El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba se pronunció este martes después de seis años y confirmó la vigencia del protocolo para la atención de abortos no punibles en los hospitales provinciales. En el año 2012, la fundación ultracatólica Portal de Belén interpuso un amparo en la provincia para que no se cumpla el protocolo. La Cámara de Apelaciones en lo Civil dio lugar a la presentación y dictó una cautelar para suspender su aplicación en todos los hospitales provinciales. Desde hoy, la realidad es otra para las personas gestantes en Córdoba y todos los centros de salud públicos cordobeses están obligados a garantizar el derecho al aborto legal sin necesidad de una denuncia penal ni de la autorización de un juez.

 

 

El fallo de la Justicia se esperó con ansias en la puerta de los Tribunales. A las doce del mediodía se convocó a un pañuelazo y se advirtió: no se suspende ni por lluvia. «Esperamos que la justicia garantice el derecho a decidir de mujeres y personas gestantes en Córdoba», señalaban las convocatorias. Esta vez, el poder judicial tardó seis años pero estuvo a la altura de las circunstancias y determinó la validez de la Guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible.

El aborto es legal en Argentina por dos causales: por violación o cuando está en riesgo la salud o la vida de la persona gestante. Desde 2012, y tras el fallo FAL, todos los los centros de salud públicos están obligados a garantizar el derecho al aborto legal sin necesidad de una denuncia penal ni de la autorización de un juez.

En Córdoba, sin embargo, el acceso a ese derecho estuvo frenado por seis años. Y es que apenas sancionada la guía de procedimiento para el aborto no punible, la fundación Portal de Belén interpuso un amparo y la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la provincia declaró la inconstitucionalidad del protocolo. Su aplicación estuvo suspendida hasta este martes 18 de diciembre. Los jueces del Tribunal Superior cordobés determinaron la validez del protocolo en un fallo dividido de cuatro votos contra tres.

 

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