En la sesión del pasado jueves, el Concejo aprobó una iniciativa del edil Osvaldo Miatello que establece límites para quienes quieran ser proveedores del municipio. “El objetivo es mejorar la transparencia”, indicó el autor.
No podrán contratar con el Estado municipal quienes estén procesados por delitos contra la propiedad, contra la fe pública o por aquellos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
El proyecto –aprobado por unanimidad– establece que no podrán contratar con la municipalidad de Rosario las empresas en las cuales, agentes y/o funcionarios del sector público municipal tuvieran una participación suficiente para formar la voluntad social; los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena; y, fundamentalmente, “las personas que se encontrasen procesadas por auto firme o auto de apertura a juicio por delito contra la propiedad, contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción”.
Entre los fundamentos de la propuesta del integrante del bloque Compromiso por Rosario-PJ –acompañada por el concejal Pablo Javkin, de Coalición Cívica-ARI– se sostiene que es necesario avanzar en regulaciones locales que permitan transparentar el proceso licitatorio, propiciando que les sea vedada la posibilidad de contratar con el Estado municipal a aquellas empresas vinculadas con actos de corrupción.
