Mantené los 2 metros de distanciamiento - Provincia de Santa Fe

 

En otro tarascón al salario, el macrismo fijó tope del 23% para las primeras negociaciones paritarias de 2019, un año electoral, mientras que la inflación estimada es del 27%. La pérdida de poder adquisitivo que sufrió un trabajador en 2018 es de alrededor de 20 puntos.

A tres años de gobierno, Cambiemos cumplió con creces el objetivo político de achicar el poder de compra de los trabajadores argentinos, que supieron tener los niveles salariales más altos de América Latina. Dicho rebaje se tradujo en un estrepitoso derrumbe del consumo popular, con efectos nocivos para el mercado interno. Pese a que 2019 es un año electoral y el macrismo intentará maquillar los pésimos resultados de su gestión, enlazados a su plan económico, el oficialismo anticipó el tope del 23 por ciento que buscará imponer en las primeras negociaciones paritarias del año nuevo, contra una inflación que perspectivas privadas estiman de base en un 27 por ciento (la Municipalidad de Rosario y la Provincia de Santa Fe proyectan en su presupuesto una del 34%). “El salario es un costo”, había dicho Mauricio Macri empresario. El salario se acható con Macri presidente.

A lo largo de 2018, la poda en la capacidad adquisitiva del salario se calcula en alrededor de 20 puntos porcentuales, por la enorme distancia que separa a los aumentos de sueldos de la inflación. Es la caída más abrupta desde 2002. El techo salarial del 23 por ciento para el próximo año que dejó trascender el ministro de Producción y Trabajo Dante Sica, está acorde con la siempre errónea meta de inflación que el gobierno dibuja en el Presupuesto. La mayoría de los sindicatos lograron este año recomposiciones salariales que quedaron lejos de la evolución de los precios. La última medición realizada por el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) registró una inflación anual de poco más del 47 por ciento.

“Los primeros acuerdos salariales del año 2018 establecieron incrementos en torno al 15 por ciento, mientras que en una segunda tanda los aumentos llegaron al 25. En todos los casos resultaron insuficientes frente a la evolución de la inflación, situación que originó sucesivas revisiones que aún hoy no han concluido. En muchos casos, los acuerdos salariales culminaron estableciendo incrementos superiores al 40 por ciento anual, aunque ello no impidió un deterioro de la masa salarial percibida a lo largo del año, en tanto dichos aumentos se harán efectivos con un rezago significativo”, señalaron desde el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.

Foto: Juane Basso

Camioneros, bancarios, petroleros, aceiteros, fueron los gremios que lograron al menos acercarse o superar al altísimo nivel de inflación con el que cerrará 2018, un desborde de precios que, en buena parte, fue consecuencia de la megadevaluación. Desde la asunción de Macri el peso se devaluó 300 por ciento (la cotización del dólar pasó de poco menos de 10 pesos, en diciembre 2015, a los 39 actuales). Sólo este año, la devaluación fue del 100 por ciento, batiendo récord mundial.

En otras ramas gremiales, la inflación desbocada activó la cláusula gatillo y se reabrieron negociaciones salariales aunque fueron solo un parche. En unos de los primeros tests paritarios de 2019, los trabajadores del Ente Provincial del Agua y Saneamiento de Mendoza acordaron un 23 por ciento de aumento con cláusula gatillo. Como contraste, vale destacar, los trabajadores aceiteros, que en su mayoría se desempeñan en grandes empresas agroexportadoras, patearon el tablero y cerraron una paritaria del 75 por ciento para 2019.

Así, pese a la promesa de campaña de Macri de resolver el problema de la inflación de taquito, el año que se va será el más inflacionario desde 1991.

Desde que Mauricio bailó en el balcón de la Casa Rosada, los precios en las góndolas escalaron alrededor del 160 por ciento, de acuerdo a la medición del IET, muy por encima del promedio de los incrementos salariales.

Otro ejemplo de fuerte variación entre salarios y precios lo muestra la evolución de la llamada “inflación supermercado” para la provincia de Santa Fe que superó el 67 por ciento en el acumulado de los últimos 12 meses, según un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), sede Santa Fe.

Si bien el panorama es sombrío, podría haber sido peor. “El tipo de cambio, la variable que impulsó la escalada de precios durante este año, ha tenido una estabilidad durante los meses de octubre y noviembre que contribuyó a contener precios de los productos comercializados en los supermercados de la provincia de Santa Fe. A su vez, la baja en el precio internacional del petróleo contuvo los aumentos esperados en los combustibles, el cual suele tener efecto sobre los precios en góndola”, indicaron desde el Ceso.

“Siguiendo con su plan monetario, el gobierno nacional sigue con altas tasas de interés de referencia (Leliqs al 60 por ciento) para la economía, aunque relativamente más bajas que el mes anterior que llegaron a tener un 74 por ciento de techo, lo que ha mantenido a raya la inflación, pero vía un descenso en la actividad económica”, se señaló en el reporte mencionado arriba.

En tanto, el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac) de Rosario calculó una inflación en noviembre del 5,6 por ciento en comparación con octubre.

La constante pérdida de poder adquisitivo la sufren mucho más los trabajadores de menores ingresos o informales, quienes no tienen la posibilidad de sentarse a discutir salarios en paritarias para no quedar tan rezagados detrás de la suba del costo de vida, situación que manda a cada vez más argentinos a vivir debajo del umbral de la pobreza.

La crisis económica deriva en conflictos sociales. El mercado laboral sufre la destrucción masiva de empleo. Además de los despidos y las suspensiones, muchos de los conflictos en empresas están relacionados con atrasos salariales o la negativa patronal a reabrir paritarias.

Ni el bono para trabajadores del sector privado ni el incremento en dos tramos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que dispuso el gobierno, conseguirán revertir el deterioro salarial que deriva en una marcada contracción del mercado interno y caída de la actividad.

En noviembre, el indicador mensual de consumo que publica la Fundación Germán Abdala anotó una baja del 9,6 por ciento, el retroceso más fuerte en 17 años. Y con el blanqueo del gobierno de volver a morder ingresos el próximo año, en desventaja con la inflación proyectada, difícilmente se vigorice el poder de compra de los salarios.

En los tres años de Cambiemos, la capacidad de compra del bolsillo del laburante y del jubilado se derrumbó. En el caso de las jubilaciones, volvieron al nivel de 2001. Hoy, el haber mínimo que cobra mensualmente un jubilado representa 207 dólares, apenas por encima de los 194 dólares que percibía a comienzos de año 2000 y bastante por debajo de los 373 dólares, en promedio, a los que equivalía una jubilación mínima en 2015, antes de la llegada del experimento amarillo.

Estos datos se desprenden de un diagnóstico sobre la situación social y laboral de la Argentina que elaboró el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) a pedido de La Bancaria. En el documento, que el sindicato que conduce Sergio Palazzo le envió al papa Francisco, también se advirtió sobre la destrucción de empleo privado, principalmente en el sector industrial, desaparición de pequeñas y medianas empresas y aumento de la deuda per cápita que deriva en crecimiento de la pobreza, que –según el IET– este año trepará entre seis y ocho puntos frente a 2017, y así registrará la suba más acentuada desde 2002, a la salida del plan de convertibilidad.

El final de 2018 y el arranque de 2019 entusiasman poco y nada. Familias enteras deberán pasar las fiestas atravesadas por la tristeza de haber perdido el empleo o ver la mesa navideña algo raleada. Para el primer trimestre que viene hay señales preocupantes en cuanto a la creación de nuevos puestos de trabajo, según lo reveló un informe sobre Expectativa Neta de Empleo en Argentina, que elabora siempre para esta fecha la consultora Manpower.

La gestión de Macri, que comenzó a transitar la recta final y que tiene formalmente la posibilidad de reelección, está dispuesta a hacer ajuste sobre ajuste aunque deje un tendal de problemas laborales. La cruda realidad se impone a tanta propaganda oficial, a tanta manipulación informativa, a tanto márketing duranbarbeano. Se viene el verano, los bolsillos transpiran y los números de la economía recesiva del gobierno de los CEOs se ponen al rojo vivo.

Menos gasto” en Santa Fe

El próximo año, el gobierno de la provincia de Santa Fe prevé realizar un ajuste de sus gastos en torno a los 7.187 millones de pesos, según se analizó en un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), que puso la lupa sobre el proyecto de ley de Presupuesto que el pasado 22 de noviembre ingresó a la Legislatura santafesina.

“El gasto provincial aumenta 29 por ciento en términos nominales, menos que a la inflación del 34,8 por ciento proyectada para 2019 (en la provincia). En términos reales se proyecta una caída interanual de 4,2 por ciento del gasto”, indicó el documento del Ceso.

“Si bien el Poder Ejecutivo se ha esforzado por marcar diferencias con el Presupuesto nacional, sus características más repudiadas se encuentran presentes en el provincial: el ajuste del gasto en términos reales y el aumento del endeudamiento externo”, describió el informe.

“Desde 2015 que el resultado financiero de las cuentas públicas provinciales vienen siendo negativo, a pesar de que Santa Fe es la segunda provincia en cuanto a crecimiento de coparticipación desde el año 2015 tras el fallo de la Corte Suprema”, consideró. “Al analizar el gasto por entidad, observamos que el gasto de Ministerio de Economía es el que más crece (80% en términos reales), seguido por Servicio de la Deuda Pública (57%). El gasto más importante del Ministerio de Economía es el Programa Municipal de Inversiones (Promudi) por 7.031 millones de pesos de los cuales 6.031 millones serán financiados por la Corporación Financiera Internacional del grupo Banco Mundial.

Según el proyecto de Presupuesto que elaboró el gobierno del socialista Miguel Lifschitz, la provincia tomará deuda por 8.738 millones de pesos. En la denominada ley de leyes, se solicita la autorización para tomar deuda con la Agencia Francesa de Desarrollo por 100 millones de euros y con el Ministerio del Interior, Obras Pública y Vivienda de la Nación por hasta 70 millones de dólares, para proyectos de inversión en infraestructura. Se recibirá 1.417 millones del Fondo Abu Dhabi. El Ministerio de Infraestructura y Transporte dispondrá de 121 millones de pesos provenientes del Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe.

“Mientras que tanto la inversión real directa como las transferencias de capital han disminuido su participación en el gasto, la inversión financiera triplicó su participación. En cuanto al personal, se observa 6.590 cargos menos que lo presupuestado para el corriente ejercicio. Para la confección del Presupuesto se tomaron las mismas proyecciones macroeconómicas del gobierno nacional, que son muy optimistas. Si estas proyecciones no se cumplen, los aumentos de recursos pueden ser menores a los esperados”, advirtieron desde el Ceso.

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