el diario mexicano La Jornada en base a un informe de Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación de México.

El acumulado en los últimos seis años en los que gobernó Enrique Peña Nieto es de 122.300 expedientes iniciados por homicidio doloso, de diciembre de 2012 a octubre de 2018. Durante los seis años de mandato del presidente anterior a Peña Nieto, Felipe Calderón, se registraron 101.201 homicidios dolosos.

“Con la firma de este acuerdo iniciamos el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa. Ese fue nuestro compromiso y estamos empezando a cumplir nuestra palabra”, dijo AMLO con relación a la comisión que investigará el caso Ayotzinapa. “Espero que pronto conozcamos la verdad, se haga justicia y se ponga un ejemplo para que nunca más se violen derechos humanos en nuestro país”, agregó. “Todo el gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguro que no habrá impunidad, ni en este caso tan triste ni en ningún otro”, prometió.

Mientras el flamante mandatario firmaba el decreto, los padres de los estudiantes reiteraron una ceremonia que en estos cuatro años tuvo lugar muchas veces, dentro y fuera de México, contaron en voz alta del 1 al 43 y corearon la consigna que más se escuchó en las calles de ese país y del mundo desde el 26 de septiembre de 2014: “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

La comisión estará integrada por los padres de los estudiantes, miembros del gobierno, expertos y técnicos profesionales.

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